Se cumple un año de la masacre de San Miguel del Monte

Hace un año, en la madrugada del 20 de mayo de 2019, Rocío Guagliarello fue una de las protagonistas de la Masacre de San Miguel del Monte, tragedia que la dejó como única sobreviviente.

Allí, cinco adolescentes que viajaban a bordo de un Fiat 147 fueron perseguidos a los tiros por un patrullero, provocando la pérdida de control del auto y el posterior impacto con el acoplado de un camión: cuatro de ellos murieron y Rocío resultó gravemente herida pero se recuperó. Es la única testigo de una causa que está próxima a ser elevada a juicio oral con 23 imputados, entre los que se encuentran agentes y funcionarios de Seguridad de la localidad bonaerense implicados en un entramado de corrupción policial.

Loana Sanguinetti, mamá de la adolescente de 14 años, contó en diálogo con Télam que su hija “está bien física y anímicamente”, pero “no tiene la misma sonrisa que tenía antes del accidente, se le nota la ausencia de su amiga”. Se refiere a Camila López (13), que viajaba en el auto que terminó chocando junto a Rocío, Danilo Sansone (13), Gonzalo Domínguez (14) y Aníbal Suárez (22).

La causa

La causa por las cuatro muertes de la Masacre de San Miguel del Monte está próxima a ser elevada a juicio oral con 23 imputados: efectivos de la comisaría local, peritos de la Policía Científica y el ex secretario de Seguridad de dicha localidad.

El mes pasado, el fiscal de Instrucción Lisandro Damonte dispuso el cierre de “la etapa investigativa” y que los informes con los resultados de las últimas medidas de prueba se incorporen por secretaría, por cuestiones de “celeridad y economía procesal” y debido a la “complejidad” de las actuaciones.

Dora Bernardez, abogada de los familiares de Aníbal Suárez y Gonzálo Domínguez, expresó a Télam que estima que a más tardar en junio la causa estaría en condiciones de ser elevada a juicio oral, ya que este martes se terminó un peritaje accidentológico a cargo de Gendarmería Nacional y solo quedarían pendientes un estudio psicológico y una prueba caligráfica.

En la causa, los ex policías Rubén Alberto García, Leonardo Daniel Ecilape, Manuel Monreal y Mariano Alejandro Ibáñez están procesados con prisión preventiva por “homicidio agravado por abuso de función como miembro de las fuerzas policiales calificado por el empleo de arma de fuego consumado y en tentativa”.

Mientras, a los ex agentes Franco Micucci, José Manuel Durán, Nadia Genaro, Melina Bianco y José Alfredo Domínguez se les imputó el delito de “falsedad ideológica de instrumento público agravado, encubrimiento agravado, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público”. Además, por encubrimiento agravado se les dictó la prisión preventiva al teniente Héctor Enrique Ángel y al ex secretario de Seguridad del Municipio, Claudio Martínez.

De todos ellos, sólo Genaro y Bianco fueron excarceladas, mientras que hay otro efectivo de San Miguel del Monte que recibió la falta de mérito, aunque sigue imputado. Bernardez explicó que en diciembre pasado, el fiscal Damonte acusó también a otros 8 policías de la seccional local, entre ellos al comisario, por falsedad ideológica y encubrimiento agravado.

También imputó, pero por incumplimiento de deberes de funcionario público, a tres peritos de la Policía Científica de Cañuelas. Para estos 11 pidió la detención, aunque la Justicia de Garantías sólo convalidó las imputaciones. Paralelamente, en la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 3 de La Plata hay una causa conexa por presunta violación de los deberes de funcionario público que se le sigue a la intendenta de la localidad, Sandra Mayol, y al jefe de Bomberos.

Margarita Jarque, abogada de la Comisión Provincial por la Memoria, que también se constituyó como particular damnificado en el expediente, explicó que también “hay otra denuncia contra personal policial aún no identificado por llevar a cabo una investigación ilegal”.