Norte provincial: el 84 % de legajos abiertos por delitos sexuales no se movió en un año

El auditor general de Gestión del Ministerio Público de la Acusación presentó un informe estadístico que comprende el período que va desde el 1 de enero de 2025 al 31 de diciembre de 2025, incluyendo asimismo información en relación a acciones de gestión, con fecha de corte el 28 de febrero de 2026.

En su detalle, el Dr. Leandro Mai se explayó sobre las acciones de control en las 5 circunscripciones de la provincia, aunque sobresalió en el documento elevado a la fiscal general María Cecilia Vranicich la realidad judicial que atraviesan las investigaciones por delitos de índole sexual en el área de la Fiscalía Regional 4, cuya jurisdicción abarca los departamentos Vera, General Obligado y San Javier.

El funcionario precisó que en diciembre de 2025 se puso en conocimiento de los órganos de dirección el proceso de seguimiento en el ámbito de la FR N° 4 en lo que respecta al avance y cierres de los legajos.

En ese sentido, dijo que se pudo observar que en cada grupo de legajos priorizados hubo un aumento en las finalizaciones a nivel regional, comparando entre la condición de estos legajos para marzo de 2024 y la actual de junio del corriente año. Y resaltó el avance de las investigaciones por delitos de abigeato, habiendo cerrado el 25 % de las mismas.

No obstante, y atento a las recomendaciones y el proceso de supervisión efectuado por parte de la fiscal Alejandro del Río Ayala -virtual interventora de la Fiscalía Regional en casos de abusos sexuales- “no se verificaron los mismos resultados en los delitos contra la integridad sexual”, contrastó Mai.

El auditor aseguró que se “constató que un 84 % de legajos abiertos no registraron movimiento en los últimos doce meses”, y consideró que “hallazgo resulta significativo”, máxime, estableciendo una comparación con la proporción de legajos abiertos y sin movimiento de las fiscalías regionales 3 y 5 -equiparables en relación a la carga de trabajo con la FR N° 4.

Caso testigo

El Dr. Mai hizo referencia al estudio de un caso testigo sobre el desempeño de los órganos fiscales de la Fiscalía Regional de Reconquista, en función de lo informado por la fiscal Alejandra Del Río Ayala a cargo de la supervisión ordenada por la Fiscal General.

En esa línea, precisó que el 13 de enero de 2026 el Área Disciplinaria de la Auditoría General de Gestión notificó al Área de Control de Gestión el decreto dictado en el marco de un legajo disciplinario a los fines de “iniciar un Estudio de Caso Testigo atento a la necesidad actual de un abordaje desde una perspectiva de control de gestión institucional”, a los efectos de “detectar si los hallazgos especificados por la fiscal Del Río Ayala se corresponden con una situación global o sólo refieren a un hecho aislado”.

“El objetivo es realizar el seguimiento y la evaluación del desempeño de los órganos fiscales de la Fiscalía Regional de Reconquista, en el marco del proceso de supervisión de investigaciones vinculadas a delitos contra la integridad sexual, con perspectiva de género y de víctimas”.

A partir del análisis se busca obtener un “diagnóstico preciso” del nivel de receptividad por parte de los fiscales norteños de los señalamientos efectuados por la fiscal supervisora en cada uno de los legajos que fueran relevados, en el marco de los cuales habría intervenido según sus incumbencias, agregó Mai.

Con dichos insumos, el auditor sugerirá a los órganos de dirección del MPA el dictado de instrucciones orientadas a detectar buenas y/o malas prácticas, así como la formulación de recomendaciones pertinentes. “Este monitoreo se encuentra en su fase inicial de recolección de información, así como de la revisión de legajos fiscales que fueran auditados a los fines de verificar si en dicho marco se tomaron las medidas pertinentes”, concluyó.

Historial

La preocupación por la falta de perspectiva de género y la magra receptividad de los fiscales en caso de delitos sexuales en el ámbito de la Fiscalía Regional de Reconquista tiene razones justificadas a la luz del historial.

El 20 de marzo de 2025, el fiscal Aldo Gerosa, responsable de la Unidad Fiscal Especial de Violencia de Género, Sexual y Familiar de Reconquista, fue removido de su cargo por la Legislatura santafesina a raíz de “mal desempeño de sus funciones” en el escandaloso “Caso Galaz”.

Marcelo Galaz, funcionario de la Municipalidad de Avellaneda, sometió sexualmente por años a una sobrina que cuidaba. Gerosa había pedido, primeramente, 16 años de cárcel para el sindicado, pero luego firmó un juicio abreviado de 3 de prisión en suspenso para el pedófilo, lo que le valió el escarnio público y el reproche de los órganos de control.

El 12 de junio de 2025, la Legislatura de Santa Fe resolvió remover de su cargo en el Ministerio Público de la Acusación al ahora ex fiscal de Reconquista Alejandro Rodríguez, al entender que cometió graves faltas en su “desempeño funcional e institucional”.

En aquel momento, el diputado radical José Corral, como miembro acusador, señaló que solo había tomado cuatro expedientes de los numerosos que el auditor general del MPA había elevado a la Comisión de Acuerdos de la Asamblea Legislativa, tres de los cuales correspondían a abusos sexuales. En dos de las tres causas las víctimas fueron una adolescente y una niña, de 14 y 8 años para cuando sufrieron los abusos sexuales de familiares directos.

En uno de los hechos, en que resultó embarazada la adolescente, el presunto victimario, René Barfus, fue imputado y sometido a análisis que lo expusieron como padre de la niña nacida. Pese a ello, la causa prescribió tras 13 años sin ser llamada a juicio, informó El Litoral en su edición digital de ese día.

El 12 de marzo de este año, el fiscal Leandro Benegas -adjunto del Ministerio Público de la Acusación de la 4ta Circunscripción Judicial- fue suspendido de su cargo por la Legislatura tras haber sido imputado por delitos de abuso sexual con acceso carnal en perjuicio de una joven de Vera que al momento de los pretensos hechos era menor de edad.