Caso Galaz: condena light para un abusador que salpicó a la política

Marcelo “Leche” Galaz fue detenido en la mañana de 16 de julio de 2021 en su despacho oficial de la Municipalidad de Avellaneda donde fungía como secretario privado del entonces intendente municipal Dionisio Scarpin.

Una comisión policial llevó esposado al “mano derecha” del ahora senador nacional norteño Scarpin, acusado de gravísimos delitos contra la integridad sexual de quien era su sobrina M. G., la denunciante que sin importar el calvario vivido desde los 4 y hasta sus 11 años debió afrontar lo que calificó como “revictimización” a manos de la justicia y la política.

El escándalo rodeó desde un primer momento al caso. La conmoción ganó terreno en la comunidad, en los medios y en cuanto mentidero político se preciara de tal: cómo podía ser que un monstruo de estas características sádicas hubiera llegado a convertirse en un funcionario tan encumbrado del municipio, con poder para determinar la agenda diaria del titular del Ejecutivo. No hubo respuestas.

Luego vendrían las dilaciones, los artilugios legales de las partes del proceso judicial, la prisión domiciliaria de Galaz, los vínculos non sanctos entre justicia y política que quedaron registrados en polémicos audios telefónicos, las denunciadas intercesiones de funcionarios políticos para interesarse por la suerte del imputado, la excusación del juez natural de la causa. Y las sucesivas cartas públicas de la víctima que nunca lograron conmover al establishment político - judicial del norte. Eso quedó a la vista.

Hoy por hoy, Galaz fue condenado en un juicio abreviado a 7 años de prisión efectiva, y al pago de una “multa altruista” a su sobrina abusada de 6 millones de pesos, de la cual ya abonó la mitad. La homologación del acuerdo de juicio abreviado se produjo el lunes en los Tribunales de Reconquista, y así como trajo alivio a M. G. no ayudó en la situación funcional del fiscal que llevó el caso, Aldo Gerosa.

Destitución

La actuación del titular de la Unidad Género y Violencia Familiar de la Unidad Fiscal Reconquista mereció el reproche de la Auditoría General de Gestión del MPA. En un dictamen elevado a la Comisión de Acuerdos de la Cámara de Diputados de la provincia, el Dr. Leadro Mai, recientemente asumido en el cargo de contralor de los fiscales, se inhibió de continuar el procedimiento disciplinario “en el entendimiento que en el caso concreto procede la sanción de destitución en el cargo”.

Mai fue lapidario con su excolega por la “falta de perspectiva de género a la hora de abordar un caso de abuso sexual en perjuicio de una mujer víctima cuando esta era niña y adolescente, en clara contradicción a la normativa convencional y la legislación local”. Le endilgó haber realizado aproximadamente durante los meses de marzo y abril de 2023 diversas “declaraciones indecorosas e imprudentes” en distintos medios de comunicación, poniendo en conocimiento de la ciudadanía que brindaba información sobre la marcha de la investigación a un tercero ajeno al proceso, en una causa en donde la principal interesada -la víctima- siempre estuvo desinformada del estado de la misma, en contradicción a lo estipulado en el marco normativo vigente”.

En el escrito ingresado a Legislatura, el auditor subrayó los “graves errores” del fiscal Gerosa que “no obró como le anunciaba a la víctima”. “La víctima quedó indefensa y desinformada por un mal accionar del órgano fiscal”, yendo en desmedro de los derechos de la misma.

Cadena de complicidades

También le cuestionó a Gerosa “no haber velado en el momento más central del proceso (la etapa del juicio) por la protección de una víctima que se encontraba en una evidente situación de vulnerabilidad” y haber revictimizado a la mujer víctima en situación de vulnerabilidad con un “trato indecoroso, molestándola y presionándola para que firme un acuerdo de juicio abreviado”.

Un aspecto clave puesto entredicho en el informe a la Legislatura fue “no haber fundamentado la razón del cambio de calificación más favorable para el imputado ni la modificación de la pretensión punitiva en favor del mismo, sin haber motivado el fiscal al momento de la determinación de pena cuál era la razón para que delitos que concurrían realmente entre sí sean condenados por el mínimo legal de la plataforma jurídica seleccionada en el abreviado, teniendo en cuenta la pretensión esgrimida en la acusación de 32 años de cumplimiento efectivo por parte del acusador público”.

De esa manera, puso en evidencia la condena light, morigerada de 32 a 7 años de prisión, para el cruel abusador de quien su sobrina llegó a decir en su alegato que fue “su diablo personal por 20 años”. El emblemático caso Galaz salpicó a la política y a la justicia desde su mismo comienzo y desnudó una cadena de complicidades, pedidos de favores e invisibilización de la víctima que no deja de interpelar a los poderes instituidos y fácticos del Estado.

Connivencia

En medio de todo este escenario de aquelarre institucional y antes de la lectura de la sentencia a Galaz, movimientos feministas formularon una denuncia de connivencia político - judicial y graves “abusos de poder” en el norte, reclamaron por el cese de “encubrimiento a violentos y pedófilos, en tanto demandaron el juicio político al fiscal interviniente, para señalar luego vasos comunicantes entre los tres poderes del Estado en busca de “garantizar la impunidad”.

“En el norte santafesino es larga la lista de funcionarios acusados de abuso, pedofilia, violaciones, violencias contra las mujeres y las infancias relacionados al poder político enquistado hace décadas en el departamento General Obligado”, aseveraron movimientos feministas con anclaje territorial en la región.

Puntualmente, en el caso Galaz -ex funcionario y secretario privado del intendente de Avellaneda, Dionisio Scarpin- salió a la luz “el escándalo provocado por el entramado de encubrimiento, aprietes, revictimización y abusos de poder por parte de funcionarios de los tres poderes del Estado del norte santafesino”, apuntaron.