Un ambicioso plan proyecta avanzar hacia la digitalización del municipio de Santa Fe

Figura en el sistema de información de expedientes municipal un proyecto de ordenanza cuanto menos ambicioso, que va en línea con el plan de Territorio 5.0 que impulsa el Gobierno de la provincia de Santa Fe. Esta iniciativa plantea dar un marco normativo para avanzar hacia la digitalización del municipio capitalino.

Comprende el gobierno y la ciudadanía digital, la gobernanza de datos y la incorporación de tecnologías bajo criterios de eficiencia, transparencia y accesibilidad. También, el uso de la firma electrónica, la seguridad de los datos personales, el uso responsable de la Inteligencia Artificial (IA), etcétera.

Se aplicaría en el municipio pero también en el Concejo, el Tribunal de Cuentas y todos los organismos descentralizados que forman parte de la Administración Municipal.

Hacia un gobierno digital

El proyecto legislativo, cuya autoría es del concejal Lucas Simoniello (Interbloque "Unidos") explica que dentro del concepto de gobierno digital, se avanzará hacia un proceso gradual de "despapelización".

"La Municipalidad propenderá, de manera progresiva, a que la totalidad de la actividad en el ejercicio de la función pública se desarrolle mediante herramientas y tecnologías digitales, quedando sustituido el papel como soporte ordinario de los expedientes y demás documentación administrativa", dice.

Así, se sustituiría el papel como soporte de los expedientes y demás actuaciones administrativas por el expediente digital, el cual "tendrá idéntica validez y eficacia jurídica". Todos los órganos alcanzados por el marco normativo deberán utilizar una plataforma tecnológica común para su tramitación.

Plataforma Timbó

El proyecto sugiere facultar al Ejecutivo a adherir, mediante convenio con la Provincia, a la Plataforma de Gestión Digital "Timbó", a fin de utilizar este ecosistema digital para la tramitación de expedientes digitales, la firma electrónica, el domicilio digital y la atención virtual a la ciudadanía, entre otros.

El convenio de adhesión deberá contemplar, como mínimo, los términos de "interoperabilidad" entre los sistemas municipales y provinciales, la capacitación del personal municipal para su uso, y un cronograma de incorporación progresiva de las distintas dependencias del municipio, aduce.

Se fomenta el empleo de la firma electrónica y la firma digital en las condiciones establecidas en la normativa nacional y provincial. "Todo documento firmado electrónica o digitalmente tendrá, en el ámbito municipal, idéntica eficacia y valor probatorio que sus equivalentes en papel", sostiene.

Además, el proyecto establece el domicilio digital como medio de comunicación entre la Municipalidad y las personas humanas o jurídicas que interactúen con la Administración Pública Municipal.

IA y prohibiciones

La iniciativa en ciernes autoriza al Ejecutivo a la utilización, adopción y desarrollo de tecnologías basadas en Inteligencia Artificial (IA), Internet de las Cosas (IoT) y demás tecnologías emergentes, para "la mejora continua de la gestión pública, el monitoreo inteligente y el análisis predictivo de datos".

Aquí aparece un elemento interesante: el concepto de los principios éticos aplicables a la IA.

"Todo desarrollo, adopción o uso de sistemas de IA por parte de la Municipalidad deberá observar los principios de transparencia, explicabilidad, supervisión humana, reserva de humanidad, revisión humana, no discriminación y mitigación de sesgos, conforme a los estándares reconocidos en la materia".

Luego, aparecen las prohibiciones. "En ningún caso el municipio implementará, adquirirá o contratará sistemas de IA destinados a prácticas de vigilancia masiva e indiscriminada de la población; ni mecanismos generalizados de calificación o puntuación social ('social scoring') de las personas".

Tampoco podrá realizar la identificación biométrica remota “en tiempo real” en espacios de acceso público; ni inferir, a partir de datos biométricos, características sensibles de las personas tales como origen étnico, opiniones políticas, orientación sexual, convicciones religiosas o estado de salud.

Por otro lado, se alude a la incorporación de dispositivos, sensores, cámaras u otros elementos de Internet de las Cosas (IoT) en el espacio público municipal -para la gestión del tránsito, el alumbrado, la recolección de residuos, el monitoreo ambiental, por sólo dar algunos ejemplos-.

Esto se regirá por determinados principios. "Cada dispositivo deberá tener una finalidad específica, no pudiendo reutilizarse la información recolectada para fines distintos sin una nueva evaluación; y sólo se recolectará la información necesaria para cumplir la finalidad declarada", añade el proyecto al que accedió El Litoral.

Fundamentos

La incorporación de tecnologías digitales en la gestión pública "constituye una herramienta estratégica para simplificar los procedimientos administrativos, agilizar la vinculación entre municipio y ciudadanía, y mejorar la eficiencia, la transparencia y la calidad de los servicios", dice Simoniello en los fundamentos.

La experiencia comparada, tanto nacional como internacional, demuestra que "estos procesos de modernización sólo resultan sostenibles cuando se acompañan de un marco jurídico claro, que ordene su implementación y resguarde los derechos de las personas".

Luego recuerda que la Provincia puso en funcionamiento la Plataforma de Gestión Digital “Timbó”, ecosistema administrado por la Unidad de Gestión Timbó, que permite la tramitación de expedientes digitales, la firma electrónica y digital de actos administrativos, el domicilio digital y la atención virtual a la ciudadanía, etcétera.

"Por razones de eficiencia y de racionalidad en el uso de los recursos públicos municipales, consideramos pertinente que el municipio adhiera a dicha plataforma en lugar de afrontar el desarrollo o la adquisición de un sistema propio equivalente", justifica luego.

El proyecto del edil radical reconoce e incorpora estándares reconocidos a nivel internacional en materia de gobernanza de sistemas de IA en el sector público.

"El Reglamento de IA de la Unión Europea consolidó un enfoque basado en el riesgo que prohíbe expresamente prácticas como la vigilancia masiva indiscriminada y la calificación social de las personas", expresa.

También, exige supervisión humana y evaluación de riesgos para los sistemas de mayor impacto sobre derechos fundamentales, principios que este proyecto recoge y adapta a la escala y a las competencias de la administración municipal", cierra Simoniello.