Desafuero y Código Procesal Penal

Un proyecto de ley que apunta a que los fueros de los legisladores, previstos en la Constitución provincial, no constituyan un obstáculo para el normal desempeño de la justicia fue ingresado por el diputado Fabián Palo Oliver (UCR). La iniciativa parte de reformar algunos artículos del Código Procesal Penal vigente y no hacer una norma especial sobre desafuero como existe en la nación.

Palo Oliver es acompañado en el proyecto con las firmas de Alejandro Boscarol (UCR - Juntos por el Cambio): Mónica Peralta (Gen); Agustina Donnet y Rubén Giustiniani (Igualdad) y Dámaris Pachiotti y Carlos Del Frade (Frente Social y Popular - Ciudad Futura).

"Parece razonable y transparente en la provincia de Santa Fe reglamentar el desafuero, si bien no a través de una ley especial, como lo hizo el Congreso de la Nación (ley 25320), pero si a través de una reforma de ciertos artículos del Código de Procedimientos Penal, buscando ampliar a través de la ley, una interpretación que ya no considere a los fueros como un obstáculo legal, para un procedimiento ajustado a los estándares constitucionales y convencionales vigentes, que garantice la investigación judicial y no la impida", explicaron los autores.

El proyecto propone la modificación de tres artículos del Código Procesal Penal, entre ellos el 27 contiene la parte medular de la iniciativa. Hoy la redacción comienza en estos términos: "Desafuero: Cuando hubiera mérito para formular acusación respecto de un legislador o miembro de una convención constituyente, el Fiscal se abstendrá de hacerlo y así lo declarará por requerimiento fundado, solicitando a la Cámara o cuerpo respectivo el desafuero correspondiente".

El proyecto ingresado cambia el concepto: " Desafuero: Los fueros e inmunidades que ostentan los legisladores y convencionales no se consideran obstáculos legales para el ejercicio de la acción penal". El segundo párrafo establece que "cuando por parte de juez competente se abra una causa penal en la que se impute la comisión de un delito a un legislador o convencional constituyente sujeto a desafuero, el tribunal competente seguirá adelante con el procedimiento judicial hasta su total conclusión. La realización de la audiencia imputativa no se considera medida restrictiva de la libertad pero en el caso de que el legislador o convencional no concurrieran a prestarla el tribunal deberá solicitar su desafuero".

Los otros artículos que el proyecto sugiere modificar son el 26 y el 29. El primero establece que "si el ejercicio de la acción penal dependiera de desafuero, juicio político o enjuiciamiento, se observarán las condiciones y los límites establecidos por la ley". La redacción actual del 29 determina que "si el desafuero es negado o no se produce la destitución, el fiscal declarará que no se puede proceder y dispondrá el archivo de las actuaciones". La nueva propuesta de este último artículo es para señalar que "en los casos que corresponda si no se produce la destitución, el fiscal declarará que no se puede proceder y dispondrá el archivo de las actuaciones".

Palo Oliver explicó a El Litoral que "entender a los fueros como un obstáculo para que la justicia avance en una investigación de carácter penal, ante la presencia de elementos que sugieran la comisión de un delito, es consagrar una desigualdad que vulnera claramente el artículo 16 de la Constitución Nacional". Aclaró que la iniciativa no significa promover la eliminación de fueros, "sino darle su justo sentido. Es necesario que los legisladores tengamos una protección ante los eventuales ataques del poder controlado, como es el Ejecutivo. Pero de ninguna manera pueden constituir un privilegio ante la sospecha clara de que hemos cometido algún ilícito. Eso y considerar al legislador como alguien que está por encima del resto de los ciudadanos, es lo mismo".

El proyecto mantiene la inmunidad de arresto. "El objetivo es que la justicia pueda avanzar en su investigación hasta la finalización llegando a la sentencia. Si se comprueba la comisión de un delito en un juicio justo, allí se abrirá otro escenario donde la Cámara contará con elementos más que suficientes para decidir el desafuero del implicado".

Los autores toman también como referencia el dictamen del Procurador General de la Corte, Jorge Barraguirre, quien consideraró constitucional la convocatoria a declaración imputativa del senador Armando Traferri. "El proyecto va en el mismo sentido que el dictamen de Barraguirre. Consideramos que en este punto, como en otros, nuestra Constitución peca de anacronismo", añadió el radical.

Biagioni

En el Boletín Oficial fue publicado el decreto 2267, con fecha 21 de octubre, donde designa como vocal del Tribunal de Cuentas a Oscar Marcos Biagioni.

"Visto que por nota de fecha 18 de octubre de 2021, la Presidencia del Senado de la Provincia, comunica que ha transcurrido el plazo establecido en el Artículo 54 inc. 5) de la Constitución de la Provincia para prestar el acuerdo propuesto mediante Mensaje N° 4951, para la designación de vocal contador público en el Tribunal de Cuentas", dice el encabezamiento del decreto firmado por Omar Perotti y Roberto Sukerman.

Ley de "ficha limpia"

El proyecto a discusión en la Cámara de Diputados de la Nación que impide ser candidatos a los condenados por delitos dolosos contra el Estado no contó con el apoyo suficiente para ser incorporado al debate de la maratónica sesión iniciada el martes último.

El tema motivó un debate previo y una votación en particular sobre si habilitaban o no el tema. Los diputados santafesinos de Juntos por el Cambio más el socialista Enrique Estévez votaron favorablemente habilitar el tema. En cambio, los del Frente de Todos y Luis Contigiani fueron por la negativa.

Transporte

La Comisión de Transporte de la Cámara de Diputados realizó una reunión de trabajo con empresarios de las cámaras empresarias de transporte de pasajeros para analizar una serie de proyectos que apuntan a prorrogar la vigencia de las unidades bajo determinadas condiciones.

Son tres los proyectos a discutir, uno de ellos ya aprobado por el Senado a instancias de una iniciativa de Leandro Diana, representante del dpto San Jerónimo. En cambio, la Cámara Baja tiene sendas iniciativas ingresadas por Oscar Martínez (Ciento por Ciento Santafesino) y por José Garibay (PS). En todos los casos, el objetivo es extender la vida útil de colectivos y otros medios de transporte de pasajeros así como ambulancias y camiones. Entre los motivos centrales de la prórroga está la paralización que sufrió el sector durante meses por la pandemia.

Los empresarios -tanto de la cámara santafesina como rosarina- respaldaron los alcances del proyecto votado ya por el Senado. Este proyecto propone extender en tres años las autorizaciones para vehículos de transporte de colectivos, servicios a demanda o transporte de emergencia. También extiende en cinco años la autorización de unidades afectadas a transporte público, sin fines de lucro, dentro del territorio provincial.

Por otra parte se señala que los vehículos comprendidos en la norma, con antigüedad mayor a diez años, deberán realizar tres revisiones técnicos obligatorias anuales.