Una jueza federal de Estados Unidos anuló la suspensión de los trámites de visas para obtener la residencia permanente que el gobierno de Donald Trump había impuesto en enero para ciudadanos de 75 países.
La magistrada Jeannette Vargas consideró ilegal la medida que desde enero frenaba los trámites de visas de inmigrante y cuestionó la autoridad del gobierno para aplicarla.

Una jueza federal de Estados Unidos anuló la suspensión de los trámites de visas para obtener la residencia permanente que el gobierno de Donald Trump había impuesto en enero para ciudadanos de 75 países.
La magistrada Jeannette Vargas, de un tribunal federal de Nueva York, consideró que la política era “contraria a la ley” y que excedía la “autoridad legal” del secretario de Estado, Marco Rubio.
La medida había entrado en vigencia el 21 de enero y suspendía la tramitación de visas de inmigrante, es decir, aquellas destinadas a personas que buscan ingresar a Estados Unidos con intención de establecerse de manera permanente.
La decisión no alcanzaba a las visas de no inmigrante, utilizadas para estadías temporales en el país.
Entre los países cuyos ciudadanos se encontraban afectados figuraban Afganistán, Brasil, Egipto, Irak, Irán, Nigeria, Rusia, Somalia, Tailandia y Yemen, entre otros.
El Departamento de Estado había defendido la suspensión con el argumento de que los inmigrantes procedentes de esos países representaban un “alto riesgo de depender de la asistencia social o de convertirse en una carga para las finanzas públicas”.
Sin embargo, Vargas consideró que el gobierno había excedido sus atribuciones al ordenar a funcionarios consulares que rechazaran solicitudes basándose únicamente en el país de origen de los solicitantes.
De acuerdo con el fallo, esa política podía impedir la obtención de una visa incluso cuando la persona hubiera cumplido con los demás requisitos establecidos por la legislación estadounidense.
La resolución judicial revoca las denegaciones de visas que se hayan producido exclusivamente en aplicación de esa política.
La decisión representa un nuevo revés judicial para la política migratoria impulsada por Trump desde su regreso a la Casa Blanca.
El gobierno estadounidense todavía puede apelar el fallo y buscar que la medida vuelva a entrar en vigencia mientras continúa el proceso judicial.
Desde que asumió nuevamente la presidencia, Trump convirtió la lucha contra la inmigración ilegal en una de sus principales prioridades. Su administración puso en marcha deportaciones masivas de inmigrantes indocumentados y, al mismo tiempo, endureció distintos mecanismos para limitar la llegada legal de extranjeros.
Varias de las medidas adoptadas por el gobierno en materia migratoria fueron cuestionadas ante los tribunales y algunas terminaron siendo suspendidas o anuladas por decisiones judiciales.





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