Movilizaciones contra Rodrigo Paz Pereira derivaron en disturbios y represión en Bolivia

Bolivia volvió a quedar atravesada por una crisis de calle, rutas bloqueadas y tensión política, con el gobierno de Rodrigo Paz Pereira bajo presión apenas seis meses después de haber llegado al poder.

Las protestas se intensificaron en La Paz y El Alto, donde distintos grupos de manifestantes avanzaron contra edificios públicos, estaciones de transporte y comercios privados, en medio de enfrentamientos con la Policía y denuncias de agresiones contra periodistas que cubrían las movilizaciones.

El conflicto comenzó con demandas salariales y reclamos sectoriales, pero escaló hasta convertirse en una protesta más amplia contra el rumbo económico y político del Gobierno. Entre los sectores movilizados aparecen sindicatos, mineros, transportistas, campesinos e indígenas.

Los manifestantes exigen, entre otros puntos, mejoras salariales, acceso a combustibles, cambios en regulaciones mineras y respuestas frente al encarecimiento de la vida. En las últimas jornadas, además, se sumó con fuerza el pedido de renuncia del presidente Paz.

La Paz se convirtió en uno de los principales focos de tensión. Grupos de mineros y campesinos intentaron llegar a la plaza Murillo, centro del poder político boliviano, mientras las fuerzas de seguridad respondieron con gases lacrimógenos para impedir el avance hacia edificios gubernamentales.

En las protestas también se registró el uso de dinamita por parte de sectores mineros, una práctica frecuente en movilizaciones del sector en Bolivia, pero que elevó el nivel de riesgo en los enfrentamientos urbanos.

La calle como presión

La crisis no quedó limitada al centro político de La Paz. Los bloqueos de rutas se extendieron durante días y afectaron el ingreso de alimentos, combustibles, medicamentos e insumos médicos a distintas zonas del país.

La situación impactó especialmente sobre la provisión de productos básicos. Reportes internacionales señalaron que los cortes generaron faltantes de combustible y alimentos, además de complicaciones en el suministro de oxígeno hospitalario.

En tanto, la Administradora Boliviana de Carreteras registró 22 piquetes en el país, con mayoría de bloqueos concentrados en el departamento de La Paz. Allí, sectores campesinos instalaron cortes indefinidos para exigir la salida del mandatario.

El trasfondo económico agravó el clima social. Bolivia enfrenta una crisis marcada por falta de dólares, problemas de abastecimiento de combustible, inflación y cuestionamientos a las medidas de ajuste impulsadas por la administración de Paz.

El Gobierno, por su parte, defendió las medidas de recorte del gasto y reducción de subsidios a los combustibles como parte de una estrategia para estabilizar la economía. Sin embargo, esas decisiones no lograron contener el malestar social.

El factor Evo Morales

La figura de Evo Morales aparece como un componente central de la tensión política. Aunque algunos análisis distinguen entre el origen sindical y económico del conflicto y el rol del expresidente, el Gobierno acusa a sectores vinculados al exmandatario de impulsar la desestabilización.

Morales, que enfrenta una orden de captura en una causa judicial que él considera políticamente motivada, mantiene influencia en sectores sociales movilizados. Sus seguidores también protagonizaron bloqueos y marchas en medio del conflicto.

La protesta sumó además el rechazo a reformas y leyes impulsadas por el Gobierno. Una de las medidas más cuestionadas fue la Ley 1720, vinculada a temas agrarios, que terminó siendo derogada, aunque esa decisión no alcanzó para desactivar las movilizaciones.

En paralelo, el Ejecutivo intentó abrir canales de negociación con distintos sectores. El Gobierno mantuvo conversaciones sobre subsidios, beneficios sociales y reclamos sectoriales, pero las medidas no lograron frenar la extensión del conflicto.

Las fuerzas de seguridad fueron desplegadas en distintos puntos para intentar recuperar la circulación y evitar el avance de manifestantes hacia zonas sensibles. Además, se informó que se anunciaron detenciones en el marco de los enfrentamientos y que la crisis ya generó preocupación regional e internacional.

Mientras los cortes continúan y La Paz sigue bajo tensión, el Gobierno busca recuperar el control territorial sin profundizar una represión que pueda escalar aún más el conflicto. Del otro lado, los sectores movilizados sostienen la presión callejera y elevan el costo político de cada decisión presidencial.