Con Ley de Emergencia, Aguas Santafesinas quita un importante premio a sus empleados

La empresa estatal Aguas Santafesinas SA ha dispuesto no pagar un suplemento extra, una suerte de retribución especial por eficiencia, que para cada empleado se estima de entre $ 2,8 a 3 millones en 2024. El sueldo inicial de un trabajador sanitarista en la categoría más baja es de unos $ 800 mil de bolsillo, por lo que será alto el impacto de la medida y se espera alguna reacción gremial.

De esa cifra anual prevista en el convenio colectivo de trabajo, ya se pagó en abril la primera de tres cuotas, por el 40% de la suma anual. Pero ahora la compañía cuyas acciones están en poder del Estado provincial ha tomado la decisión de no abonar el resto, porque sostiene que cuenta con un marco legal que le permite tomar esa decisión. Y porque la empresa está aún lejos de ser eficiente.

La Ley que declara la emergencia en Aguas no menciona las relaciones laborales, el Convenio Colectivo de Trabajo o la situación de los empleados, pero abunda en libertades para tomar medidas tarifarias y de gestión empresaria interna ante la crítica situación de la prestadora del servicio de agua potable y cloacas en 15 ciudades que además gestiona el sistema de grandes acueductos (con el que abastece a otros prestadores).

Panorama

Sobre un dato coinciden todos los involucrados en el tema, en los contactos oficiales y extraoficiales con la prensa: en diciembre de 2023, cuando se inició la actual gestión de Aguas el déficit entre ingresos y gastos era tan grande que el Tesoro provincial debía hacerse cargo de más del 85% de los números en rojo, con fondos de todos los santafesinos, tengan o no agua y cloacas a cargo de Assa. El otro aspecto que tampoco admite discusiones es que el desorden, la falta de controles y el despilfarro eran insostenibles.

A fines de junio se sancionó la Ley de Emergencia sobre el sector del saneamiento y para los primeros días de julio la norma ya había sido promulgada bajo el número 14.272. Con ese paraguas legal el directorio encabezado por Anahí Rodríguez entiende que por razones de "equidad" no corresponde el pago de ese bono especial, cuya historia -como se verá más adelante- es también interesante.

Aguas calcula que el pago total de bono por eficiencia implica unos $ 5.100 millones. Y que al no abonar la cuota de octubre y otra de fin de año podrá ahorrarse aproximadamente $ 2.500 millones. Pero esa es solo una de otras medidas para mejorar las cuentas internas. Y acaso la que más pesará ante la opinión pública, ya que no abundan asalariados que cuenten con derechos adquiridos con pagos extraordinarios de esa magnitud (sólo en otras corporaciones de servicios públicos). La batalla judicial que podría iniciarse si los gremios eligen ese camino, además de eventuales medidas de fuerza, promete más interés público.

$ 20 mil millones

La conducción de la empresa, como ya informara El Litoral, redujo gastos internos por 20 mil millones de pesos en estos 9 meses, una cifra que parecía inverosímil en el directorio en diciembre pasado. Se tomaron medidas elementales, como el control del ausentismo, de las horas extras (hay casos que superan las 24 horas diarias), la baja de líneas telefónicas gratuitas masificadas a partir de la pandemia, la contabilidad ajustada de gastos de combustible, de los autos de la flota oficial para uso particular y de la baja de contratos con tercerizadas.

Ahora se sabe que, curiosamente, ese ahorro (o recorte del gasto sin afectar el funcionamiento de las prestaciones) es idéntico al monto que pagaron el conjunto de los usuarios por los aumentos de las tarifas, que se ajustaron en nada menos que un 450% en igual período. El directorio opina que para llegar a una actualización completa de las boletas que reflejen los costos del servicio (y bajar el aporte del estado a un presentable 15 ó 20% en 2025) resta alguna suba más, pero eso está descartado al menos hasta fin de año.

De aquí en adelante, será el turno de poner en marcha una reforma tarifaria compleja que, entre otros cambios, cobrará el servicio según un esquema de zonificación por valor de los inmuebles y por el uso domiciliario-residencial, comercial o industrial del agua. Se hará por decreto, también bajo el paraguas de la Ley de Emergencia. Una reciente audiencia pública realizada en la Legislatura expuso esos planes.

