El Gobierno nacional confirmó la lista de proyectos que enviará al Congreso durante las sesiones extraordinarias de diciembre. La convocatoria será oficializada por decreto y comprenderá el período entre el 10 y el 31 de diciembre, según adelantó este viernes el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.
POLÍTICA
El temario legislativo que impulsa la Casa Rosada
El Gobierno definió los proyectos que tratará en sesiones extraordinarias
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, anunció que el presidente Javier Milei convocará al Congreso a sesiones extraordinarias entre el 10 y el 31 de diciembre. El temario incluye el Presupuesto 2026, la reforma del Código Penal, la modernización laboral y el proyecto de “Inocencia Fiscal”. El Ejecutivo buscará acelerar su agenda legislativa antes de fin de año.
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El funcionario definió este paquete legislativo como parte del “avance irrefrenable hacia la prosperidad”, en línea con los objetivos económicos y políticos que el Ejecutivo pretende acelerar antes del cierre del año parlamentario.
Adorni detalló que el temario incluye iniciativas fiscales, laborales, penales y ambientales, además del Presupuesto 2026, considerado la pieza central del andamiaje económico del Gobierno.
Entre los interlocutores con el Congreso se encuentran el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y la jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich. Ambos trabajan en la articulación política con gobernadores y bloques aliados.
El ministro del Interior, Diego Santilli, también se sumó a las gestiones. Su tarea consiste en afianzar los acuerdos con los mandatarios que firmaron el Pacto de Mayo, con la intención de asegurar los votos necesarios para las reformas estructurales.
El oficialismo pretende avanzar primero con los proyectos fiscales y penales. Recién en febrero buscaría discutir las reformas laboral y tributaria, así como también la adecuación de la Ley de Glaciares.
Presupuesto, estabilidad fiscal y el nuevo régimen de “Inocencia Fiscal”
El proyecto de Presupuesto 2026 será el primero en ingresar al recinto. Según adelantó la Casa Rosada, la iniciativa busca consolidar el equilibrio fiscal como base del programa económico y evitar la dependencia de la emisión monetaria.
El texto prevé partidas para salud, educación, seguridad y defensa, además de fondos destinados al sistema previsional. El Gobierno insiste en que la reducción del gasto no afectará las funciones esenciales del Estado.
Otra de las iniciativas destacadas es la ley de “Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria”, pensada como un acompañamiento del Presupuesto. Se trata de una regla de disciplina fiscal para impedir desbalances futuros y limitar el financiamiento vía emisión o endeudamiento.
En paralelo, el Ejecutivo impulsará el proyecto de “Inocencia Fiscal”, una iniciativa que apunta a simplificar declaraciones impositivas y permitir que particulares regularicen fondos no declarados sin exponerse a sanciones. El Gobierno sostiene que la medida puede incentivar la incorporación de dinero “guardado en el colchón” a la economía formal.
El proyecto ingresó al Congreso en junio, pero no fue tratado. Con la nueva composición legislativa, el Ejecutivo confía en obtener el respaldo necesario para su aprobación rápida.
Reforma penal, modernización laboral y cambios ambientales
El Gobierno enviará también su propuesta de reforma integral del Código Penal. Según adelantó Adorni, la iniciativa contempla el agravamiento de penas para delitos graves y la incorporación de nuevas conductas imprescriptibles, como narcotráfico, abuso sexual y trata de personas.
El proyecto prevé acelerar los procedimientos judiciales y reforzar el sistema acusatorio, con el objetivo de reducir plazos y garantizar mayor celeridad en causas complejas.
En materia laboral, la Casa Rosada avanzará con un paquete de modernización que apunta a simplificar normativas, revisar indemnizaciones y actualizar convenios colectivos. Aunque el debate se dará en febrero, las bases ya fueron presentadas ante empresarios y sindicatos.
Outro punto incluido en el temario es la modificación del régimen de presupuestos mínimos para la preservación de glaciares y del ambiente periglaciar. La propuesta, todavía sin detalles públicos, buscaría flexibilizar las restricciones de la normativa vigente.
El Gobierno considera que este conjunto de reformas constituye una “segunda generación” de cambios estructurales, orientada a estabilizar la economía y rediseñar el funcionamiento institucional del Estado.
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