Obeid presentó el proyecto de reforma de la Constitución

El proyecto de ley (número 3.171/06), es similar al que el gobernador envió el primer día de gestión y que posteriormente perdió estado parlamentario. "Como el proyecto de reforma Constitucional había perdido estado parlamentario, lo volvimos a remitir a la Legislatura provincial con la modificación que solicita se incluya un artículo donde la provincia ratifica su pertenencia a la Región Centro en los términos suscriptos con los pares de Córdoba y Entre Ríos", explicó Obeid. Además, el mandatario dijo que la Carta Magna reconocerá a partir de su reforma los derechos de los aborígenes. El anuncio fue efectuado por Obeid en una reunión de gabinete con acceso a la prensa, de la que también participó el secretario general del Consejo Federal de Inversiones (CFI), Juan José Ciácera. La reelección El dato político más importante es la inclusión de una cláusula que permite la reelección del gobernador y su vice, aunque Obeid aclaró en varias oportunidades que no haría uso de esa posibilidad en caso de ser aprobada antes de los comicios del año que viene. El proyecto contempla que "el gobernador y el vicegobernador pueden ser reelectos o sucederse recíprocamente por un solo período consecutivo", en tanto aclara que "si han sido reelectos o se han sucedido recíprocamente, no pueden ser elegidos para ninguno de ambos cargos, sino con el intervalo de un período". Un cambio de conciencia En cuanto a las novedades de este texto con el anterior, se destaca que "la propuesta de incorporación de un nuevo artículo a la Constitución Provincial que reconozca los derechos de los aborígenes tiende a generar un cambio de conciencia". "El acento no está puesto en la igualdad o en la no discriminación sino fundamentalmente en el respeto a la diferencia y en el hecho de dignificarla como un valor de aporte y de enriquecimiento para la sociedad toda", reza textualmente el artículo. Por otra parte, "la Provincia ratifica su pertenencia a la Región Centro de la Argentina en los términos de los Tratados de Integración Regional suscriptos con sus pares de Córdoba y Entre Ríos, a los fines convenidos en los mismos y en un todo de conformidad con lo dispuesto por los artículos 124 y 125 de la Constitución Nacional". Además, en el proyecto de reforma están incluidos temas como la autonomía política administrativa, económica y financiera a todos los municipios, y la autorización para que las municipalidades dicten sus respectivas cartas orgánicas. Cambios en la justicia También se introdujo un apartado para que el vicegobernador y otros funcionarios sean pasibles del juicio político. En ese sentido, la reforma permitiría que sean sometidos a juicio político el gobernador, el vicegobernador, quienes los reemplacen, los ministros del Poder Ejecutivo, el Fiscal de Estado, los miembros de la Corte Suprema de Justicia, del Tribunal de Cuentas y del Consejo de la Magistratura, el Fiscal Provincial de Investigaciones Administrativas y el Defensor del Pueblo. Además, el nuevo texto crea un Consejo de la Magistratura para seleccionar los magistrados inferiores, incluidos los jueces de paz comunales para elevar una terna vinculante al Poder Ejecutivo en virtud de un procedimiento que garantice los principios de objetividad, publicidad y transparencia. Derechos Humanos e iniciativa popular Un artículo reivindica a la Defensoría del Pueblo "como un órgano unipersonal con autonomía funcional y autarquía financiera que no recibe instrucciones de ninguna autoridad. Su misión es la defensa y protección de los derechos humanos y demás derechos e intereses individuales, colectivos y difusos, tutelados por la Constitución Nacional". Además, refiere a "formas de democracia semidirecta", en un apartado que establece que "el electorado de la provincia tiene el derecho de iniciativa para la presentación de proyectos de ley ante la Cámara de Diputados para lo cual se debe contar con la firma del uno y medio por ciento del padrón electoral". En ese sentido, la Legislatura deberá sancionar una ley reglamentaria que deberá contemplar una adecuada representación territorial entre los promotores para suscribir la iniciativa y tendrá la obligación de pronunciarse sobre la misma dentro del término de doce meses de presentada, rechazando o sancionando la ley propuesta. Fuente: Télam / Información Pública