El ahorro de la motosierra entró en debate por un Estado que ya recortó 77 mil puestos

El Estado nacional acumula 33 meses consecutivos de reducción de personal, que el gobierno de Javier Milei presenta como parte de una transformación estructural de la administración pública, pero cuyos resultados siguen siendo motivo de controversia.

El informe sobre dotación de personal publicado este viernes por el INDEC registró 266.205 personas en septiembre de 2026, con una caída del 6,1% interanual y del 0,8% respecto de agosto. De acuerdo con la serie histórica del organismo, en noviembre de 2023, último mes completo anterior a la asunción de Milei, la dotación alcanzaba las 343.357 personas, lo que arroja una diferencia de 77.152 puestos.

Si se toma diciembre de 2023 como referencia, el primer mes de la gestión libertaria, la reducción es equivalente al 22%. Ambas comparaciones muestran la magnitud del proceso, que tuvo su mayor intensidad durante 2024, pero continuó durante 2025 y los primeros nueve meses de 2026, período en el que se contabilizaron otras 13.833 bajas netas.

Esta tendencia adquiere otra dimensión a partir de las explicaciones que ofrecieron el último martes los secretarios Transformación del Estado, Maximiliano Fariña, y de Desregulación, Alejandro Cacace, ante la Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados, durante el tratamiento del proyecto de Presupuesto 2027.

"Tenemos, después de tres años, un Estado que es mucho más chico de lo que recibimos en diciembre de 2023. Con menos ministerios, menos cargos, menos organismos y 81.000 empleados públicos menos", sostuvo Fariña. El funcionario utilizó las estadísticas del Ministerio de Desregulación, cuya diferencia con el INDEC responde a universos de medición distintos, ya que incorpora personal militar y de seguridad que no forma parte del relevamiento del organismo estadístico nacional.

Durante la exposición, Fariña indicó que el recorte todavía no terminó. Detalló que ya más de 6.254 personas se adhirieron a programas de retiros voluntarios y que esta semana se anunció un nuevo programa de retiros para la administración central.

"Lo que estamos haciendo es lo contrario: un Estado más chico y más eficiente", sentenció al finalizar la presentación. Los datos corroboran la primera afirmación. La segunda formó parte del intercambio con los legisladores de la oposición por las funciones que el Estado conserva, modifica o deja de desempeñar.

El Estado redefinido desde adentro

Ante los legisladores, el secretario afirmó que desde la cartera que comanda Federico Sturzenegger "no solamente estamos teniendo un Estado más chico, sino que también estamos redefiniendo el rol del Estado y cuál es su funcionamiento". Explicó que la revisión de los organismos no se limita a la cantidad de trabajadores o cargos jerárquicos: "Si hay funciones que son duplicadas porque están replicadas en diferentes áreas del Estado, se eliminan. Si son funciones que en realidad le corresponden a las provincias o a los municipios, también se eliminan". Y agregó: "Si son funciones que creemos que las debe desempeñar el sector privado, también se eliminan".

La presentación volvió a poner de manifiesto uno de los aspectos centrales de la política de Javier Milei simbolizada con una motosierra: la reducción de personal es a la vez que una herramienta para disminuir el gasto, una modificación desde adentro de las funciones que el Ejecutivo considera que el Estado debe cumplir para con sus ciudadanos.

Según detalló Fariña, desde diciembre de 2023 las autoridades superiores pasaron de 307 a 192, los cargos de alta dirección disminuyeron de 2.476 a 1.994 y la cantidad de organismos estatales bajó de 117 a 91. Aseguró, además, que los cambios permitieron reducir estructuras que consideraban innecesarias y afirmó que "cada uno de los ahorros que estamos generando tiene su permanencia".

En números, la evolución del empleo estatal confirma el achicamiento, aunque no permite establecer por sí sola si las funciones eliminadas eran redundantes, si las prestaciones se mantienen mediante otros mecanismos o si determinadas necesidades dejaron de recibir respuesta.

"Valemos por el ahorro generado"

"Lo que nosotros hicimos con esta reducción de empleados, es un ahorro estimado no solamente en salarios, sino también en edificios, en diferentes elementos, casi de 3.000 millones de dólares anuales", aseguró Fariña, destacando la reducción de la presión impositiva. La estimación está basada en un informe del Ministerio de Desregulación que considera que el costo de cada empleado duplica su remuneración y, por lo tanto, multiplica por dos el ahorro salarial.

