Con polémica, avanza la designación del Defensor del Pueblo de la Nación

La Comisión Bicameral Permanente de la Defensoría del Pueblo se reunió este miércoles en el Senado para reanudar el proceso de designación del Defensor del Pueblo de la Nación y del Procurador Penitenciario, que seguirá su curso con audiencias públicas para evaluar a los candidatos que están en carrera.

El encuentro se desarrolló en el Salón Illia de la Cámara alta y fue presidido por el senador nacional de la UCR Daniel Kroneberger, con la diputada nacional de Encuentro Federal Margarita Stolbizer como secretaria.

En total quedaron 38 postulaciones para el cargo de Defensor del Pueblo y siete para el de Procurador Penitenciario: los candidatos deberán presentar un plan de trabajo en un plazo de 48 horas, previo paso a las audiencias que comenzarán el 29 de octubre.

Kroneberger destacó que el proceso abierto para cubrir esas vacantes es "una respuesta a los argentinos" y "una deuda de la política". El radical pampeano ponderó que se trata de un procedimiento "transparente, en tiempo y forma", en el que se inscribieron inicialmente 76 postulantes para la Defensoría del Pueblo y 17 para la Procuraduría Penitenciaria.

Por su parte, la senadora de Unión por la Patria Anabel Fernández Sagasti resaltó el avance institucional que significaría poner fin a 16 años de vacancia en un cargo tan importante como la Defensoría del Pueblo. También valoró el hecho de que las audiencias públicas sean televisadas, lo que garantizará "publicidad, transparencia y acceso ciudadano al proceso".

Sin embargo, la diputada libertaria Lilia Lemoine (La Libertad Avanza) cuestionó el proceso, al considerar que "se está bufonizando" para acelerar la designación del defensor del pueblo en un contexto en el que el oficialismo no cuenta con el tercio necesario en ambas cámaras. Criticó la presencia de candidatos vinculados a la política y la justicia, y sostuvo que "el proceso está mal" por no respetar la Constitución, el federalismo ni el derecho democrático.

En respuesta, Stolbizer defendió la legitimidad del procedimiento, destacando que "ha sido celebrado por numerosas organizaciones de la sociedad civil que reclamaban su apertura desde hace años". Afirmó que se buscará garantizar "la máxima calidad posible" en la terna final, priorizando la idoneidad y la trayectoria en derechos humanos.

Por su parte, Fernández Sagasti remarcó que "es una responsabilidad de los legisladores que no haya Defensor hace quince años", y denunció que "el gobierno intentó frenar el proceso por motivos políticos e institucionales". Reivindicó el compromiso de su bloque para que los candidatos seleccionados representen "la mejor expresión de la institucionalidad argentina".

Y en respuesta a Lemoine, aclaró que "las incompatibilidades que nombró la legisladora son 'en ejercicio'". "Es claro que (la ley se refiere) en ejercicio de la Defensoría de la Nación y que no se puede tener otro cargo ni siquiera partidario".

La impugnación

No obstante, el momento en que Lemoine propuso impugnar el proceso y la posterior explicación de la mendocina se volvió viral en redes sociales. Y lejos de llegar a una tregua, la diputada nacional Marcela Pagano -quien está enfrentada a la libertaria desde hace meses- ironizó en un posteo de X: "Es apremiante que mejoremos las herramientas educativas para que el nivel de lecto-comprensión de los argentinos vuelva a estar entre los mejores del mundo".

Con la intención de nutrir su argumento, Lilia Lemoine agregó que "es mentira que se haya promovido la participación ciudadana... sobre todo porque los preseleccionados fueron a dedo".

"Yo me pregunto: ¿cómo es que tenemos candidatos que son legisladores, ex legisladores, pertenecientes a grupo políticos, legisladores en actividad, jueces o un juez que presentó 15.000 avales en tiempo récord que fue destituido por abuso de poder que eso merece una impugnación por sí mismo?", cuestionó la diputada de La Libertad Avanza.

