La presidenta Cristina Fernández de Kirchner dispuso hoy la intervención de la obra social del sindicato de los bancarios, a cargo de Juan José Zanola (presidente de la obra social y secretario general del gremio a nivel nacional), tras un pedido del juez federal Norberto Oyarbide, en relación con una causa por medicamentos falsos y adulterados.
Así lo anunció el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, acompañado por el ministro de Salud, Juan Manzur, en el marco de una rueda de prensa en Casa de Gobierno, luego de mantener un encuentro con la jefa de Estado en la residencia de Olivos.
Asimismo, se informó que al frente de la intervención quedará el doctor Pedro Ferrara.
Indagatoria
El juez federal Norberto Oyarbide anticipó hoy que citará a declaración indagatoria al gremialista Juan José Zanola, a su mujer Paula Aballay, al ex subsecretario bonaerense de Salud Alberto Costa, y al mayorista farmacéutico Néstor Lorenzo, en la causa sobre la llamada "mafia de los medicamentos".
El magistrado, en las ya habituales declaraciones al periodismo en la puerta de su casa, también adelantó que "de ser necesario" citará a declarar al ministro de Salud de la Nación, Juan Manzur, y al secretario bonaerense de Salud, Claudio Zin (se da por descontado que ambos en calidad de testigos).
"El juzgado sigue trabajando, reuniendo y analizando todas las pruebas para poder efectuar la convocatoria de distintas figuras que tienen que ver con este ilícito", dijo el juez.
Y cuando los periodistas le preguntaron si ese llamado incluiría a Zanola, el juez contestó "no le quepa la menor duda" y agregó: "El señor Zanola surge altamente comprometido con todas las pruebas, desde ya a su compañera también le tocará el turno y a Lorenzo y a Acosta".
Entonces le consultaron si también llamaría a su juzgado a Manzur y a Zin, a lo cual Oyarbide respondió: "Si es necesario, sí".
Estos anticipos del juez cumplen con el pedido hecho por el fiscal federal Luis Comparatore, quien la semana pasada ya había pedido al magistrado que cite a todos los nombrados y también al ex superintendente de Salud, Héctor Capaccioli, sindicado como recaudador de la campaña presidencial de Cristina Fernández.
Comparatore, impulsor de la causa por la "mafia de los medicamentos", sostuvo que en el caso hubo "corrupción" y advirtió que este delito no se trata solo de una maniobra "económica" sino que "es lo más cercano a un homicidio" y que "evidentemente acá hay algunas personas que no han cumplido con esa obligación. Hay corrupción".
En cuanto al pedido que hizo de intervención de la Obra Social Bancaria Argentina (OSBA), Oyarbide resaltó el padecimiento de muchos pacientes "por no saber si el tratamiento que están recibiendo es el adecuado" y dijo que "tengo entendido que nuestra Presidenta va a dar a conocer la intervención formal a la Asociación" (luego se produjo el anuncio oficial).
"Si se interviene habrá autoridades nuevas que dirijan esa obra social", consideró y afirmó que "eso no implica que Zanola pierda su actividad gremial, eso a mi no me importa".
De los personajes a llamar a declarar como imputados, ya hay varios que se adelantaron: Paula Margarita Aballay, pareja de Zanola y responsable administrativa del Policlínico Bancario y a cargo del control de los medicamentos, se presentó el viernes en el juzgado acompañada de un abogado para pedir una "eximición de prisión", una medida para evitar su inminente detención.
En tanto, Alberto Costa -el despedido subsecretario de Control Sanitario del Ministerio de Salud bonaerense que fue mencionado en la causa- también apareció en los tribunales de Retiro: dejó un escrito en el juzgado para rechazar cualquier vinculación con la causa, acompañado de su abogado, Fernando Burlando.
Costa había aparecido en escuchas telefónicas junto a Lorenzo, dueño de la droguería San Javier, pieza clave de esta causa y quien también espera ser llamado a indagatoria.
El viernes pasado Oyarbide había ordenado a la Policía Federal un segundo allanamiento del Policlínico Bancario en la última semana y los agentes secuestraron una veintena de cajas con medicamentos presuntamente adulterados almacenados en la farmacia y documentación que iba desde historias clínicas de pacientes oncológicos -vivos y fallecidos- hasta papeles clave para probar un supuesto lavado de dinero en torno a la empresa San Javier.
Una versión de fuentes allegadas a la causa indicó que desde la conducción gremial se habría intentado retirar troqueles y documentos que quedaban en las oficinas antes de la llegada de los policías.
El escándalo por la ‘mafia de los medicamentos‘ estalló hace una semana, cuando el juez Oyarbide ordenó la detención de Lorenzo, propietario de San Javier, la droguería que proveía medicamentos a la Bancaria y que está sospechada de haber distribuido medicamentos "truchos" o adulterados para enfermos con cáncer y sida.
Además, Oyarbide dijo que "podría llegar a haber" alguna conexión entre el presunto suministro de medicamentos falsos en la obra social bancaria (OSBA) y el triple crimen de General Rodríguez.
"Si ustedes recuerdan, la camioneta de (Sebastián) Forza apareció cerca del Policlínico Bancario y al requisarse resultó que dentro estaba repleta de productos oncológicos falsos", sostuvo.
Fuente: DyN / Télam





























