La cantidad de personas que dependen exclusivamente del sistema público de salud aumentó en 726.000 durante el último año en los 31 aglomerados urbanos relevados por el INDEC.
Condiciones de vida
El INDEC registró que cada vez más argentinos dependen exclusivamente de la salud pública
La proporción de habitantes sin obra social, prepaga u otra cobertura adicional pasó del 33,3% al 35,5% en un año. El deterioro fue más pronunciado entre niños y adolescentes.
El dato surge del informe Indicadores de condiciones de vida de los hogares, publicado este miércoles, que revela un deterioro de la cobertura sanitaria adicional al sistema público, particularmente entre niños y adolescentes, y se suma a otros indicadores sobre las condiciones sociales y económicas de la población.
Según la EPH, durante el primer semestre de 2026, unas 10.692.000 personas dependían exclusivamente del sistema público para su atención médica, frente a las 9.966.000 registradas en igual período de 2025. La proporción pasó del 33,3% al 35,5% de la población, un incremento de 2,2 puntos porcentuales.
La contracara es la reducción de quienes cuentan con obra social, prepaga, mutual o servicio de emergencia. Este grupo pasó de 19.873.000 a 19.387.000 personas, una disminución de 486.000, pese a que la población total relevada creció en aproximadamente 248.000 habitantes.
El retroceso también se advierte en perspectiva histórica. En el primer semestre de 2024, el 32% de la población dependía exclusivamente de la salud pública. Dos años después, esa proporción llegó al 35,5%, mientras que la cobertura adicional cayó del 67,8% al 64,3%.
Impacto en menores
Una de las diferencias más pronunciadas aparece entre niños y adolescentes. El INDEC identificó que el 46,5% de los menores de 18 años dispone exclusivamente de cobertura sanitaria pública, frente al 43,7% registrado un año antes.
En términos absolutos, son 3.764.000 niños y adolescentes, unos 245.000 más que en el primer semestre de 2025. El dato representa un incremento de 2,8 puntos porcentuales en apenas un año.
Entre las personas de 18 a 64 años, la proporción que depende solo del sistema público también aumentó, del 35,1% al 37,6%. La situación es diferente entre los adultos mayores de 65 años, cuya cobertura adicional alcanza al 98%, fundamentalmente por su incorporación al sistema previsional y sus prestaciones sanitarias.
La pérdida de cobertura adicional también aparece al analizar la composición de los hogares. El informe señala que el 38,9% tiene al menos un integrante que depende exclusivamente del sistema público, frente al 37,1% de un año atrás. En el 17,8% de los hogares todos sus miembros se encuentran en esa condición.
La información del INDEC permite además observar que el fenómeno no se limita a quienes están debajo de la línea de pobreza. Entre la población englobada como no pobres, la proporción que vive en hogares donde todos dependen exclusivamente del sistema público pasó del 7,9% al 9,6%.
La situación es considerablemente más extendida entre los sectores de menores ingresos: el 36% de las personas pobres no indigentes y el 58,9% de las indigentes viven en hogares donde ningún integrante dispone de cobertura médica adicional.
El vínculo con la informalidad laboral
Los resultados coinciden con un mercado de trabajo caracterizado por el aumento de la informalidad, una condición que puede limitar el acceso a la cobertura sanitaria vinculada al empleo registrado.
Según el informe Mercado de trabajo, publicado por el propio INDEC en septiembre, la informalidad alcanzó al 45% de los ocupados durante el segundo trimestre de 2026, frente al 43,2% registrado un año antes.
En términos absolutos, el organismo contabilizó 6.101.000 trabajadores informales, unos 348.000 más que en igual período de 2025. También identificó un aumento del peso de los cuentapropistas dentro de ese universo, cuya participación pasó del 34,3% al 37,3%.
La tasa de informalidad entre los trabajadores por cuenta propia alcanzó el 65,8%, frente al 62,4% de un año antes. El cruce se impone porque una parte de la cobertura médica se obtiene por contribuciones asociadas al trabajo formal, mientras que quienes desarrollan actividades independientes o no registradas pueden depender de otros mecanismos de afiliación o exclusivamente de la atención pública.
Sin embargo, la coincidencia entre ambos indicadores no permite establecer que el aumento de la informalidad haya provocado la pérdida de cobertura sanitaria. La EPH identifica la situación de las personas en distintos períodos, pero no determina por sí sola las razones de los cambios. Tampoco debe confundirse la dependencia exclusiva del sistema público con la falta de atención médica: en la Argentina, hospitales y centros de salud públicos tienen carácter universal y pueden atender también a personas con obra social o prepaga.
El escenario en Santa Fe
La situación nacional tiene un antecedente concreto en Santa Fe. En marzo de este año, la ministra de Salud provincial, Silvia Ciancio, informó a El Litoral que las prestaciones realizadas por el sistema público habían aumentado de aproximadamente 9 millones en 2022 a 13 millones durante 2025.
Según precisó entonces, más del 52% de la población santafesina había tenido contacto con el sistema provincial de salud. Entre los usuarios atendidos, el 72% no contaba con obra social, mientras que el 28% disponía de algún tipo de cobertura.
La funcionaria atribuyó parte de la mayor demanda a las dificultades en el financiamiento y la provisión de medicamentos por parte del Gobierno nacional, además de advertir que también recurrían al sistema público pacientes que contaban con cobertura de obras sociales.
"En los distritos en los que no tenemos respuestas del sector privado, es el público quien debe resolver", planteó Ciancio, al señalar que la provincia contaba con 48 clínicas con internación habilitadas para sus 365 localidades.
Las cifras provinciales corresponden a prestaciones y usuarios atendidos, mientras que el INDEC mide la cobertura sanitaria de la población. Aunque no son directamente comparables, muestran dos dimensiones de un mismo problema: el crecimiento de la población que depende exclusivamente de los servicios públicos y las exigencias que enfrenta la red sanitaria para sostener la atención.
En aquella presentación, Ciancio también denunció una reducción del 50% en los botiquines enviados mediante el programa Remediar y dificultades en el abastecimiento de medicamentos para pacientes trasplantados y oncológicos. La provincia, explicó, había recurrido a mecanismos de compra centralizada para afrontar esas necesidades.
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