Oyarbide ordenó la detención de Isabel Perón

En la misma resolución de tres carrillas a la que tuvo acceso Télam, el magistrado dictó el procesamiento de la ex presidenta y la citó a declaración indagatoria a cuyo efecto dispuso su captura. 'Es prematuro' Uno de los abogados de Isabel Perón, Humberto Linares Fontaine, afirmó que "hay connotaciones políticas" en la causa que tramita Acosta pero añadió que no iba a "anticipar algo que pueda ir en desmedro de la labor del juez". "En lo estrictamente jurídico es prematuro", argumentó el letrado y se mostró sorprendido por el hecho de que, "después de 30 años, el asunto mereciera que se trabajara en feria" judicial. Linares Fontaine aludió además a la avanzada edad de Isabel (75 años) y dijo que sufre "problemas de tiroides y algunos problemas nerviosos" pero que su estado de salud "no es grave". Otro abogado de la ex presidenta, Atilio Neira, estimó que el juicio de extradición "va a ser lento" y que Isabel se niega a viajar a la Argentina porque lo haría "en condición de detenida". "Ella tiene claro que no tuvo ninguna injerencia en las bandas parapoliciales que asolaron al país" durante su presidencia, aseveró Neira e instó a investigar "cuáles fueron los vínculos internacionales que alentaron a José López Rega", jefe de la Triple A y ministro de Bienestar Social hasta julio de 1975. En declaraciones a Radio América, el mismo abogado dijo carecer de información sobre un eventual pedido de asilo político en España por parte de Isabel Perón e insistió en que la ex presidenta "desconocía" el accionar de la Triple A. Un papel sombrío Por el contrario, el abogado Carlos Slepoy, querellante en España, subrayó que Isabel "tenía un conocimiento de todo lo que sucedía" en el país durante su mandato como surge de sus declaraciones de 1997 como testigo ante el juez español Baltasar Garzón, en una causa por los crímenes de la Triple A. En esa exposición la ex presidenta se describió como "una pobre mujer que no entendía nada" pero, según opinó Slepoy, "manifestar candidez e inocencia no se corresponde con el papel institucional sombrío que tuvo" como presidenta entre 1974 y 1976. Aquella declaración ante Garzón estuvo "plagada de contradicciones y desmemorias, pero fue reveladora de que ella tenía un conocimiento de lo que sucedía, aun cuando lo negaba", dijo el abogado, un argentino que querelló en España a represores de la última dictadura como Adolfo Scilingo y Ricardo Cavallo. 'El pedido de Acosta es un mamarracho' En sentido opuesto opinó hoy el ex fiscal Julio César Strassera, quien consideró un "mamarracho" el pedido de detención cursado por el juez Acosta contra la ex presidenta aunque juzgó "más razonable" un eventual requerimiento similar de Oyarbide. Isabel "era una inútil que no podía tomar decisiones ni siquiera para cometer delitos", esgrimió Strassera en declaraciones a Radio Continental, por lo que juzgó "disparatado" el querer "imputarle la decisión de hacer desaparecer personas". "Este pedido (de Acosta) de detención a María Estela Martínez de Perón es un mamarracho que no tiene el menor asidero", añadió el fiscal del juicio de mediados de los '80 contra los integrantes de las juntas militares de la dictadura. Según Strassera, "eran legítimos" los decretos dictados por el gobierno de Isabel en 1975 cuyo objetivo "no era matar subversivos sino eliminar el accionar subversivo. Las autoridades militares deformaron ese decreto y usaron métodos ilegítimos" de represión. En el mismo sentido, dijo que la resolución de Acosta "es una decisión política" y que "los jueces se montan en la corriente ahora, pero esto va a traer bastantes problemas en el peronismo". En cambio, Strassera estimó "más razonable" un eventual pedido de detención del juez Oyarbide por los crímenes de la Triple A, en una causa que "no tiene nada que ver" con los decretos invocados por el juez Acosta en su imputación a Isabel Perón. Télam