Bajó la presión fiscal nacional a su nivel mínimo en los últimos 10 años

El gobierno nacional tenía déficit, emitía para financiarse, la inflación se aceleraba y los gerentes de empresas añadían a sus listas de precios el margen preventivo. Antes de contar la “devaluación de Milei” en el inicio de su mandato, a noviembre del 2023 el Nivel general del Índice de precios al consumidor registró un alza mensual de 12,8% y acumuló una variación de 148,2%. Era insostenible.

Luis Caputo se jacta de la baja del “impuesto inflacionario”, en un escenario en el que el IPC aún viaja al 2,5% y todavía desafía al gobierno. Pero, en todo caso, con esa reducción y la eliminación o baja de impuestos, la presión tributaria efectiva nacional (recaudación con relación al tamaño de la economía) es la más baja de los últimos 10 años.

En 2025 presentó un descenso de 1,1 puntos porcentuales para llegar al 21,4% del PBI (sólo la nacional). En 2015, año récord de presión fiscal -último año de Cristina Fernández como presidenta- esa relación había alcanzado 26,2%. Es la magnitud de recursos privados puestos en el bolsillo de un gobierno central, cuyas prestaciones le hicieron perder los comicios presidenciales de ese año.

Bajó la recaudación

El proceso supone aliviar la carga del sector privado pero también reducir recursos nacionales, en tanto no haya un crecimiento de la economía que compense la dinámica.

Según un nuevo reporte del Instituto Argentino de Análisis Fiscal, la recaudación tributaria nacional de 2025, habría descendido un 1% en términos reales respecto al año 2024. Es el resultado de la baja relativa de retenciones; si no se considera la recaudación de los impuestos vinculados al comercio exterior, la recaudación habría aumentado un 4,5%.

“En términos de variación real interanual, en el año 2025 los tributos con mayor caída (sin tener en cuenta la eliminación de impuesto PAIS) habrían sido Bienes Personales (-34,6%), derechos de exportación (-16%) e Internos coparticipados (-11,7%)”.

Pero al mismo tiempo hubo aumentos relativos. “Los tributos con mayor aumento habrían sido impuestos a los combustibles (42,9%, con suba de alícuotas), derechos de importación (22,3% por suba de volúmenes) y seguridad social (13,8%)”.

¿Cómo está la provincia?

Santa Fe ha seguido una tendencia de crecimiento sostenido en su presión fiscal propia en las últimas dos décadas, aunque se mantiene por debajo del promedio de las provincias más grandes (Buenos Aires, Córdoba y Mendoza), lo que le otorga ventajas a la hora de promocionar la producción.

Entre el año 2000 y el 2024, la presión tributaria efectiva de Santa Fe creció aproximadamente un 48%, un fenómeno común en las jurisdicciones argentinas debido a que Nación se desprendió de servicios y al mismo tiempo incumple, por ejemplo, con la compensación a provincias que -como Santa Fe- no transfirió su caja de jubilaciones.

Hecha la salvedad, el dato más relevante de la serie es que entre el 80% y el 89% de la recaudación propia de Santa Fe proviene de Ingresos Brutos. El resto se reparte entre Sellos (~6%) e Impuesto Inmobiliario (~4%). Nación promueve eliminarlo o sustituirlo por un “súper Iva”.

En la provincia -como en el resto de los estados subnacionales- es un “impuesto distorsivo” del que los gobernadores no pueden desprenderse sin un acuerdo fiscal con el gobierno central.

Mientras tanto, Santa Fe sigue siendo una de las provincias con menor presión fiscal entre los grandes distritos. En 2024, mientras que Misiones lidera con un 7,5% y Buenos Aires registra un 7,2%, Santa Fe se ubica en el 5,3% (provincia más municipios), lo que la posiciona como la "más competitiva" fiscalmente del grupo de las cuatro provincias más pobladas.

Lo que viene en Santa Fe

La Constitución de Santa Fe, tras su reforma en 2025, incorpora el equilibrio fiscal como principio fundamental, obligando al Estado a no gastar más de lo que ingresa. Toda una premisa “libertaria” en un gobierno -el de Pullaro- que denuesta el “populismo kirchnerista” pero mantiene su cauce en un gobierno responsable de salud, seguridad, educación, justicia e infraestructura para el desarrollo.

La ley tributaria sancionada fue concebida con reformas y beneficios impositivos proyectados para el año 2026, con el objetivo de aliviar progresivamente la carga financiera de actores productivos o consumidores. En equilibrio entre el precepto constitucional y la presión de Milei.

Entre las medidas generales, se destacan importantes bonificaciones para contribuyentes cumplidores y exenciones en sellos para alquileres y créditos hipotecarios. El sector agropecuario e industrial recibirá incentivos específicos, incluyendo descuentos en el inmobiliario rural y la posibilidad de computar facturas eléctricas como crédito fiscal.

Asimismo, se implementa una reducción de alícuotas para miles de pequeños comercios y deducciones por la contratación de nuevo personal. El plan también contempla alivios en el transporte y las actividades financieras para estimular la inversión regional. Finalmente, se busca simplificar la gestión tributaria mediante la agilización en la devolución de saldos a favor.