Un poco de historia

"Mayor bono ante un mayor déficit operativo". A esa contradicción se resume la historia del premio especial obtenido por los trabajadores de obras sanitarias en Aguas Santafesinas en los últimos años. Hoy es ciertamente absurdo de que se pague un premio por eficiencia en una empresa que no logra cubrir ni el 80% de sus gastos de funcionamiento sin ayuda estatal. Sin embargo, existe una explicación para que esa asignación se haya creado. Obviamente, no para su aumento exponencial en los últimos años.

La concesión de la ex Dipos creó Aguas Provinciales SA en 1994. La privatización que ganaron inversores franceses contempló premios y un programa de propiedad participada para los trabajadores que según los privatizadores del justicialismo en los '90 iban a recibir en forma de acciones. No sucedió.

Durante la Convertibilidad, la paralización de las metas (y los aumentos tarifarios) del contrato de concesión también dejó sin aquellos beneficios a los empleados. Por eso, en una declaración pública de estas horas del secretario general de los sanitaristas de Rosario, Oscar Barrionuevo, habla del pago extra como de una "bonificación por indemnización de acciones de la superada gestión privatizada". No usa la palabra "eficiencia", ni premio, sino "indemnización".

La suma en cuestión se fijó en 2006 en una negociación del Convenio entre el sector gremial y el segundo gobierno de Jorge Obeid, a quien le tocó llevar adelante la re estatización del servicio ante el fracaso de la privatización. (Los por entonces dueños de Apsf iniciaron un juicio internacional ante el Ciadi que forma parte de los pasivos argentinos producto de aquellas operaciones, lo mismo que sucedió con Aguas Argentinas SA, hoy Aysa).

Luego, en 2011, ya con el Frente Progresista en el gobierno, a Hermes Binner y sus funcionarios les correspondió negociar una manera de evaluar el desempeño personal de cada trabajador para establecer si era o no merecedor de ese suplemento, que estaba asociado a un pago extra similar a un salario de las categorías más bajas. Allí apareció el concepto de eficiencia. Pero según se explica internamente nunca se logró aplicar: prácticamente nadie se quedó sin el bono.

El aislamiento y la corporación

Acaso empujado por las condiciones especiales que creó la pandemia, donde se generalizaron por ejemplo la compra de teléfonos celulares y el pago de las líneas a buena parte de los empleados (durante el aislamiento) y se relajó al extremo el control de los vehículos, pagos por horas extras y se relajó el ausentismo (todas deformaciones que llevaban décadas pero entonces se acentuaron) se reajustó también el valor de la bonificación para mejorar los salarios.

Así, en 2021, durante el gobierno provincial anterior, se pasó de aquella categoría testigo a otra más alta, que ahora da los valores arriba apuntados mediante otra negociación con los gremios. Ahora es el turno de una gestión que viene a poner en caja esos pagos. La discusión legal y seguramente ante la justicia será si integran o no el salario.

Una ley votada solo por el oficialismo

A mediados de este año, se aprobó solo con votos del oficialismo la Ley de Emergencia en el Servicio Público de Agua Potable, Desagües y Saneamiento, a la que hoy acude el Directorio de Aguas Santafesinas para no pagar el artículo 31 del Convenio Colectivo de Trabajo. Salvo el diputado provincial Juan José Piedrabuena, electo por el justicialismo, quien luego formó su propio bloque unipersonal (Del Barrio para la Gente), que también levantó su mano con radicales, socialistas, no hubo votos por fuera de los partidos que componen la coalición de gobierno. La de Aguas no fue una emergencia más.

La norma fue votada por unanimidad en el Senado, porque solo se registraron expresiones afirmativas de Unidos para Cambiar Santa Fe, ya que los justicialistas en minoría se abstuvieron. Argumentaron que la velocidad con que se produjo precipitó el tratamiento les impedía hacer propuestas y debatir el mensaje del Ejecutivo. En Diputados, en tanto, fueron 28 votos afirmativos del oficialismo (más Piedrabuena) por sobre 18 negativos del arco opositor, desde el justicialismo y Somos vida hasta la izquierda. Hubo una abstención de Juan Argañaraz (Inspirar).

La emergencia se extiende hasta el 31 de diciembre de este año y es prorrogable por el Poder Ejecutivo Provincial por otro año más. Pero es probable que para entonces ya haya cambiado el contrato de vinculación provisorio del concesionario (lo que une a ASSA, una sociedad anónima, con el Estado) y el Marco Regulatorio previsto por la Ley 11.220.