La Justicia habilitó la venta de un activo de Algodonera Avellaneda para sostener la empresa

El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de la 2da. Nominación de Reconquista, a cargo del juez Fabián Lorenzini, autorizó a Algodonera Avellaneda S.A. a vender un inmueble ubicado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por 1.900.000 dólares, en el marco del concurso preventivo que atraviesa la empresa.

La propiedad, situada en calle Luis Sáenz Peña 1074, pertenecía a la administración de la compañía y también había sido utilizada por otras empresas del grupo Vicentin.

La autorización se da en un contexto de grave crisis financiera y paralización de la actividad productiva, que dejó a la empresa sin recursos para afrontar gastos básicos y el pago de salarios.

El pedido sobrevino luego de que se había paralizado casi por completo la actividad de la hilandería y tejeduría de la firma; a la vez que las desmotadoras de algodón situadas fuera de esta provincia, estaban inactivas por el receso propio de la temporada no productiva. Vale decir que la concursada no tenía dinero en su caja para afrontar los costos operativos básicos, y el pago de los sueldos y jornales de sus empleados.

Dos ofertas y una decisión

Durante el proceso de venta se presentaron dos propuestas: Portland Administradora Fiduciaria SA: oferta final de USD 1.900.000; y Proyección Electroluz SRL: oferta final de USD 1.750.000. La empresa concursada decidió aceptar la oferta más alta, presentada por Portland.

Según la tasación realizada por el Banco Nación, el inmueble tiene un valor estimado de aproximadamente USD 3,05 millones, aunque su precio de venta compulsiva en remate judicial rondaría los USD 2,24 millones.

Fue así que mediante un escrito fechado el 4 de marzo, el representante legal de AA informó que la sociedad consideraba apropiado aceptar la oferta de Portland SA. La oferta aceptada representa cerca del 84,7 % del valor de remate judicial.

Destino de los fondos

El juez estableció que el dinero obtenido deberá destinarse prioritariamente al pago de salarios atrasados de los trabajadores, gastos de funcionamiento de la empresa, reactivación de la actividad productiva. Además, la compañía deberá presentar un flujo de fondos detallado que explique cómo utilizará el dinero obtenido por la venta.

Lorenzini tuvo en cuenta 5 ítems para autorizar la venta del inmueble porteño. El valor proporcional, sobre lo cual refrendó que si bien el inmueble tiene un valor relevante (aproximadamente USD 3 millones), su “estado de desocupación y falta de uso industrial lo sitúan como un activo prescindible frente a la necesidad de reactivar el giro productivo y comercial de la empresa”.

El tiempo transcurrido, más 15 meses desde la presentación (diciembre de 2024), de la solicitud de venta. “La dilación ha exacerbado el conflicto laboral y la parálisis administrativa, habiéndose ponderado otras alternativas que no se concretaron hasta el momento (fasones que aporten capital de trabajo, mejoras de las condiciones actuales del mercado, nuevos mercados, reestructuración de la planta de hilados, etc.)”, consideró el funcionario judicial.

En cuanto a la probabilidad de acuerdo, graficó que con solo 6 votos favorables sobre 65 acreedores “la obtención de las mayorías para un acuerdo preventivo parece lejana, lo que justifica medidas de disposición para evitar la quiebra en forma inmediata (aunque no dejan de ser un ‘parche’ para una rueda que ya no puede seguir girando de esta forma)”.

Sobre los efectos sobre planes futuros, argumentó que “la venta no desintegra la empresa; al contrario, es la condición de posibilidad para un plan de reactivación y una futura propuesta concordataria viable.

Por último, se refirió a la tendencia del valor: “El activo es un cubo de hielo que se derrite. Al estar ocioso, genera pasivos post-concursales (impuestos, tasas, mantenimiento y créditos laborales), que se acumulan y reducen el neto para los acreedores”.

Crisis y riesgo de quiebra

En la resolución judicial se advirtió que la empresa se encuentra prácticamente paralizada y sin capital de trabajo, lo que genera un fuerte impacto en los trabajadores y acreedores.

El juez concursal señaló que la venta del inmueble busca convertir un activo inmobiliario ocioso en liquidez, para evitar que la situación derive en una quiebra liquidativa.

En una audiencia celebrada el 12 de diciembre pasado, la empresa había puesto en evidencia de manera incontrastable la “acuciante y crítica situación” que atraviesa. De acuerdo a la resolución del juez, en aquella ocasión quedó patentizado el estado de parálisis de todas sus actividades y unidades de negocios, la falta de ocupación del personal y el incumplimiento del pago en sueldos y jornales.

Asimismo, se evidenció “la carencia de un plan de crisis que pudiera ofrecer alguna expectativa razonable de salida para la insolvencia de Algodonera Avellaneda que para ese entonces ya había cumplido un año bajo la protección del paraguas concursal sin mejorar por ello su estado patrimonial preconcursal; también quedó claro en aquella oportunidad que los trabajadores asalariados de la empresa enfrentaban una situación desgarradora (que aún persiste y se agrava a la fecha de esta sentencia)”, consignó Lorenzini.

No obstante, el panorama desolador, luego de que se concluyera el proceso de salvataje de la sociedad Vicentin SAIC, adjudicándose las acciones representativas del capital a Grassi SA, una audiencia de fecha 20 de febrero de este año contó con la presencia de integrantes del estudio jurídico Casanova, de Rosario, cuyos representantes expresaron (asumiendo el rol de coadyuvantes de la gestión de crisis de Algodonera Avellaneda), que se encontraban empeñados en propiciar un rescate de la empresa.

En esa dirección afirmaron que “resultaba crucial concretar la venta de este inmueble; sin perjuicio de que se mantenían negociaciones con la Nueva Vicentin Argentina para reactivar las plantas de desmote. Cabe recordar que Vicentin SAIC es dueña del 2,9959 % de las acciones de Algodonera”, agregó el magistrado.

Más de 300 puestos de trabajo en riesgo

En el fallo habilitó la venta del inmueble porteño remarcó que la continuidad de la empresa resulta clave para preservar más de 300 fuentes laborales (366 en exactitud), que hoy se encuentran en una situación de extrema vulnerabilidad.