Agente financiero: el Ejecutivo respondió al Tribunal de Cuentas

Ivana Fux
ifux@ellitoral.com

El Ministerio de Economía respondió por escrito a los interrogantes que le formuló el Tribunal de Cuentas sobre la licitación pública, para definir el futuro agente financiero de la provincia de Santa Fe. En diálogo con El Litoral, el secretario de Finanzas, Carlos Fernández, defendió el proceso, ratificó lo actuado hasta el momento y resumió los argumentos que expusieron ante el organismo de control.

La primera consigna del Tribunal era que se justificara el plazo de 30 días otorgado entre el llamado a licitación y la apertura de sobres, teniendo en cuenta la documentación abultada que debía presentarse, y que el plazo podía resultar demasiado exiguo.

“Creemos que era un plazo razonable para que las entidades interesadas pudieran formular la oferta del Plan de Negocios, que era lo único que podía llevarles algún tiempo. Porque el resto de la información solicitada no era más que recoger lo que los propios bancos suministran al Banco Central, como balances o cantidad de casas habilitadas; eso no requería ningún trabajo”, explicó.

Incluso respecto del Plan de Negocios, recordó que es una exigencia que el Banco Central le impone a todas las entidades cada tres años. “Lo que se le podía agregar a ese plan eran especificidades propias de la provincia de Santa Fe”, sostuvo. En el mismo sentido, destacó que ninguno de los bancos interesados se quejó por los plazos previstos.

“La pauta de que eran cuestiones no dificultosas la da el hecho de que ninguna entidad planteó eso como una traba para formular su oferta, ni el Banco de Santa Fe ni los demás interesados que no llegaron con sus propuestas”, aseveró.

Con respecto a la situación de los inmuebles que son alquilados al Nuevo Banco de Santa Fe -otra de las consignas del Tribunal-, dijo que entregaron al organismo una lista “con alto grado de detalle” sobre los que fueron transferidos al agente financiero, los que están en alquiler y los que fueron devueltos a la provincia.

Depósitos judiciales

El tercer interrogante del Tribunal de Cuentas aludía a por qué se eligió al Banco Municipal de Rosario como destinatario de los depósitos judiciales. Fernández dijo que ése es el único banco público con casa en la provincia, y advirtió que también es el “único” que siendo agente financiero en un nivel del Estado -el municipal-, no administra los depósitos judiciales de su territorio.

“Eso lo pone en una situación de absoluta desventaja respecto de otros agentes financieros. Además -acotó-, hay una ordenanza en Rosario impulsada por la propia oposición, que plantea que los depósitos judiciales de la ciudad deben ser administrados por su Banco”.

El funcionario aclaró que esa entidad sólo recibirá los depósitos de los tribunales de Rosario -unos 250 millones de pesos-, e intentó no circunscribir la discusión en torno del banco rosarino. “Nosotros creemos que en el futuro podría darse que otra región tenga un banco propio, y nos parecería de absoluta justicia que los depósitos judiciales de ese lugar no los administre el agente provincial, sino el hipotético banco público local”, comentó.

Fernández minimizó las críticas de la oposición en este sentido -ver aparte- y relativizó que también el Tribunal de Cuentas haya reparado en esta decisión.

“Está bien que el Tribunal lo haya planteado porque es una novedad. (El Municipal) es un banco público y nuestra concepción en cuanto a las finanzas es que tiene que haber herramientas financieras que jamás pueden ser desprendidas del poder político. Así como Rosario durante 115 años por algo defendió su banco, la provincia nunca se tendría que haber desprendido de herramientas tan importantes como el banco Provincial y el Santafesino de Inversión y Desarrollo”, expresó.

Aspectos técnicos

El último interrogante del Tribunal aludía a los parámetros establecidos por el Ejecutivo en el pliego para evaluar la oferta técnica. Al respecto, Fernández dijo que fueron requisitos que se plantearon para que los bancos que ofertaran lo hiciesen cumpliendo una serie de requisitos mínimos.

“Se trata de condiciones que hacían al nivel de bancos, servicios y cobertura territorial, que se dispusieron para que pudiesen participar y entrar muchos bancos. Uno de esos requisitos fue la cantidad de sucursales; el número mínimo debía ser 35, lo cual habilitaba al Nación, al Credicoop, al Bisel y al Nuevo Banco de Santa Fe”, manifestó.

El funcionario dijo que estos requisitos “mínimos” se establecieron porque “había que tener un corte para que quedasen excluidos aquellos bancos que no tuviesen una presencia en la provincia cuanto menos mínima”.

Críticas de la oposición

La decisión del Poder Ejecutivo de derivar al Banco Municipal de Rosario los depósitos judiciales de esa ciudad provocó una fuerte reacción en la oposición. Los referentes del justicialismo advirtieron que las cuentas de esa entidad no están saneadas y que la medida del gobierno de darle participación operaría como una suerte de salvavidas. Pero Carlos Fernández descalificó estas críticas.

“La oposición ha dicho muchas inexactitudes, como que hay una reprivatización del Banco de Santa Fe. El BSF se privatizó una vez y después cambió de dueño. Lo que nosotros licitamos ahora son los servicios de agente financiero y caja obligada de los fondos de la provincia. Esto nada tiene que ver con una privatización. Y, con respecto a la situación del Banco Municipal, es muy simple: sugerimos dirigirse a la página de Internet del Banco Central donde aparecen las cuentas del Banco de Rosario. Allí está todo dicho”, aseguró.

Según afirmó, el Banco Municipal tiene utilidades que se duplican año tras año desde 2006.

“Sí sufrió todas las consecuencias del modelo neoliberal y privatizador impuesto en los ‘90 en la República Argentina. Pero, pese a eso, el Banco se sostuvo, tiene 115 años de antigüedad, y sus números son perfectamente sólidos”, insistió.

Transparencia

Carlos Fernández negó que las preguntas del Tribunal de Cuentas siembren dudas sobre la transparencia del proceso licitatorio que está en marcha.

“No, en absoluto -dijo el funcionario ante la consulta de El Litoral-. Son preguntas, temas que el Tribunal de Cuentas necesita que sean aclarados y desarrollados; dudas sobre las razones por las que el pliego dice tal o cual cosa. Nos parecen legítimas y fueron respondidas por nosotros”. De esa forma, ratificó todos los pasos dados hasta el momento. “Hemos expuesto argumentos convincentes e información clara para que el Tribunal se dé por satisfecho”, aseveró.