Las Cámaras de Senadores y de Diputados aprobaron hoy un documento en el que instaron a los miembros de las fuerzas de seguridad a ‘adecuar sus acciones a pautas de funcionamiento democrático y subordinación a las autoridades legalmente constituidas‘.
El texto de Diputados contó con la firma de los titulares de todas las bancadas, oficialistas y opositores, mientras en el Senado el radicalismo votó en contra del documento por considerar que el texto contenía alusiones a una eventual ‘desestabilización del sistema democrático‘.
En la Cámara alta el resultado de la votación fue de 49 votos contra 15, después de un debate de más de una hora en la que los radicales reclamaron la comparencia hoy mismo de la ministra de Seguridad, Nilda Garré, y el justicialista disidente Adolfo Rodríguez Saá, la del jefe de gabinete, Juan Manuel Abal Medina.
El texto de la declaración señala: ‘Los diputados (y senadores) nacionales representantes de los diferentes partidos políticos instamos a los integrantes de las fuerzas de seguridad y otras a adecuar sus acciones a pautas de funcionamiento democrático y subordinación a las autoridades legalmente constituidas, en todo de acuerdo con la Constitución‘.
La declaración de los diputados lleva las firmas de Agustín Rossi, María Teresa García y Juliana Di Tullio (FPV); Alicia Ciciliani y Juan Carlos Zabalza (socialista); Victoria Donda (Libres del Sur); Ricardo Gil Lavedra (UCR); Carlos Heller (Nuevo Encuentro); Federico Pinedo (PRO); Eduardo Amadeo (Frente Peronista); Alfonso Prat Gay (CC-ARI); Patricia Bullrich (Unión por Todos); y Norma Matarazzo (Frente Cívico de Santiago del Estero).
Los titulares de bloques de la cámara baja acordaron el texto luego de una convocatoria que realizó el presidente de la Cámara, Julián Domínguez, quien había recibido un llamado del jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina.
En el Senado, el tema tuvo un proceso más accidentado, a partir del llamado urgente del presidente del Senado, Amado Boudou, a todos los titulares de los bloques para deliberar en el Salón Gris, adjunto a su despacho.
La reunión en la presidencia de la cámara alta no arrojó acuerdo entre oficialismo y sectores de oposición, por lo que los titulares decidieron esperar nuevas conversaciones pero mientras tanto iniciar la sesión pautada para hoy a las 14.
El tema surgió de inmediato en el Senado con el pedido de varios miembros del radicalismo, Gerardo Morales y José Cano entre otros, de la comparencia inmediata de la ministra de Seguridad para ‘brindar las explicaciones sobre la situación de las fuerzas de seguridad y las razones del conflicto por los salarios‘.
Por su parte, el justicialista disidente Adolfo Rodríguez Saá instó al jefe de Gabinete a concurrir a la cámara alta para que ‘nos diga que pasó‘: ‘No es momento de soberbias, ni de seguir dividiendo a los argentinos. Esto que pasa es grave y lo vamos a escuchar con respeto‘.
El cordobés del FAP Luis Juez respaldó las iniciativas de los radicales y de Rodríguez Saá a favor de la concurrencia de los funcionarios nacionales y advirtió que la situación ‘es grave‘ y requiere ‘una solución de fondo‘.
El radical Eugenio Artaza reclamó el apoyo de la cámara a proyectos suyos anteriores a favor de la normalización del pago de los sueldos en blanco a todos los empleados del Estado que incluye a las fuerzas de seguridad.
Pero las iniciativas opositoras fueron rechazadas por el titular del bloque del Frente para la Victoria, Miguel Pichetto, quien calificó de ‘oportunistas‘ los pedidos de comparencia de los funcionarios nacionales y rechazó la acusación de que el texto sancionado por diputados tuviera la intención de definir a los hechos como ‘desestabilizadores‘ de la democracia.
El titular del oficialismo senatorial dijo que ‘se trata de hechos delicados y complejos que no se puede dejar pasar. No puede haber un planteo de anarquía, de salir a la calle‘ por parte de personal de las fuerzas de seguridad. Tampoco es aceptable la sindicalización porque ellos tiene una estructura vertical y jerárquica de funcionamiento y una conducción a cargos de los máximos responsables de la democracia, en la Nación y en las provincias‘.
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