Sigue vigente el protocolo de aborto

De la redacción de El Litoral
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El juez Claudio Alberto Bermúdez (Civil y Comercial de la 4a. nominación) concedió ayer el recurso de apelación y nulidad que interpuso la Fiscalía de Estado contra la cautelar que había suspendido la interrupción de embarazos en los supuestos de violación, con la única exigencia de una declaración jurada de la víctima o de sus representantes. Al hacerlo, dejó sin efecto su propio fallo hasta tanto resuelva la Cámara en lo Civil y Comercial de Santa Fe, a la que giró el expediente.

La causa volverá a la Sala II (integrada por los camaristas Enrique Müller, María Cristina de Cesaris y Armando Drago), que ya había intervenido en junio, cuando le ordenó al juez Bermúdez que tramitara el amparo. Bermúdez dictó la cautelar el 7 de septiembre, pero recién la notificó al Ministerio de Salud un mes después, el 11 de octubre, cuando los abogados del Partido Demócrata Cristiano constituyeron la fianza que les había solicitado para asegurar la medida.

En tanto, durante la sesión de ayer en la Legislatura, el diputado Leandro Busatto ingresó un proyecto de ley por el cual regula el procedimiento para la atención integral de la salud en los casos de abortos no punibles.

Según el legislador, la iniciativa se fundamenta en los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y en el protocolo dictado por el Ministerio de Salud de la provincia.

En tanto, a la hora de las manifestaciones fue la diputada oficialista Alicia Gutiérrez quien se refirió al pronunciamiento del juez Bermúdez, que a su entender “suspenda claramente la situación de mujeres violadas”. Advirtió que la decisión del juez tiene fecha del 7 de septiembre pero recién se difundió el 11 de octubre y aclaró que “apunta a cercenar derechos”.

En su exposición hizo pública la denuncia penal por prevaricato firmada por ella más sus pares Verónica Benas (Pares), Ricardo Olivera (PJ), Susana García (CC-ARI), Oscar Urruty (PPS), Marcela Aeberhard (100% Santafesino), Inés Bertero (PS), Joaquín Blanco (PS) y Nicolás Pullaro (UCR), que recayó en el juzgado Correccional de la 4a. Nominación, del juez Ricardo Favaretto.

Los denunciantes, junto al abogado Domingo Rondina, sostienen que el juez Bermúdez violó la Constitución Nacional y los pactos internacionales incorporados, además de desconocer el fallo de la Corte Suprema del 13 de marzo de pasado, donde se interpretó el artículo 86 del Código Penal, señalando que toda mujer, no necesariamente “idiota o demente”, tiene derecho a interrumpir su embarazo si es producto de una violación, y que para ello no necesita ninguna autorización judicial. Asimismo, solicitan que el mencionado magistrado se inhiba de seguir actuando en la causa referenciada y que deje sin efecto la medida cautelar dictada.