Antes de terminar su intervención en el Salón Arturo Illia, Lemoine reiteró que "no se está respetando el derecho democrático", y consideró que "se aceleró cuando La Libertad Avanza perdió el tercio de apoyo en el Congreso". Reiteró que se debe impugnar el proceso, advirtió que "di la chance de que el proceso siguiera y me doy cuenta de que no se está haciendo de manera correcta", y agregó: "solo fueron notificados los que están conectados con la política".

En el cierre de la conjetura presentada ante los vocales de la Bicameral Defensor del Pueblo deslizó otro cuestionamiento: "¿Para qué lo estamos haciendo? ¿Para seguir poniendo palos en la rueda a un gobierno? Esto no fue abierto al público ni de amplia participación y debería impugnarse porque a los 39 finalistas los elegimos a dedo y ayer".

Sorpresa

Las autoridades de la Bicameral Defensor del Pueblo, Daniel Kroneberger en el rol de presidente y Margarita Stolbizer como secretaria, quedaron atónitos con la moción elevada por la diputada libertaria. En el final, Fernández Sagasti incorporó que "me extraña que se falte a la verdad para intentar ensuciar un proceso que la Constitución nos manda a los legisladores y no podemos mirar para otro lado".

Y relató que tanto al proceso de selección de candidatos para la Defensoría del Pueblo como el de la Procuraduría Penitenciaria se exigió la entrega del certificado de antecedentes penales, el de posibles deudores alimenticios y una planificación de lo que desean hacer. "Hemos subido la vara de lo que establece la Constitución Nacional y la ley para hacer este proceso más serio", concluyó.

Demora y efectos

El Congreso puso en marcha el proceso para designar al Defensor del Pueblo de la Nación tras 16 años de vacancia en el cargo, por falta de acuerdos políticos para cubrirlo, y de una nueva exhortación de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

El texto constitucional establece que el Defensor del Pueblo "actuará con plena autonomía funcional, sin recibir instrucciones de ninguna autoridad" y que "su misión es la defensa y protección de los derechos humanos y demás derechos, garantías e intereses tutelados en esta Constitución y las leyes, ante hechos, actos u omisiones de la Administración; y el control del ejercicio de las funciones administrativas públicas". También, tiene legitimación procesal y dura en su cargo 5 años, pudiendo ser reelecto por una sola vez, siempre con "el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de cada una de las Cámaras", una mayoría especial que requiere un nivel de consenso no alcanzado en los últimos más de tres lustros.

Desde el año 2009, cuando renunció Eduardo Mondino, no hay un titular frente a la Defensoría del Pueblo de la Nación. En reiterados fallos, la Corte Suprema de Justicia exhortó al Congreso a nombrar al Defensor. En tal sentido se pronunció en una sentencia dictada en el mes de agosto. En ese mismo expediente, el Máximo Tribunal volvió a reclamar una ley que regule los procesos colectivos, al cerrar la causa iniciada para extender el alcance del "fallo Badaro" a todos los jubilados y pensionados en situación similar.

En un voto conjunto, los jueces Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz remarcaron que el trámite del expediente se vio condicionado por la falta de un "ombudsman" que pudiera adaptar la demanda a los requisitos fijados por la propia Corte para este tipo de procesos.

En la reunión convocada luego de la exhortación de la Corte, toda la oposición unida, sin aval de La Libertad Avanza, resolvió iniciar el proceso de selección, que es el que se está llevando a cabo y volvió a ser impugnado desde el oficialismo.

Tras la confirmación de los pre-seleccionados, los candidatos asistirán a audiencia pública a la comisión el 29 de octubre. Finalmente, el 5 de noviembre la bicameral deberá confeccionar una terna y elaborar el proyecto de resolución correspondiente, el cual será elevado a ambas cámaras para su tratamiento y votación. Las mismas fechas correrán para el concurso del procurador Penitenciario.