El Gobierno nacional desregula el mercado de patentes farmacéuticas

En un movimiento que promete reconfigurar el escenario de la salud y la industria de medicamentos en el país, la Casa Rosada oficializó la derogación de las trabas históricas para el registro de nuevas especialidades medicinales.

A través de la Resolución Conjunta 1/26, firmada por el ministro de Salud, Mario Lugones; el ministro de Economía, Luis Caputo; y el titular del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI), Charlie M. Gallo, el Ejecutivo dejó sin efecto la normativa 118 dictada en el año 2012.

Desde las esferas gubernamentales señalaron que aquella resolución de 2012 había vuelto "muy difícil (sino imposible) obtener la patente de un medicamento en Argentina".

Esta situación no solo representaba un grave obstáculo que demoraba la llegada de terapias innovadoras al territorio nacional, sino que era considerada por la actual administración del presidente Javier Milei como un "atentado contra el derecho de propiedad".

Para el oficialismo, el respeto a la propiedad intelectual es una derivación directa del respeto a la libertad y un pilar fundamental para construir una sociedad próspera.

"Caso por caso" y apertura

A partir de esta derogación, el INPI pasará a analizar cada solicitud de patente de manera individual, ajustándose estrictamente a la ley y eliminando restricciones adicionales que, según destacan fuentes oficiales, no existen en ningún otro país del mundo.

Este giro hacia la normalización busca alinear a la Argentina con los estándares internacionales de propiedad intelectual respetados por los principales socios comerciales del país

En este sentido, la medida resulta ser la llave maestra para avanzar en un acuerdo estratégico con los Estados Unidos, nación que, como contraparte a esta normalización, abrirá todo su mercado doméstico a la industria farmacéutica argentina.

Federico Sturzenegger posteó sobre el tema: “Con la derogación Argentina se alinea con los estándares internacionales de propiedad intelectual que respetan todos nuestros socios comerciales -incluyendo Estados Unidos- con quien avanzamos en un acuerdo que como contraparte de esta normalización le abre todo su mercado doméstico a nuestra industria farmacéutica”.

De aquí en adelante

Para llevar tranquilidad a los pacientes y al sector productivo local, las autoridades hicieron una aclaración de suma importancia: la derogación rige exclusivamente "de aquí en más"

Esto significa que los productos farmacéuticos que ya se encuentran en el mercado no sufrirán ningún tipo de afectación, por lo que podrán continuar comercializándose como hasta ahora, sin nuevas restricciones ni exigencias de retribuciones económicas

La normativa de 2012 (Resolución Conjunta 118/2012) era considerada un obstáculo por las siguientes razones principales:

Imposibilitaba el registro de patentes: La resolución hacía "muy difícil (sino imposible) obtener la patente de un medicamento en Argentina".

Retrasaba la innovación médica: Al dificultar el registro de nuevas patentes, la normativa demoraba la llegada de terapias innovadoras al país, afectando el acceso a nuevos tratamientos.

Vulneraba los derechos de propiedad: Para el actual gobierno, esta reglamentación representaba un "atentado contra el derecho de propiedad" (en este caso, intelectual), el cual consideran un pilar fundamental para el desarrollo de una sociedad próspera y justa.

Imponía barreras excepcionales: La normativa establecía restricciones adicionales para la aprobación de patentes que no existen en ningún otro país del mundo, alejando a la Argentina de los estándares internacionales.

Apoyo multinacional

La Cámara Argentina de Especialidades Medicinales ya había expresado fuertemente su apoyo a la medida. En febrero de este año, cuando se anunció el acuerdo con Estados Unidos que incluía esta derogación, CAEME reaccionó con un respaldo público inmediato.

Lo ven como un “viejo anhelo” que fortalece la protección de la propiedad intelectual, facilita la llegada de terapias innovadoras y permite a la industria farmacéutica argentina competir en mercados internacionales”.

¿Está vigente el acuerdo de EE.UU. y la Argentina?

El pasado 26 de febrero, la Corte Suprema de EE. UU. determinó que el presidente Donald Trump no tiene la autoridad para imponer aranceles de forma unilateral bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), ya que esa facultad le corresponde al Congreso.

El fallo invalidó los aranceles "recíprocos" (del 10% al 50%) que Trump había impuesto a nivel global en 2025. Y el gran beneficio del Acuerdo de Comercio e Inversiones Recíprocas (ARTI) firmado el 5 de febrero de 2026 consistía en que EE.UU. exceptuaba a nuestro país de buena parte de esas barreras, dejándolas en 0% para 1.675 productos.

Al declarar la Corte que esos aranceles eran ilegales para todos, la "ventaja competitiva" que Argentina había negociado se diluyó, ya que otros países (como Brasil) ahora tampoco pagan esos aranceles específicos.

Tras el fallo, Trump anunció un nuevo arancel global del 10% apelando a la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974. La Casa Blanca busca mantener las exenciones para Argentina bajo este nuevo esquema, pero esto podría enfrentar nuevos desafíos judiciales.

Además, el acuerdo aún requiere la ratificación del Congreso argentino para entrar plenamente en vigor.