Autocensura o bloqueo: cómo afecta la violencia digital a las mujeres políticas

"Yo te explico", "Sos muy emocional para esa discusión", "A nosotros no nos manda ninguna pollera". ¿Qué tienen en común estas expresiones? Son frases reales pronunciadas a mujeres legisladoras y fueron incorporadas desde la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) en el informe "Palabras que callan: La autocensura de las mujeres políticas como respuesta a la violencia de género digital".

El documento recoge los testimonios anónimos de catorce legisladoras nacionales que se desempeñan en comisiones dedicadas al tratamiento de asuntos de género, diversidad y tecnologías digitales.

Analiza, además, los efectos que esta práctica tiene en su participación en la vida pública y política, "considerando que esta violencia cercena la igualdad de condiciones en el ejercicio de la política entre mujeres y varones", y que se acrecienta en períodos preelectorales como el que estamos atravesando por estos días en el país.

Las palabras del principio fueron pronunciadas en presencia de quienes las trajeron ahora al presente para este informe. Pero la agresividad sigue y crece en los entornos digitales. "Muchísimas veces me abstuve de opinar o participar en ciertas discusiones como consecuencia de esta violencia", cuenta una de las fuentes consultadas. Mientras otra agrega: "Este tipo de agresiones se dan porque en las redes sociales vos no sabes quién te lo está diciendo. En esa idea de que no te conocen, o que vos no te vas a dar cuenta de quiénes son, hay mucho de esconderse ahí".

Antes de avanzar, conviene recordar que, tal como consta en el desarrollo de este trabajo, la violencia contra las mujeres por razones de género está regulada en la Argentina a través de la Ley N° 26.485. "En 2019, 10 años después de la sanción original, se incorporó la violencia política a los tipos previstos en el artículo 52. En esa misma reforma se modificó también el artículo 6, para incluir como modalidad la "violencia pública-política" que contempla todas aquellas prácticas destinadas a limitar el desarrollo de la vida política o el acceso a derechos políticos por parte de las mujeres".

Sin embargo, más allá de las normas, que en nuestro país pueden considerarse de avanzada en materia de participación de las mujeres en política, y de prevención y sanción de todas las formas de violencia de género, las dificultades siguen presentes y así se revela en las conclusiones de este informe elaborado por Victoria Penas. abogada por la Universidad de Buenos Aires, con orientación en Derecho Internacional Público y Derecho Penal, y Manuela Giménez Bautista, estudiante avanzada de la Licenciatura en Ciencia Política de la Universidad Nacional del Litoral.

Cómo se hizo

La información fue recolectada a través de dos herramientas: una encuesta de diez preguntas cerradas y una de desarrollo, y una serie de entrevistas semiestructuradas. ¿El resultado? La encuesta reveló que "todas las mujeres consultadas han sufrido situaciones de violencia de género a lo largo de su trayectoria política o saben de compañeras que han pasado por lo mismo".

En cuanto al ámbito en el que ocurren estas violencias, "el 90 por ciento identificó al entorno digital como uno de los más frecuentes. El 60 por ciento de las encuestadas señaló que estos ataques se dan tanto en público como en privado, y son comunes en redes sociales como X (antes Twitter), Facebook e Instagram, aunque también ocurren en plataformas como Youtube, portales periodísticos o servicios de mensajería como Whatsapp".

También los lugares de trabajo son espacios donde se propagan estas violencias.

La otra instancia de investigación se desarrolló a través de una indagación en medios periodísticos: para ello se recopilaron 33 notas de diarios nacionales y locales, entre ellos El Litoral, con declaraciones públicas de estas mujeres en relación a las agresiones y hostigamientos que sufrieron en el entorno digital.

Las noticias recabadas tuvieron como protagonistas a mujeres de todo el arco político, tanto en el ámbito legislativo como ejecutivo, a nivel nacional y provincial: desde Cristina Fernández de Kirchner (vicepresidenta de la Nación, Frente de Todos) hasta Myriam Bregman (candidata a la Presidencia, MST) y Patricia Bullrich (candidata a la Presidencia, Juntos por el Cambio), solo por mencionar a algunas.

"Los hostigamientos que tuvieron a estas mujeres como víctimas fueron efectuados por diferentes agresores: desde compañeros de recinto, funcionarios públicos, asesores y trolls, hasta usuarios manifiestos y anónimos que actuaron a través de amenazas, hostigamientos, insultos y agresiones", señala el informe de ADC.

En base a estas dos líneas de indagación, el trabajo revela que "todas las mujeres consultadas han sufrido situaciones de violencia de género en el marco de su carrera política o saben de compañeras que las han padecido. Entre las prácticas más frecuentes destacan los comentarios ofensivos a los contenidos que comparten en redes sociales y la circulación de publicaciones descalificantes en su contra, todo ello basado en estereotipos y prejuicios negativos por su condición de mujeres".

Cómo responder

En cuanto a las estrategias seguidas para hacer frente a estas agresiones, en el corto plazo han optado por bloquear al agresor o remover publicaciones por la violencia de las respuestas, mientras que a largo plazo se han replanteado su participación virtual en ciertos debates o han dejado de expresarse con libertad, por temor a las represalias.

En este punto aparece la "autocensura" como la estrategia más empleada en el afán de preservar su integridad tanto física como mental: el 60 por ciento de las encuestadas en el marco de la investigación reconoce esta práctica como una de las más utilizadas por las mujeres políticas frente a la violencia que se ejerce contra ellas.

Tal como consignan las autoras, "la decisión de judicializar hechos de violencia también fue mencionada por una de las encuestadas como una alternativa que las mujeres suelen emplear frente a las agresiones".

No obstante, los resultados de la encuesta constataron "la predominancia de prácticas orientadas a desactivar el conflicto en lo inmediato, como el bloqueo de la persona agresora y la remoción de publicaciones por las que habían sido hostigadas. Entre las acciones implementadas a mediano y largo plazo, se pueden mencionar la restricción del propio discurso y la reducción de la participación en redes sociales, con el objetivo de evadir la violencia". Una acción que termina limitando o cercenando el derecho a participar de los debates que forman parte de la vida política, tal como señala una de las legisladoras entrevistadas: "Lo que sí no hago, salvo en situaciones especiales, es publicar cosas de mi familia en mis redes. En ese sentido lo que hay es un cambio de uso o de forma de uso de la red".