Balbín, desaforado y a la cárcel

Rogelio Alaniz

Todo empezó en Rosario. Fue con motivo del Congreso Nacional Agrario celebrado por el radicalismo el 30 de agosto de 1949. La reunión concluía con un acto público en el hablaría Ricardo Balbín, presidente del bloque parlamentario de la UCR y el dirigente más reconocido de una oposición que se distinguía entonces por contar con talentosos dirigentes políticos.

Según se cuenta, Frondizi le había advertido al caudillo radical que controlara sus palabras porque estaban enterados de que el gobierno montaría una provocación destinada a desaforarlo y meterlo preso. Incluso, Frondizi sabía que tres o cuatro policías habían sido destacados para grabar sus palabras para iniciarle una causa judicial. Le recordó, por último, que ya había habido problemas con sus discursos en Trenque Lauquen, Pergamino, Mercedes y General Villegas, ciudad está ultima donde, según se decía, había pronunciado ofensas irreparables contra el ministro Borlenghi.

Balbín le contestó a su correligionario que se quedara tranquilo, que sería más prudente que nunca, pero una vez subido a la tribuna y ante el requerimiento de un público que pedía palabras duras, Balbín se despachó con uno de sus mejores repertorios en contra de la dictadura peronista y, entre otras bellezas, convocó a la juventud a realizar una verdadera revolución social.

Al otro día, el diario El Tribuno de Rosario publicaba los principales párrafos del discurso. Esa misma semana el juez federal santafesino, Alejandro Ferraronz, reclamó el desafuero parlamentario ante una demanda presentada por el diputado peronista Luis Roche, asesorado por el abogado Carlos García Montaño. Los nombres merecen mencionarse, aunque más no sea por una atención a sus titulares, ya que si no hubiera sido por este episodio la mayoría de ellos se habrían hundido en el anonimato más absoluto.

El trámite judicial se inició con un expediente de 28 fojas, Balbín estaba acusado de desacato y de violar el artículo 244 del Código Penal. No eran tiempos para quedarse tranquilo. Para esa época ya habían sido sancionados los diputados radicales Eduardo Sammartino y Agustín Rodríguez Araya, y poco tiempo después correrían la misma suerte Mauricio Yadarola y Atilio Cattáneo. Con la dictadura peronista no se jugaba. Esa verdad la estaba aprendiendo en carne propia Cipriano Reyes, uno de los promotores del 17 de octubre, y que en pago a los servicios prestados sería detenido, torturado y encerrado en la cárcel hasta 1955.

(Lea la nota completa en la Edición Impresa)