Casa Rosada enfrenta una avanzada judicial que no sólo tiene que ver con el caso Adorni

La sede del Poder Ejecutivo Nacional continúa en modo ‘comité de crisis’ en medio de la avanzada judicial que tiene como protagonistas al caso $LIBRA y las denuncias contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. La Mesa Política que se reunió este lunes también puso el foco en la preparación de la apelación al amparo -promovido por la CGT- que frenó 83 artículos de la promulgada ley 27.802 de Modernización Laboral, además de otros temas vinculados a la agenda parlamentaria que promueve nuevas reformas. “Estamos sopesando cuál es la competencia para apelar. Se analiza si será en el juzgado de ese fuero o en la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal”, indicó una fuente de la Presidencia.

Esto era algo que el Gobierno de La Libertad Avanza preveía, y fue por eso que apenas se aprobó la iniciativa en el Congreso se se inició el trabajo de los equipos técnicos -coordinados en gran parte por la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzábal Murphy- que deberá contrarrestar las resistencias que lleguen a los tribunales.

Vacantes

En torno a las discusiones que se dan alrededor de cómo se seleccionarán las más de 300 vacantes que se deben cubrir en el Poder Judicial de todo el país, El Litoral consultó a un alto asesor gubernamental con respecto al proyecto que presentaron los supremos, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, encaminada a modificar los criterios de selección de los letrados. El informante dijo que la medida “deberá pasar la votación”, y puntualizó que “todavía no se habló con el viceministro de Justicia, Santiago Viola, acerca de la postura que tendrá ante el Consejo por esta acordada”. La voz libertaria fue contundente al aseverar que para la administración de Javier Milei “el Consejo de la Magistratura no debería existir; es un error de la reforma constitucional de 1994”, opinó, para añadir que “la postura de esta gestión es disminuir todo interés que haya en la selección de jueces”, sea político y de otra índole. “Todo gobierno quiere un perfil de jueces en función de su proyecto”, afirmó.

Asimismo, se supo que el criticado órgano que designa y controla a las autoridades judiciales ya preparó ternas de jueces, defensores y fiscales que deben designarse en los estados provinciales. Las mismas “ya están cerradas y ahora corresponde la revisión por parte del Ministerio de Justicia, que luego las elevará al Presidente para que elija y envíe los pliegos a la Cámara alta. “En principio, se elevarán unos 50 pliegos para comenzar a cubrir esos lugares”. Al mismo tiempo, la fuente aclaró que la postura de Milei acerca de la Justicia “es no entrometerse”.

El otro dato importante que salió de las usinas comunicacionales centralizadas en la Casa Rosada tiene que ver con que uno de sus portavoces informales expresó que “no es necesario en lo inmediato” completar el número de integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que de esta manera continuará con tres miembros. La posibilidad que barajó la misma garganta es que “los nombres se podrían enviar (recién) en 2027 o 2028”, en una eventual reelección del actual Primer Mandatario. Vale recordar que fue justamente el pliego -promovido por Balcarce 50- de Ariel Lijo, el que fue rechazado en el Senado. Nos referimos al juez federal que instruye en las causas que apuntan al jefe de Gabinete y vocero presidencial Adorni.

El magistrado sigue sonando en los pasillos del poder como potencial candidato a ser Procurador General de la Nación, cargo que hoy ocupa Eduardo Casal, pero de manera interina. El otro recomendado por el PEN que no pudo acceder a integrar definitivamente el máximo tribunal del país fue Manuel García-Mansilla, quien tras ser nombrado por el decreto 137/2025 tomó la decisión de dejar el cuerpo cuando su moción fue rechazada en el recinto senatorial.

Rechazo a cautelar

En otro orden de cosas, pero también relacionado a las cuestiones que se dirimen en los estrados, la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal rechazó la apelación del poder central a una medida cautelar -dictada en primera instancia- que dispuso el cumplimiento de los artículos 5 y 6 de la ley 27.795 que se refieren a la actualización de los sueldos de docentes y no docentes de todas las universidades públicas. Los juristas que motorizaron la respuesta resaltaron que el proyecto fue aprobado por amplia mayoría en ambas cámaras del Parlamento nacional. En este marco, la Justicia le exige al gobierno mileísta -que envió un proyecto para modificar el que está en litigio- que aplique la ley sancionada. El argumento del oficialismo nacional manifiesta que la misma “no establece explícitamente las fuentes de financiamiento, y que “su aplicación generaría un deterioro en las cuentas públicas”.

En respuesta, los jueces sostuvieron que implementar la medida no tiene consecuencias significativas, a la vez que remarcaron que el Ejecutivo está impedido de suspender una ley del Poder Legislativo Nacional “basándose en normas de administración financiera de igual o menor jerarquía normativa”.

A ese respecto, en Casa de Gobierno aseguraron que “vamos a acatar el fallo, pero va a ser en forma discrecional, porque el monto para enfrentar esos gastos no está en el Presupuesto 2026”, consignó un alto funcionario, dando a entender que esa definición implica que se girarán las partidas mínimas. “No descartamos que se apele ante la Corte Suprema y mientras tanto nosotros vamos a seguir impulsando el proyecto de Financiamiento Universitario que ya está en el Congreso”, concluyó.