Proponen discutir una iniciativa que establezca compensaciones para las provincias agroproductoras

La distribución de los recursos entre el Estado nacional y las provincias es, probablemente, uno de los temas más determinantes de la historia argentina: atraviesa la vida del país desde antes de su conformación como Nación y ha incidido decisivamente en casi todos los conflictos de los tiempos de la organización nacional.

De manera recurrente surgen propuestas que, ante la aparente imposibilidad de sancionar una nueva ley de coparticipación —como dispone la Constitución nacional reformada en 1994—, buscan al menos crear mecanismos para compensar a las provincias agroproductoras que pagan retenciones.

La propuesta fue impulsada inicialmente por Carlos Reutemann cuando era senador nacional, como alternativa a la política de retenciones del Gobierno nacional, entonces enfrentado con el sector agroexportador. Aunque se opuso a la iniciativa del santafesino, el Gobierno fue el único que creó un mecanismo de compensación mediante el Fondo Soja. Reutemann sostenía, con cierta lógica, que la producción agropecuaria desgastaba el suelo.

"La reforma constitucional de 1994 modificó el mapa fiscal al reconocer a las provincias la propiedad de sus recursos naturales. Esto favoreció especialmente a jurisdicciones como Neuquén, Mendoza, Chubut y Santa Cruz, cuyo esfuerzo fiscal no es comparable con el de Santa Fe. A junio, por ejemplo, Neuquén había percibido 903 millones en regalías petroleras, mientras Santa Fe recaudó 1.400 millones de pesos por Ingresos Brutos, un impuesto que exige un esfuerzo tanto del fisco como de los contribuyentes. Así, mientras la Región Centro y Buenos Aires dependen de tributos como Ingresos Brutos e Inmobiliario, otras provincias reciben ingresos extraordinarios por Vaca Muerta y yacimientos similares de gas y minería. Será necesario revisar este desequilibrio para avanzar hacia un esquema más equitativo; de lo contrario, las provincias del sur concentrarán un mayor desarrollo", afirma Jorge Simón, economista y ex secretario de Finanzas de la provincia.

La idea es sencilla. Así como tienen las provincias mineras, petroleras, tienen riquezas en el subsuelo, Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires, Entre Ríos, tienen la riqueza en el suelo y no pueden cobrar regalías porque no se las pueden cobrar a sus productores agropecuarios y a la producción que se exporta no pueden cobrarle impuestos provinciales. ¿De dónde saldrían los fondos para pagar estas compensaciones? Del diferencial que Nación recaudaría de Ganancias a partir de la baja o eliminación de las retenciones que irían a constituir un fondo específico por afuera de la masa coparticipable y que se distribuiría entre las provincias productoras.

Distintas miradas

Consultado para esta nota, el ministro de Economía de Santa Fe, Pablo Olivares, reiteró la postura de la actual gestión: "Es público que nosotros pedimos que se saquen las retenciones al agro no solo porque las cobra el Estado Nacional sino porque entendemos que no se le debe quitar al productor, es decir que son recursos que deben quedar en la actividad económica y no captarlo el Estado".

"La idea de regalías por el uso del suelo en el fondo es una discusión por quien le saca al productor ese recurso y nosotros creemos que no hay que sacarle al productor recursos. La disyuntiva retención vs regalías parte del supuesto de que alguien le saca eso al productor y la discusión es por quien se la saca. Si el Estado Nacional o las Provincias. A las regalías alguien las paga. Y es el mismo productor o el dueño de la tierra quien se la traslada al productor si quien produce no es el dueño. El mejor destino es en el giro de la actividad de la producción", expresó el ministro.

Las instituciones vinculadas con el campo y la agroindustria sostienen que eliminar las retenciones aumentaría la recaudación. Según un informe de la Bolsa de Comercio, la Nación compensaría la pérdida de ingresos por Derechos de Exportación por dos vías: la mayor rentabilidad de los productores ampliaría la base imponible de los impuestos a las Ganancias y a los Débitos y Créditos; y el crecimiento de la producción y la inversión tendría un efecto multiplicador sobre la economía. El estudio estima que, desde el cuarto año, la eliminación de las retenciones generaría para el Estado nacional un resultado neto positivo de US$ 296 millones frente al escenario en que se mantuvieran sin cambios.

¿Es viable el proyecto? Para Jorge Simón, sí, aunque no en un período electoral. Recuerda que, antes de 2000, la Nación no compensaba el déficit de las cajas jubilatorias provinciales. Entonces, Carlos Reutemann, Carlos Ruckauf y José Manuel de la Sota reclamaron que las provincias que no habían transferido sus cajas recibieran una compensación, ya que también financiaban mediante impuestos el sistema nacional.

Ese reclamo quedó plasmado en los acuerdos federales. Para Simón, el antecedente demuestra que una compensación es posible, aunque debería plantearse fuera del calendario electoral, quizá en 2028. Advierte que, de no hacerlo, el mapa fiscal será cada vez más desigual: algunas provincias contarán con ingresos comparables a los generados por Vaca Muerta o economías petroleras, mientras otras quedarán rezagadas en un contexto que beneficia principalmente al agro, la energía y la minería.