Preocupación de un juez por la escasa profundidad de las investigaciones por microtráfico

El juez penal José Luis García Troiano rechazó el pedido de prisión preventiva para una pareja imputada por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y dispuso su libertad bajo condiciones, en una audiencia realizada este viernes por la mañana en los tribunales de Santa Fe.

El magistrado cuestionó la solidez de la investigación y sostuvo que, por el momento, las evidencias permiten atribuirles la tenencia de cocaína, pero no acreditar que estuviera destinada a la venta.

“La investigación debe acreditar los fines de comercialización o indicios que establezcan que, más allá de la cantidad que se secuestró per se, se puede acreditar el destino de negociación”, planteó García Troiano. Luego fue más categórico: “Creo que la calificación que hoy está acreditada es la tenencia, no la comercialización”.

La resolución alcanzó a Damián Oscar N. y Carina Guadalupe G., de 24 y 25 años, respectivamente, quienes recuperarán la libertad una vez que acrediten un domicilio alejado del lugar donde fueron detenidos y cumplan reglas de conducta.

La acusación estuvo a cargo de la fiscal del equipo de Microtráfico del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Luciana Escobar Cello, mientras que la defensa fue ejercida por el abogado Héctor Acuña.

Allanamiento en zona norte

Según la fiscalía, la investigación comenzó el 17 de septiembre, cuando la División Microtráfico de la PDI inició tareas sobre dos viviendas ubicadas en Formosa al 7200, entre Los Negruchos y Bartolomé de las Casas, en el norte de la capital provincial.

La pesquisa se originó en información aportada por vecinos que, por temor, prefirieron no revelar sus identidades y señalaron que en esos inmuebles se comercializaban estupefacientes.

Escobar Cello sostuvo que las tareas de observación permitieron advertir maniobras compatibles con la venta de drogas. Uno de los domicilios era habitado por la pareja y sus dos hijos, de uno y cinco años.

El allanamiento se concretó el 9 de octubre. En una vivienda con rejas blancas, los investigadores secuestraron 125 gramos de cocaína distribuidos en 326 envoltorios de papel satinado, $351.000 en efectivo y cuatro teléfonos celulares.

Durante la audiencia, la fiscal solicitó la prisión preventiva para ambos imputados, aunque manifestó que no se opondría a una modalidad domiciliaria para la mujer, en atención a su condición de madre de niños pequeños.

Respuesta de la defensa

Acuña rechazó el planteo fiscal y centró su argumentación en la diferencia entre la tenencia de estupefacientes y la posesión con fines de comercialización. “No discutimos la cantidad, pero la cantidad no puede validar por sí sola la comercialización”, sostuvo.

El defensor criticó que, después de un mes de investigación, uno de los elementos reunidos fuera una fotografía en la que, según describió, una persona “posiblemente manipula estupefaciente”. También remarcó que no se había acreditado ninguna operación de compra o intercambio.

“Había tenencia, sí, pero no hay balanzas ni armas que acrediten el comercio”, señaló. Además, cuestionó que hubieran transcurrido siete días desde los allanamientos sin que se ampliaran las declaraciones de los testigos para respaldar la hipótesis acusatoria.

“No está acreditada la compra ni el pasamano”, insistió. Para la defensa, tampoco existían elementos suficientes para sostener la existencia de peligros procesales que justificaran la detención cautelar.

El propio imputado pidió la palabra y dijo que la pareja se había mudado al lugar durante la primavera. Aseguró que había tenido distintos trabajos y que en ese momento se desempeñaba como peón de albañil en un barrio cerrado de la zona.

También se hizo cargo de 26 envoltorios de cocaína, pero atribuyó los restantes a un hombre al que identificó como “Javi”, del Mercado de Productores. Según su versión, esa persona le pidió que guardara la droga porque se sentía perseguida.

“Cada vez más escuetas”

Al fundamentar su decisión, García Troiano advirtió sobre lo que considera una debilidad recurrente en las pesquisas por microtráfico. “Me preocupa mucho que desde que empezó la provincia a intervenir por la ley de microtráfico, las investigaciones son cada vez más escuetas”, expresó.

El juez señaló que debe surgir con claridad la diferencia entre la tenencia y la tenencia con fines de comercialización. También indicó que había personas mencionadas como posibles testigos que todavía no estaban individualizadas.

Aunque reconoció que el comercio de estupefacientes constituye “un flagelo social”, consideró que no estaban acreditados los riesgos procesales. Tuvo en cuenta que ambos imputados tienen hijos pequeños y que el dinero secuestrado no representaba, a su criterio, una suma que les permitiera darse a la fuga.

“Entiendo que las alternativas propuestas por la defensa van a ser suficientes para garantizar el proceso”, afirmó antes de rechazar la prisión preventiva y disponer la libertad con condiciones.

9 detenidos en 6 allanamientos

El procedimiento se inscribió en un operativo más amplio realizado en distintos sectores de la ciudad de Santa Fe. Según informó la Policía de Investigaciones (PDI), el 9 de octubre se concretaron seis allanamientos que terminaron con nueve personas detenidas, dos mujeres y siete hombres.

En el conjunto de los procedimientos se incautaron 271 gramos de cocaína, 41,4 gramos de marihuana, $589.100 en efectivo, 26 teléfonos celulares, una balanza de precisión, una planta de cannabis, una notebook, una cámara de videovigilancia y cuatro cartuchos calibre 28, entre otros elementos.

La investigación se inició a partir de tareas de análisis criminal del equipo de Microtráfico de la Fiscalía General y forma parte de los objetivos priorizados por el MPA en su Plan de Persecución Penal.