Acuerdo de reparación: dueños de una financiera ilegal entregaron insumos médicos y se cerró la causa

A instancias de la Sede Fiscal Descentralizada, los administradores de una financiera que operaba en Venado Tuerto en la compraventa de divisas sin habilitación del Banco Central (BCRA) acordaron entregar equipamiento médico valuado en 30 millones de pesos a los centros de salud municipales, en el marco de un acuerdo de suspensión del juicio a prueba que fue homologado por el juez federal de garantías Aurelio Cuello Murúa.

La suspensión del proceso a prueba se dispuso por el plazo de dos años y además se les impuso a las personas imputadas -entre otras obligaciones durante ese lapso- abstenerse de ofrecer servicios de compraventa de moneda extranjera y préstamos personales.

La entrega de los bienes ya se hizo efectiva e incluyó equipos de electrocardiograma, desfibriladores y balanzas pediátricas.

El legajo se inició en junio de 2024 a instancias del fiscal federal Javier Arzubi Calvo. A partir de un robo ocurrido a fines de ese mes en una vivienda ubicada en la calle Cabral 4 de esa ciudad, ordenó iniciar una investigación de oficio con el objeto de corroborar si allí se realizaban maniobras de intermediación financiera no autorizada.

En esa oportunidad, los asaltantes se alzaron con una suma cercana a los 3,5 millones de pesos y 3.500 dólares, además de teléfonos celulares. Las víctimas, luego imputados, fueron identificados como Edgardo U. y Marcela G.

Tras una serie de medidas, allanamientos y consultas con el BCRA, se estableció que en el lugar se realizaban operaciones de cambio de divisas sin autorización. En efecto, en el domicilio se hallaron máquinas de contar dinero, celulares, computadoras y documentación.

Acuerdo

Una vez que avanzó la pesquisa y se determinaron las circunstancias de los hechos, el 12 de junio de 2025 el fiscal, Federico Reynares Solari y la fiscal coadyuvante Daniela Ghiorzi formalizaron la investigación a los propietarios de la vivienda por realizar intermediación financiera sin autorización legal.

En enero de este año, los representantes del Ministerio Público Fiscal alcanzaron un acuerdo con los imputados y su defensa particular para la suspensión del proceso a prueba, alternativa que el Código Procesal Penal Federal (CPPF) contempla para la resolución de casos como este.

Tras habilitar los plazos procesales suspendidos por la feria judicial, el acuerdo fue homologado por el juez Cuello Murúa en una audiencia celebrada el 15 de enero pasado, de la que participaron, además de las partes, funcionarios de la Municipalidad de Venado Tuerto como beneficiarios de la entrega del equipamiento.

Como parte del acuerdo, ambos imputados debieron aportar 15 millones de pesos cada uno en equipamiento médico, lo que totalizó una donación de 30 millones de pesos al área de salud municipal, "equivalentes al perjuicio ocasionado al sistema económico y financiero".