Balbarrey no admite que el Concejo lo investigue

De la redacción de El Litoral

El intendente Martín Balbarrey observó íntegramente el decreto Nº 441/07 del Concejo Municipal que aprobó la conformación de una comisión que investigue el accionar del Ejecutivo durante las últimas inundaciones, por ``violentar los artículos 14º, 18º y 19º de la Constitución Nacional''. La medida motivó el enojo de los ediles que la impulsaron y aprobaron el 20 de abril pasado, quienes adelantaron que, de todos modos, avanzarán en su formación.

A lo largo de cinco carillas, Balbarrey describe los argumentos jurídicos en que basa las observaciones al decreto, encontrando sustento en bibliografía especializada en Derecho Constitucional, en la Ley Orgánica de Municipios y Comunas, en la misma Constitución Nacional, y en las expresiones vertidas por los concejales durante la sesión del viernes pasado.

El principal argumento que utiliza para evitar ser investigado por el cuerpo legislativo es que está "viciado de prejuzgamiento". "En los días previos a la votación ... y aún al momento de votarla, varios de los concejales que impulsaron el proyecto manifestaron _tanto en el recinto como fuera de él- quien debería resultar imputado, anticipando las conclusiones, como así también que utilización le darían, antes de siquiera comenzar la etapa investigativa", se lee en los considerandos.

"Inaceptable" y "aberrante"

Las opiniones de los ediles que aprobaron el decreto son similares y todos coinciden en que la conformación de la comisión debería continuar su curso, cumplimentando los pasos previstos.

Para el concejal de UCR Encuentro Jorge Henn, el veto constituye "un hecho jurídicamente aberrante propio de quien tiene algo que esconder".

Afirmó que el Concejo "tiene funciones de control que el intendente no puede desconocer y que no son susceptibles de ser vetadas, como sí pueden serlo las normas legislativas. Lo que no puede hacer es decirle al Concejo cómo debe llevar adelante sus funciones relacionadas con el control político porque pone a las instituciones de la ciudad al borde del quiebre político. Y lo hace desde la ilegitimidad absoluta ya que la actitud manifestada a través del rechazo planteado denota una preocupación que da aún mayor fundamento al accionar del Concejo, ya que quien nada esconde, no debe tener miedo a que se lo investigue".

Dice además que se "avanza sobre atribuciones que son privativas del Concejo, alegando 'prejuzgamiento' pese a que aún no hay ni dictamen, ni miembros definidos. En este sentido el pseudo veto no posee para nosotros ningún efecto jurídico y el Concejo deberá avanzar en la conformación de la Comisión Investigadora, en función de atribuciones legalmente conferidas (Art. 39 Ley 2756) buscando desentrañar la verdad de hechos que afligieron a toda la sociedad hace poco tiempo".

Aunque el veto no lo sorprendió, Leonardo Simoniello calificó la actitud de Balbarrey como "improcedente y merece el rechazo automático porque vulnera las facultades propias del cuerpo que están consagradas tanto en la Ley Orgánica de Municipios como en el propio reglamento interno".

En su opinión sólo se trata de "una medida dilatoria que busca que la resolución pase por otros organismos, como la justicia".

Aunque considera que de todos modos debería constituirse, advierte que "podemos entrar en un conflicto de poderes porque si no es voluntad de Balbarrey ser investigado, el accionar de la comisión evidentemente se va a ver limitado".

Por su parte, Marta Fassino dijo que el mandatario "está usando la misma metodología que cuando sancionamos la interpelación. Desde el punto de vista legislativo corresponde que nosotros rechacemos el intento de veto por improcedente y porque la ley a él lo autoriza a vetar cualquier ordenanza o resolución del concejo cuando es ilegal y el decreto se ajusta totalmente a la ley y a las ordenanzas". Opinó además que "los fundamentos del decreto se basan en una impugnación de tipo jurídica como si fuéramos del ámbito de la justicia ordinaria. Si esto fuera un juicio ordinario y yo fuese un juez si se estaría prejuzgando y estaríamos invalidados, pero esto es un juicio de tipo político y corresponde a la naturaleza de nuestra función, que es investigar y controlar al ejecutivo, además de hacer las leyes".

En coincidencia, Marcelo Ferreira, de Santa Fe es el Centro aseguró que "el veto no se puede tratar porque por la Ley Orgánica el intendente no puede vetar un decreto, que es facultad del concejo. Por lo tanto, vamos a votar la conformación de la comisión, a hacer el reglamento interno y decidir los días de reunión. La comisión sigue en funcionamiento".

La representante del ARI, Noelia de Chiementín, decidió auto excluirse de conformar la comisión "porque soy candidata". De todos modos opinó que "es absolutamente inaceptable porque es una una tarea de investigación que quiere realizar el cuerpo y el veto no corresponde bajo ningún punto de vista". Informó que aportará a la investigación el testimonio de maestros y directores de escuelas que estuvieron en centros de evacuados y "acudieron a mi cuando todo se demoraba, no había seguridad y la comida llegaba tarde".

El oficialismo

La concejal oficialista Liana Moragues defendió la decisión del Jefe de la ciudad. "De hecho que el intendente puede vetar un decreto del Concejo, y así está expresado en el cap. 4, art. 41, inc. 6 de la ley Orgánica de Municipios Nº 2756: ``El intendente puede observar total y parcialmente las ordenanzas, decretos y resoluciones que considere ilegales".

"Creo que esta comisión es ilegal porque vulnera de modo fragante principios constitucionales de superior jerarquía. Por ejemplo en el art. 4 del decreto que votó el Concejo ellos dicen (por los opositores) que `la comisión deberá constituirse en un término no mayor de 3 días, ajustando su funcionamiento a las normas de procedimiento que se dicten', o sea que también van a estar definiendo procedimientos por decreto, lo cual corresponde a la legislatura. Hay mucha inconstitucionalidad en todo lo que han presentado"