El debate generado por la ley de Descanso Dominical, que se inició incluso antes de que la Legislatura aprobara la norma en noviembre de 2014, continúa su curso en la provincia de Santa Fe.
La decisión está en manos de la Corte. Y en el caso de que la ley no fuera inconstitucional, los Concejos Municipales deberán actuar con responsabilidad y sentido común.
El debate generado por la ley de Descanso Dominical, que se inició incluso antes de que la Legislatura aprobara la norma en noviembre de 2014, continúa su curso en la provincia de Santa Fe.
Esta semana, el procurador general de la Corte Suprema de Justicia, Jorge Barraguirre, llegó a la conclusión de que la controvertida ley no viola la Constitución Nacional. Lo hizo luego de que, a mediados del año pasado, la Cámara Civil, Comercial y Laboral de Reconquista declarara inconstitucional la norma y las ordenanzas de adhesión dictadas en las municipalidades de Reconquista y Avellaneda.
En aquel pronunciamiento, los camaristas hicieron lugar al amparo presentado por supermercadistas de la zona y declararon la inconstitucionalidad de las normas, por legislar sobre cuestiones que atañen al Congreso de la Nación.
El procurador de la Corte no opina lo mismo, pero su dictamen no es vinculante. Durante los próximos días, se espera que los integrantes del máximo Tribunal den a conocer su postura, que puede coincidir o disentir con la de Jorge Barraguirre.
De todos modos, existe un aspecto de esta ley que en cualquier caso tiene vital importancia: los legisladores dejaron en manos de los Concejos Municipales la decisión de adherir o no al descanso dominical, a partir de la realidad particular de cada ciudad, de su entramado social, sus prácticas comerciales y el número de habitantes.
Incluso, en el hipotético caso de que la Corte coincida con la posición del procurador, los concejales de cada rincón de la provincia deberán abordar el tema con absoluta responsabilidad y sentido común, teniendo en cuenta el interés general y sin caer en la demagogia de ceder a las presiones sectoriales.
En ciudades más chicas, se avanzó en la implementación del descanso dominical. En algunos casos, de manera consensuada entre el empresariado, el sector político y los sindicatos. En otros, sin embargo, se generaron situaciones de conflicto que derivaron en planeos judiciales.
La situación de conglomerados urbanos como Rosario o Santa Fe tiene otras particularidades. Allí, el cierre dominical de los comercios podría generar perjuicios en materia laboral que no sólo afectarían a las empresas sino, sobre todo, a sus empleados.
En Concejo santafesino optó por no abordar la temática hasta saber cuál sería la postura de la Justicia. En su momento, incluso, representantes del oficialismo local advirtieron que la ley muestra ciertas debilidades desde el punto de vista jurídico. Además, plantaron que la ley apunta a un sector específico del comercio, lo que podría generar un trato inequitativo que atente contra la libre competencia.
En el caso de Santa Fe (cercana a Paraná), de aplicarse el descanso dominical obligatorio para empleados de grandes comercios, se estaría generando una situación de desigualdad para las empresas locales, ya que los vecinos tendrían la oportunidad de trasladarse hasta la capital entrerriana para hacer sus compras.
A esto se suma el hecho de que en los últimos años se vienen realizando enormes esfuerzos estatales y privados para posicionar a la ciudad como una alternativa turística, sobre todo durante los fines de semana. Estos avances podrían verse seriamente perjudicados en caso de que se ordene el cierre de los grandes locales comerciales.