Martí: "Quiero que la sociedad sepa lo que pasó, porque es la que tiene que controlarme"

Juliano Salierno | jsalierno@ellitoral.com

La fiscal adjunta María Laura Martí hizo un público descargo de lo que fue la audiencia de atribución imputativa, a la que fue sometida el viernes 5 de octubre en la sede del Ministerio Público de la Acusación, donde la impusieron de los delitos de “falsedad ideológica de documento público, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes funcionales”, presuntamente cometidos en el marco de una causa en la que investigaba -junto con el fiscal Roberto Apullán- una trama de supuesta corrupción institucional con las llamadas Horas Ospe (Orden de Servicio Policial Extraordinario).

Martí y Apullán -éste último todavía no fue imputado-, fueron denunciados penalmente el año pasado por el Ministro de Seguridad, Maximiliano Pullaro, por haber intervenido un teléfono celular que utilizaba el mandatario a pesar de no estar imputado en la causa. Vale recordar que fue el propio ministro quien impulsó la causa y aportó pruebas a la justicia.

En primer lugar, Martí cuestionó que la audiencia dirigida por los fiscales rosarinos Juliana González y Gustavo Ponce Asahad haya sido a puertas cerradas, es decir, sin la presencia de público. Consideró “un evento desafortunado no dejar pasar a la prensa”, ni a sus colegas que en gran número la acompañaron. “Que las audiencias en estado de libertad sean a puertas cerradas va totalmente en contra del sistema oral y público”, dijo.

“Que la sociedad sepa”

La fiscal que hasta el año pasado investigaba una presunta trama de corrupción policial en la órbita de la Unidad Regional Uno, sostuvo que “es evidente que están tratando de no hacer públicas cuestiones que queremos que se conozcan. Yo quiero que la sociedad sepa qué fue lo que pasó, porque es la que tiene que controlarme”.

En paralelo, los fiscales Martí y Apullán, fueron cuestionados por otras dos medidas referidas a supuestos hechos de corrupción institucional que investigaban en su equipo. Una fue solicitada por el propio fiscal Regional de Santa Fe, Carlos Arietti el 26 de octubre de 2017, por la intervención desautorizada en una causa que tenía como implicado al comisario Adrián Rodríguez y a su interlocutor, por las promesas de ascenso en un futuro concurso para ocupar un lugar en la Plana Mayor. La otra la hizo el intendente de la ciudad, José Corral, cuestionando la legalidad del allanamiento que se hizo a la municipalidad el 10 de octubre pasado por el manejo de los fondos del Programa de Iniciativas Comunitaria.

Acusaciones

Para la funcionaria de carrera judicial -ingresó por concurso al Poder Judicial en 2008 y fue prosecretaria en la Fiscalía N° 5 hasta su pase al nuevo sistema- “esto es una medida de disciplinamiento a los fiscales provinciales, ni siquiera a mi, esto tiene que servir de ejemplo para los demás y dar una señal de que determinadas causas no se investigan”.

Por último, fue contundente sobre el por qué de las acusaciones sufridas el año pasado, “crearon una causa para tapar denuncias de corrupción institucional enquistadas, como lo son Horas Ospe, Brigada Motorizada, la causa Rodríguez, en las cuales surge evidente el grado de cercanía y connivencia entre altos jefes policiales, funcionarios de gobierno y un sector de la Justicia, que no son los jueces ni el poder Judicial en sí, sino los organismos superiores del MPA”.

Investigación

A propósito de la investigación Horas Ospe, la Dra. Martí sostiene que “es la causa por la cual la ciudad de Santa Fe es una de las más violentas del país” o por lo menos “durante mucho tiempo se sostuvo en el ranking de las ciudades más violentas”. “¿Por qué lo digo?”, se preguntó en forma retórica. “Porque la causa horas Ospe demuestra que policías que tenían que estar haciendo patrullaje y prevención en la calle, no lo estaban haciendo.

Figuraban en los papeles pero no en la realidad. Una opción era que estuvieran en la comisaría cumpliendo sus funciones pero no en la calle, otra opción era que estuvieran ‘franco de servicio’ pero en la comisaría u otro lugar distinto, y la tercera eran los llamados ‘policías fantasmas’, que no estaban ni en la comisaría ni en la calle.

Solamente en la investigación de Horas Ospe donde estaba investigado el comisario Rodríguez, que en 2015 era el jefe de la URI, se logró determinar, por ejemplo, que en tres meses, dos personas que estaban investigadas cobraron más de 300 mil pesos bajo ese concepto”.