Luego, Cacace profundizó en el sentido económico de las reformas al afirmar que su ministerio vale "por los ahorros que generamos". Y agregó que los beneficios comprenden tanto el funcionamiento del Estado como los costos de los trámites y las obligaciones que deben afrontar ciudadanos y empresas.

En ese punto, Cacace también recordó la sanción de la ley Bases, que “sentó los fundamentos de la transformación de la República Argentina”. “A veces olvidamos el impacto que tiene. A veces olvidamos el impacto que tienen pequeñas reglas que se cambian y que han transformado la estructura de la economía argentina”, sintetizó el Secretario de Desregulación.

Fariña puso como ejemplo de los resultados de la modernización la automatización para validar el cobro de la Asignación Universal por Hijo (AUH), que, según explicó, permitiría evitar alrededor de 1,2 millones de trámites anuales y ahorrarles tiempo y dinero a las familias. En ese sentido, anunció que el Gobierno avanza en la unificación de más de 150 sistemas administrativos y de liquidación de haberes.

Cuestionamientos por sesgos y funciones

"Yo creo en un Estado que construya eficiencia, pero para devolverle a la ciudadanía mejores condiciones de vida", contrapuso la diputada Victoria Tolosa Paz durante el debate. Cuestionó, además, que la búsqueda de eficiencia pudiera quedar condicionada por "un sesgo ideológico" y reclamó evaluar "para qué tomamos las medidas que tomamos, si van a afectar o perjudicar al conjunto de la población argentina".

Uno de los intercambios más directos se produjo alrededor de Vialidad Nacional. Fariña sostuvo que la reestructuración permitió reducir de 1.543 a 176 los cargos jerárquicos del organismo, aunque se trata de posiciones de conducción y no de la cantidad total de trabajadores.

El diputado puntano Ernesto Alí cuestionó el criterio empleado para medir los resultados. "No se trata de echar funcionarios, sino que Vialidad se trata de hacer rutas", manifestó. Y agregó: "Tenemos que tapar baches".

Fariña respondió que el Gobierno pretende mejorar la red vial mediante un esquema que combina concesiones privadas con tareas de mantenimiento y control a cargo del organismo nacional. "Nosotros creemos que hay que mejorar el estado de las rutas. Podemos tener una visión de quién creemos que lo va a hacer de mejor forma, si el Estado o un privado", sostuvo.

La discusión expuso una diferencia sustancial entre los indicadores utilizados para evaluar la reforma. Mientras el Ejecutivo destaca la eliminación de estructuras y sus costos, los cuestionamientos apuntan al estado de la infraestructura y a las prestaciones que deben recibir sus usuarios.

Organismos en el próximo presupuesto

El informe del INDEC también permite dimensionar el ajuste en instituciones vinculadas con el desarrollo productivo, la investigación y la infraestructura. Entre diciembre de 2023 y septiembre de 2026, el CONICET pasó de 27.760 a 24.795 personas; el INTA, de 6.825 a 4.960; el INTI, de 3.120 a 2.227; y Vialidad Nacional, de 5.703 a 4.165 trabajadores.

El Presupuesto 2027 contempla nuevas modificaciones en el financiamiento de estos organismos. Diputados de la oposición apuntaron contra el artículo 21 del proyecto, que propone eliminar asignaciones específicas vinculadas con las importaciones para el INTA, el INTI y el SENASA.

"Para nosotros, el presupuesto de un organismo tiene que ser lo que se ha votado por el Congreso, en relación a las metas y a las necesidades de ese organismo, no atado a un indicador que es externo", defendió Fariña, al cuestionar que el financiamiento dependa de indicadores como el valor de las importaciones.

En el caso del INTI, el secretario argumentó que determinadas certificaciones podían ser reemplazadas, y sostuvo que existían trámites que demoraban innecesariamente la actividad de las empresas. Desde la oposición se plantearon interrogantes sobre la disponibilidad de alternativas y las consecuencias de reducir capacidades técnicas del Estado.

Las planillas del Presupuesto 2027 indican para el INTA actividades previstas que pasarían de 3.000 en 2026 a 1.500 en 2027, mientras que las consultas atendidas a productores y otros actores del sector agropecuario bajarían de 4.933 a 3.074. Son metas proyectadas, no resultados ya ejecutados, pero muestran que la discusión alcanza el volumen de prestaciones previsto por el Gobierno para el próximo ejercicio.