La provincia marca una fuerte presencia en los barrios más vulnerables de Rosario y Santa Fe

Los dispositivos multiagenciales, una de las propuestas innovadoras puestas en marcha por el gobierno provincial a través del Plan Incluir, ganan terreno y se consolidan como una dinámica de intervención estatal inédita en materia de seguridad pública y también de acceso de la ciudadanía a los servicios y derechos elementales.

La virtud radica en que no se centran sólo en las clásicas estrategias penales o policiales que abordan e investigan los delitos una vez cometidos, sino que su accionar se caracteriza por la implementación de iniciativas vinculadas a un completo abordaje social en los barrios más vulnerables de Santa Fe y Rosario.

Durante el jueves y viernes pasado el dispositivo hizo base en el barrio Villa Banana de Rosario, como paso posterior al despliegue realizado en barrio Grandoli (en febrero de este año) y que continuará en el distrito de Nuevo Alberdi. La intervención no sólo abarca a la ciudad del sur, sino que se desarrolla en paralelo en la capital provincial, donde una de las experiencias tuvo al barrio Acería como escenario a fines del año pasado.

Quienes concurrieron a dicho espacio encontraron puestos de atención e información sobre el Centro Territorial de Denuncias (CTD); la Agencia de Investigación Criminal (AIC) -para la solicitud de Certificados de Buena Conducta-; Boleto Educativo Gratuito (BEG); oficina móvil del Registro Civil; vacunación contra Covid-19 de primera, segunda y tercera dosis, de la Municipalidad de Rosario; y hasta una oficina de Anses.

El tipo de estrategia que contemplan estos dispositivos se compone de un conjunto de acciones que buscan intervenir en los factores sociales, culturales, económicos y ambientales que pudieran contribuir a situaciones de violencia. Para ello, se estructura con la participación de cada uno de los poderes y niveles del Estado, con funciones específicas en cada materia.

Según recordó el ministro de Gestión Pública de la provincia, Marcos Corach, “desde el gobierno de la provincia, cuando iniciamos el Plan Incluir, una de las definiciones del gobernador Omar Perotti, en términos de política pública, era la creación y el armado de los dispositivos multiagenciales junto con la Justica, la intervención de otros ministerios y demás niveles del Estado”.

Corach explicó cómo se toma la decisión de los barrios de las dos ciudades más pobladas de la provincia donde es necesario actuar: “En el caso de Villa Banana –ejemplificó-, tomamos los indicadores que tienen que ver con lesionados, por armas de fuego y homicidios. Entonces, junto con el municipio, intervenimos con distintos organismos municipales, provinciales y nacionales”, reafirmó el ministro.

La intervención por etapas

La mecánica del dispositivo incluye una intervención en materia de infraestructura y hábitat, con una fuerte inversión del Estado provincial, de los municipios y de la Nación para la apertura de calles y relocalización de viviendas, como fue el caso del barrio Acería en la ciudad de Santa Fe, donde se ejecutarán 74 nuevas unidades habitacionales.

“También estamos presentes en la cuestión social, donde avanzamos con la problemática alimentaria y, fundamentalmente, con todo aquello que tiene que ver con la capacitación, con los oficios, a través de programas como el Santa Fe Más, para los jóvenes del barrio que tratan de conseguir un trabajo”, agregó por su parte el ministro de Desarrollo Social, Danilo Capitani.

En definitiva, la intervención de los dispositivos contempla una etapa de regulación y control, con acciones orientadas tanto a desactivar la presencia delictiva en los territorios seleccionados como a prevenir nuevas manifestaciones. Entre ellas, se contempla la promoción de estrategias coordinadas de patrullaje, control, regularización/reordenamiento del uso del espacio público, así como medidas de persecución penal estratégica.

En cuanto a la segunda etapa edilicio-habitacional, se pretende aportar a la desestructuración de ciertos circuitos de violencias mediante procesos de regularización de la tenencia de la vivienda y la mejora de las condiciones de seguridad habitacional y los entornos residenciales. Asimismo, se implementan estrategias orientadas a mejorar la circulación y la transitabilidad de los barrios, como el despeje y la limpieza de espacios públicos, la colocación de luminarias y obras de infraestructura que permitan la apropiación del espacio público.

En una tercera etapa socio-comunitario, las estrategias aportan a la desestructuración de las múltiples violencias desde una perspectiva de inclusión y empoderamiento subjetivo. Las mismas se asocian a la prevención social del delito y tienen como fin abordar situaciones de vulnerabilidad que pueden convertirse en terreno fértil de prácticas violentas.

De esta manera, en lo que respecta al abordaje social, se planificó tanto la implementación de políticas sociales universales (que garanticen el acceso a derechos básicos a los vecinos y las vecinas), así como también políticas focalizadas para resolver problemas puntuales detectados en cada barrio.