Ricardo Jaime procesado por enriquecimiento ilícito

De la redacción de El Litoral politica@ellitoral.com DyN El ex secretario de Transporte de la Nación Ricardo Jaime fue procesado por presunto enriquecimiento ilícito, por un monto de 12.500.000 pesos durante sus seis años como funcionario de los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández. El procesamiento fue dictado por juez federal Sebastián Casanello, que le atribuyó a Jaime la posesión de un avión, 13 autos, ocho inmuebles, un hotel, un spa y acciones en empresas. “La adquisición de los bienes que aquí se han detallado no podía ser justificada a través de los ingresos legítimos y declarados por el ex secretario, y comenzaron a tener lugar, precisa y claramente, una vez que Jaime se puso al frente de la Secretaría de Transporte de la Nación”, sostuvo Casanello en su resolución. El juez sostuvo que Jaime tuvo un “drástico y evidente cambio en el nivel de vida”, lo que es “inexplicable a la luz de la capacidad económica declarada de acuerdo a sus ingresos legítimos”. El cargo que se le atribuye a Jaime tiene una pena de dos a seis años de prisión, una multa del 50 al 100 por ciento del monto del enriquecimiento e inhabilitación absoluta perpetua. También fueron procesadas otras 16 personas acusadas de ser testaferros de Jaime y a nombre de quienes se intentaron ocultar sus bienes. Entre ellos, su hermano Daniel Jaime, su ex mujer Silvia Reyss, las hijas de ésta, Agostina y Lorena Jayo; el ex funcionario de la Secretaría de Transporte y su operador político Manuel Vázquez, y su hijo Julián Vázquez. En tanto, tres hijas de Jaime -Julieta, Romina y Jimena- fueron sobreseídas y se dictó la falta de mérito de los empresarios Raúl Viola y Carlos Lluch, quienes están acusados de ser los testaferros en la compra de un barco, porque todavía restan medidas de prueba. “La necesidad de disimular el crecimiento patrimonial obedeció la aparición de personas interpuestas, circunstancia que -en este aspecto- es un elemento objetivo que permite afirmar el dolo del imputado”, sostuvo Casanello en su resolución. Incremento En el procesamiento, el juez -que también investiga al empresario kirchnerista Lázaro Báez- ratificó el embargo de 40 millones de pesos sobre los bienes de Jaime. La Justicia detalló que Jaime obtuvo durante sus años en la función pública un avión Lear Jet valuado en 4 millones de dólares, propiedades en Buenos Aires, Córdoba, Río Gallegos y en dos barrios privados, autos y motos, como dos vehículos marca Honda y una moto BMW. “El incremento apreciable y legalmente injustificado, de acuerdo a una estimación provisoria, asciende a la suma aproximada de doce millones quinientos mil pesos (.500.000)”, sostuvo el juez. “Ricardo Jaime no sólo conocía el alto cargo que desempeñaba sino también las obligaciones que el mismo implicaba. Los elementos probatorios reunidos indican que tuvo la intención de incrementar su situación patrimonial, sabiendo que lo hacía por sobre sus ingresos”, concluyó el juez. Jaime tiene una condena a seis meses de prisión en suspenso que le impuso la Justicia de Córdoba por intentar sustraer unas tarjetas personales durante un allanamiento que se realizaba en su casa de esa provincia, en el marco de la causa por enriquecimiento ilícito. Además, está siendo juzgado por la tragedia ferroviaria de Once en la que murieron 51 personas en febrero de 2012.

La Justicia detalló que Jaime obtuvo durante sus años en la función pública un avión Lear Jet valuado en 4 millones de dólares, propiedades en Buenos Aires, Córdoba, Río Gallegos y en dos barrios privados, autos y motos, como dos vehículos marca Honda y una moto BMW.

El dato En la mira Jaime es uno de los funcionarios y ex funcionarios kirchneristas más denunciados y es el más procesado por la Justicia. El antecedente de un ex funcionario K que llegó a ser condenado es el de la ex ministra de Economía Felisa Miceli, a quien se la halló culpable por la bolsa con dinero hallada en su baño del Palacio de Hacienda y se le impuso la pena de cuatro años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos, sanciones que aún no están firmes.