La Justicia provincial ordenó el derribo de dos viviendas utilizadas como puntos de venta de droga en la ciudad de Esperanza, en una decisión que podría concretarse en los próximos días mediante un importante operativo policial y logístico.
Microtráfico en Las Colonias
Ordenan demoler dos búnkers de droga que funcionaban en un asentamiento de Esperanza
La medida fue dispuesta por el juez Sergio Carraro en los tribunales de Santa Fe a pedido del Ministerio Público de la Acusación. Los inmuebles, ubicados en un terreno usurpado de barrio La Orilla, fueron utilizados de manera reiterada para la venta de estupefacientes y están vinculados a dos investigaciones penales distintas que tienen a ocho personas en prisión preventiva.
La medida fue resuelta por el juez Sergio Carraro en los tribunales de Santa Fe, a pedido de los fiscales Alejandro Benítez y Natalia Giordano, que investigan dos causas de microtráfico vinculadas entre sí por el uso sistemático de los mismos inmuebles para la comercialización de estupefacientes.
Las propiedades se encuentran en un asentamiento ubicado sobre calle Chaco al 1700, en barrio La Orilla. Según surge de las investigaciones, los terrenos fueron usurpados y las construcciones fueron ocupadas sucesivamente por distintos grupos familiares dedicados a la venta al menudeo de drogas.
El origen
El primero de los expedientes se remonta al 5 de abril de 2025, cuando una serie de allanamientos permitió detener a Kevin Antonio Santillán, Emilce Maricel Scheffer, Ignacio N. Feijo -en libertad- y César Augusto Barbadillo Marín.
En aquella oportunidad, los investigadores secuestraron cocaína fraccionada para la venta, una balanza de precisión, siete teléfonos celulares, una caja fuerte, una réplica de pistola, municiones de distintos calibres y 1.700.000 pesos en efectivo.
De acuerdo con la hipótesis fiscal, Barbadillo actuaba como proveedor de la droga mientras que los restantes imputados se encargaban de la comercialización. Todos fueron acusados como coautores del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y permanecen sometidos al proceso penal.
Sin embargo, tras las detenciones, la vivienda no quedó inactiva. Con el paso de los meses fue ocupada por otras personas que, según la investigación, retomaron la actividad ilícita. Esa circunstancia dio origen a una segunda pesquisa que culminó el 15 de mayo pasado con cinco allanamientos simultáneos en distintos puntos de Esperanza.
El regreso
Durante esos procedimientos fueron detenidos Carlos Exequiel Lane, Jorge Ezequiel Luna, Silvina Marisel Vidal, Jorge Andrés Ruiz Díaz y Santiago Ruiz Díaz. Además, fueron imputados Luis Miguel Rolón y Tomás Uriel Giménez, quienes continúan el proceso bajo medidas alternativas.
Los fiscales Benítez y Giordano atribuyeron a los acusados la venta habitual de cocaína y marihuana al menudeo al menos desde febrero de este año. Según la investigación, incluso utilizaban menores de edad para concretar algunas transacciones.
Los allanamientos realizados por la PDI permitieron secuestrar cocaína compacta y fraccionada, cerca de medio kilo de cannabis, dinero en efectivo, balanzas de precisión, teléfonos celulares y un revólver calibre 32 cargado y apto para el disparo. A partir de esos elementos, el juez Sebastián Szeifert ordenó el 2 de junio la prisión preventiva de cinco de los siete imputados.
Audiencia de derribo
Dos días más tarde, una vez verificadas las condiciones dominiales de los inmuebles mediante consultas a la Municipalidad de Esperanza, la Administración Provincial de Impuestos, Catastro y otros organismos, los fiscales solicitaron la inactivación definitiva de las construcciones.
La audiencia de cese del estado antijurídico se realizó el jueves 4 de junio, cerca del mediodía, en la Sala 1 de los tribunales santafesinos y contó con una nutrida asistencia. Participaron representantes de la Municipalidad de Esperanza, quienes respaldaron la medida, y también el titular registral del terreno, que manifestó expresamente su conformidad con la demolición.
Las defensas plantearon objeciones. La abogada Eugenia Campillay Perrig, en representación de una de las imputadas de la causa iniciada en 2025, no se opuso al pedido. En cambio, el abogado Luis Carlos Rittiner, defensor de Santillán, sostuvo que se trataba de una decisión impulsada por razones políticas y ajena al desarrollo del proceso penal.
Por su parte, la defensora pública Soledad Estrada cuestionó la procedencia de la medida respecto de los imputados de la causa más reciente y argumentó que la demolición afectaba derechos adquiridos de las personas involucradas.
Tras escuchar a todas las partes, Carraro resolvió hacer lugar al planteo fiscal y ordenó el derribo de las dos construcciones.
Una de ellas es la vivienda originalmente ocupada por Scheffer y Santillán; la otra corresponde al inmueble utilizado por Lane, ubicado justo enfrente. Ambas fueron consideradas por la Fiscalía como verdaderos búnkers de venta de droga y escenario de actividades ilícitas reiteradas a lo largo de dos investigaciones penales consecutivas.
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