Alurralde respaldó la investigación por filtraciones en la PDI: "Hay que ir a fondo, caiga quien caiga"

El juez federal de Reconquista, Aldo Alurralde, calificó como una «verdadera bocanada de aire fresco» para la Justicia Federal la reciente designación de nuevos magistrados titulares en Santa Fe y Rafaela, y además se refirió a la investigación que derivó en la detención de dos agentes de la Policía de Investigaciones (PDI) acusados de filtrar información vinculada a procedimientos contra el narcotráfico.

Alurralde explicó que hasta hace pocos días se encontraba subrogando simultáneamente los juzgados federales de Reconquista, Santa Fe y Rafaela, situación que dificultaba una atención plena de cada dependencia.

«Esta es una buena noticia, una verdadera bocanada de aire fresco para la Justicia Federal en la provincia de Santa Fe. El hecho de que se hayan designado dos nuevos jueces federales titulares para los juzgados de Santa Fe y Rafaela es muy importante», afirmó.

El magistrado destacó que la existencia de jueces titulares permite una mejor administración de justicia que el sistema de subrogancias. «No es lo mismo una subrogancia, donde uno tiene que repartir su tiempo entre varios juzgados, que contar con un juez titular que pueda hacerse cargo plenamente del juzgado y de las causas que allí se tramitan», sostuvo.

Asimismo, señaló que, tras varios años de demora, comenzó a agilizarse el proceso de cobertura de vacantes en la Justicia Federal. «Ya se aprobaron más de 70 pliegos de jueces federales y seguramente habrá nuevas designaciones. Esto constituye una muy buena noticia para el servicio de Justicia Federal», remarcó.

"Es un hecho grave"

Consultado sobre la investigación que lleva adelante el Ministerio Público de la Acusación por presuntas filtraciones de información en procedimientos vinculados al narcotráfico, Alurralde evitó referirse al caso concreto, aunque sí expresó una posición firme respecto de este tipo de conductas.

«No hablo de este caso puntual porque eventualmente me podría tocar resolver alguna cuestión, pero en términos generales se trata de hechos graves», aclaró. El juez explicó que la revelación anticipada de información sobre allanamientos no solo puede frustrar una investigación, sino también poner en riesgo la vida de los agentes que participan de los operativos.

«No solamente se frustra el procedimiento, sino que también se pone en peligro la vida de los propios compañeros que van a intervenir. Quienes reciben esa información pueden prepararse, incluso con armas, sabiendo que el allanamiento se va a realizar», advirtió.

Para Alurralde, estas prácticas forman parte de los mecanismos utilizados por organizaciones criminales. «Esos son los códigos mafiosos que existen dentro de la narcocriminalidad y que muchas veces exceden lo esperado», señaló.

Respaldo a fiscales e investigadores

El magistrado valoró la decisión de las autoridades provinciales de investigar los hechos y llevarlos a la Justicia, sin intentar minimizar ni ocultar la situación. «Me parece muy positiva la actitud que asumieron la Policía y el Ministerio Público de la Acusación de ir a fondo con esta cuestión, judicializar los casos que correspondan y avanzar hasta las últimas consecuencias», expresó.

En ese sentido, destacó especialmente la labor de los fiscales involucrados en la investigación. «Es muy buena la tarea que han realizado el fiscal Galleano, el fiscal Franco Carbone y la fiscal Vrinachic. Esto es verdaderamente destacable y coincido plenamente en que hay que ir a fondo, cueste lo que cueste y caiga quien caiga», afirmó.

Cruzar una línea

Finalmente, Alurralde sostuvo que los hechos de corrupción no son patrimonio exclusivo de una fuerza de seguridad o de un organismo determinado, sino conductas individuales que pueden presentarse en cualquier ámbito.

«El corrupto puede estar en cualquier institución, municipal, provincial o nacional. Son personas que han cruzado una línea y que ponen en riesgo la vida de sus propios compañeros», indicó.

Y concluyó: «No podemos tachar a toda una institución por dos o tres personas que cometen este tipo de hechos. Hay que investigar y sancionar a los responsables, pero sin generalizar».