Los investigadores no descartan la posibilidad de que surjan nuevas denuncias y aparezcan otras personas incriminadas por posibles pedidos de coimas por parte de policías a los presos alojados en la la Alcaidía de Jefatura. De hecho, la División Judicial continúa reuniendo elementos en esta investigación que ya provocó la remoción de los responsables de ``La Piojera''. La noticia referida al supuesto pedido de dinero de parte de policías a los presos, a cambio de mejorar sus condiciones de alojamiento, tuvo amplia repercusión pública el pasado 22 de febrero, luego de que el juez de Instrucción, José Manuel García Porta, allanara la Alcaidía. Distintas fuentes vinculadas con la investigación coinciden en que durante aquella requisa se encontró documentación incriminatoria, como por ejemplo listados de presos que habrían abonado el dinero pedido por los encargados de la custodia. ``La Piojera'' de Jefatura -así se conoce a la Alcaidía-, es ampliamente conocida por las malas condiciones edilicias y de alojamiento, que algunos consideran inhumanas debido a la sobrepoblación carcelaria. Incluso, distintos jueces debieron intervenir en repetidas oportunidades para ordenar medidas que tendieran a mejorar la habitabilidad del lugar. Las sospechas de supuestos pedidos de coima a los internos no son nuevas, pues desde hace tiempo circula el rumor acerca de pagos a cambio de un trato mejor. En este caso concreto, quienes habrían accedido a este ``arreglo'' son tres de los seis detenidos por el robo de cables a la EPE y a otra empresas prestadoras de servicios en la provincia. Distintas fuentes consultadas por El Litoral coincidieron en informar que los acopiadores de este material robado _fueron más de 40 toneladas encontradas por la policía_, pagaban 60 pesos por día y por persona. Por ese motivo estaban alojados en un piso superior y con mejores condiciones. Mientras tanto, los tres sospechosos de cortar y robar los cables, debían soportar el subsuelo porque aparentemente no estaban condiciones de pagar lo que se le reclamaba. Los seis son investigados por los posibles delitos de robo calificado y asociación ilícita. Este caso provocó gran preocupación entre las autoridades de la Policía y del gobierno provincial, ya que dejó al descubierto una posible red de corrupción en el mismísimo edificio de la Jefatura.































