Inseguridad alimentaria en el país: más de 4 millones de niños y adolescentes comieron menos o mal en 2024

Para el Observatorio de la Deuda Social Argentina, IA tiene un significado diferente del que predomina en estos días: lejos de la tecnología, alude a la Inseguridad Alimentaria y hacia ese concepto, los agravantes y sus efectos, apunta el último informe elaborado por el instituto que depende de la Universidad Católica Argentina.

Una de las principales conclusiones, luego de analizar el período 2010-2024, es que el año pasado se alcanzó el pico de 35,5% de IA mientras que la forma severa fue del 16,5%. "En síntesis, hacia finales del período analizado, cerca de 4,3 millones de NNyA enfrentan dificultades para acceder adecuadamente a los alimentos, y aproximadamente la mitad de ellos lo hace en condiciones severas ".

Valentina González Sisto es autora, junto a Ianina Tuñón de "Inseguridad alimentaria en la infancia argentina: un problema estructural observado en la coyuntura actual", coordinado por Agustín Salvia. Ya en el título se anticipa gran parte del contenido, porque el análisis ofrece datos concretos en períodos de tiempo y años puntuales: 2018, 2020 (en contexto de pandemia por Covid) y 2024, pero también evalúa los determinantes que predisponen o agravan este escenario desde el año 2010.

Una síntesis

El documento de la UCA, presentado por sus autores junto a referentes de la temática, afirma que la inseguridad alimentaria (IA) en la infancia es un problema estructural agravado por crisis coyunturales. "Entre 2010 y 2024, la IA infantil en la Argentina mostró una tendencia sostenida al alza, con picos en 2018, 2020 y 2024. En el último año, el 35,5% de niños/as y adolescentes (NNyA) atravesó IA, y el 16,5% IA severa".

Hay determinantes estructurales que agravan el panorama, como la pobreza, el empleo precario y desempleo, la pertenencia a un estrato social bajo, a hogares monoparentales y numerosos. Pero de todas estas variables, el empleo/desempleo es decisivo y la monoparentalidad se mantiene como un factor de riesgo a lo largo del tiempo.

Por otro lado, la Asignación Universal por Hijos (AUH) y la Tarjeta Alimentar (TA) funcionan como efecto protector frente a la IA, pero no son suficientes frente a factores estructurales, entre los que se destaca, una vez más, la falta de empleo.

Si se analiza el período 2022-2024, solo el 44,5% se mantuvo libre de inseguridad alimentaria.

Desnutrición y malnutrición

La IA se define como "la falta de acceso regular a alimentos suficientes, seguros y nutritivos para el desarrollo activo y saludable de las personas". Puede manifestarse de forma leve (preocupación por no contar con alimentos por problemas económicos), moderada (reducción en cantidad o calidad de la dieta de la familia y en particular de los adultos) o severa (privación en la ingesta y en particular en los niños/as). Así lo define la UCA en base a autores y organismos internacionales.

En el caso de los niños, niñas y adolescentes (NNyA), la IA tiene consecuencias especialmente graves: "la falta de acceso adecuado a alimentos impacta de manera crítica en la salud física, el desarrollo cognitivo, el crecimiento emocional y el rendimiento escolar. En etapas tempranas, puede derivar tanto en desnutrición crónica como en malnutrición por exceso (asociada a dietas hipercalóricas y pobres en nutrientes esenciales que afecta también a sectores de mayores recursos), dos formas de privación que, aunque distintas, comparten efectos adversos de difícil reversión y que pueden ser duraderos.

La evolución

Más allá de los años en que se registran picos de IA, el análisis aborda tres ciclos: entre 2010 y 2017, entre 2017 y 2020 y entre ese año y 2024. "Hacia finales del período analizado, cerca de 4,3 millones de NNyA enfrentan dificultades para acceder adecuadamente a los alimentos, y aproximadamente la mitad de ellos lo hace en condiciones severas".

A partir de 2018, se registra una escalada generalizada en la IA que, con algunas oscilaciones, se sostiene hasta el final del período analizado, dejando cifras superiores a las de 2010 en hogares monoparentales y biparentales que en 2020 presentan un pico inusual de IA, muy posiblemente asociado a los efectos de la pandemia.

Los niveles socioeconómicos bajo y medio presentan tasas elevadas de IA, que alcanzan picos del 66% y 36% respectivamente en los años más críticos. A partir de 2018 se registra un incremento generalizado, con un impacto del deterioro económico que resulta particularmente agudo en los niveles más bajos, los cuales no logran retornar a los valores observados al inicio de la década del 2010.

Un dato a tener en cuenta: hay una fuerte asociación entre la inestabilidad laboral de los adultos y el acceso limitado a una alimentación adecuada. En el extremo opuesto, los hogares con empleo pleno muestran los niveles más bajos de IA durante todo el período analizado. Sin embargo, "estos se mantienen en torno al 10%, lo que sugiere que incluso en contextos de empleo formal o estable, existen sectores que enfrentan dificultades estructurales para garantizar condiciones de vida adecuadas".

En cuanto a la AUH, aunque "no fue concebida originalmente para focalizar en la población infantil con hambre, sino como una política de ingreso para hijos/as de trabajadores informales, su amplia cobertura permite suponer que podría estar funcionando indirectamente como una herramienta de contención o prevención frente a situaciones de IA", concluye el informe.

La escolarización es otro factor que colabora con un menor impacto de IA, ya que "suele estar asociada al acceso a comedores escolares y otros recursos del sistema educativo, así como a una mayor integración social y contacto con redes de contención y cuidado".

Propuestas

El informe del Observatorio Social concluye con siete recomendaciones con anclaje en políticas públicas. En primer lugar, propone fortalecer la inclusión laboral como política central de lucha contra la inseguridad alimentaria: "resulta indispensable promover el acceso a empleo digno, con ingresos estables y protección social, como base de cualquier estrategia estructural para erradicar la IA".

Luego, sostener y revalorizar los programas de transferencia de ingresos como herramientas de contención, como son la AUH y la Tarjeta Alimentar. "Su continuidad, ampliación y actualización en términos reales son fundamentales para garantizar un piso de protección alimentaria en los hogares más vulnerables".

En tercer lugar, pide avanzar hacia sistemas de protección social integrales e intersectoriales: "es imprescindible promover un enfoque de desarrollo infantil temprano que contemple la alimentación como parte de un derecho más amplio a la salud integral". En cuarta instancia, dispone priorizar a los hogares con mayor exposición estructural al riesgo alimentario, tales como los monoparentales, numerosos o en situación de pobreza crónica.

Otra propuesta es reforzar el rol de la escuela como espacio protector y de acceso a la alimentación: "la ampliación de programas de alimentación escolar y estrategias para evitar la deserción educativa son clave".

También establece el diseño de políticas públicas con enfoque territorial y federal, para abordar las coyunturas locales, "contemplando variables como costo de vida, acceso a alimentos frescos y organización comunitaria".

El último punto incorpora la perspectiva de derechos y sostenibilidad alimentaria y concluye en una definición: "la alimentación adecuada debe ser garantizada como derecho humano fundamental".