La Corte Suprema de Justicia de Santa Fe volverá a tratar este martes la distribución de los espacios del nuevo edificio Anexo de Tribunales y, a las 13, recibirá a la fiscal general María Cecilia Vranicich y a la defensora general Estrella Moreno Robinson para la firma del convenio que formalizará el entendimiento alcanzado con los ministerios públicos.
Tribunales de Santa Fe
Tras siete meses, la Corte y los ministerios públicos acuerdan los espacios del nuevo Anexo
El convenio será firmado a las 13 por los ministros de la Corte, la fiscal general María Cecilia Vranicich y la defensora general Estrella Moreno Robinson. El entendimiento contempla sectores del primer y quinto piso y el sexto nivel, que será compartido y deberá ser acondicionado íntegramente.
El acuerdo representa el punto de llegada de una disputa institucional que comenzó hace más de siete meses, cuando la Corte decidió modificar el esquema de ocupación previsto para el inmueble y reservarlo prioritariamente para dependencias del Poder Judicial.
La definición generó el rechazo del Ministerio Público de la Acusación (MPA) y del Ministerio Público de la Defensa (MPD), que sostuvieron que existían compromisos y asignaciones previas para ambos organismos.
La solución que será formalizada este martes contempla una distribución concreta dentro del propio edificio. Según fuentes de los ministerios públicos, la Defensa ocupará una parte del primer piso, el MPA tendrá sectores del quinto y ambos organismos compartirán el sexto piso. Ese último nivel deberá ser construido prácticamente desde cero en su interior.
Las mismas fuentes aclararon que no se trata de una aceptación plena de todas las alternativas planteadas por la Corte, sino de una “aceptación parcial de la propuesta que formuló la Corte”. También indicaron que se solicitó una nueva revisión de los espacios disponibles en el Anexo, porque consideran que todavía podrían existir sectores susceptibles de ser reasignados.
El origen de la disputa
El conflicto quedó planteado formalmente el 24 de febrero de 2026, cuando la Corte aprobó el Acta Acuerdo N° 4 y dispuso avanzar con readecuaciones del Anexo del Palacio de Justicia de Santa Fe.
La resolución estableció que el inmueble quedaría destinado a las necesidades del Poder Judicial y que, una vez concretadas las obras y determinada la disponibilidad, se evaluaría la posibilidad de poner espacios a disposición de los ministerios públicos.
La decisión fue cuestionada dos días después por Vranicich, quien calificó la medida como “inaplicable e institucionalmente inaceptable”. La fiscal general sostuvo que el edificio había sido proyectado y ejecutado durante años para albergar al sistema de justicia penal en su conjunto y recordó antecedentes de conversaciones y asignaciones de espacios para el MPA.
Uno de los argumentos centrales de los ministerios públicos se apoyó, además, en la reforma de la Constitución provincial de 2025.
La nueva organización institucional convirtió al MPA y al MPD en órganos extrapoder, separados del Poder Judicial. La cláusula transitoria decimosexta establece que el uso y destino de los inmuebles afectados al Ministerio Público no puede modificarse sin su conformidad.
Para la Corte, en cambio, la reforma constitucional había producido precisamente una nueva situación institucional: MPA y MPD ya no integraban el Poder Judicial y, por lo tanto, correspondía atender primero las necesidades edilicias de este último.
El primer cruce público
La disputa tomó estado público en marzo, durante la apertura del Año Judicial.
El presidente de la Corte, Rafael Gutiérrez, explicó entonces que, a partir de la reforma constitucional, los ministerios públicos “no pertenecen ya al Poder Judicial” y planteó que, si existían espacios disponibles, podrían ser cedidos, pero que la prioridad debía ser el funcionamiento de los tribunales.
Vranicich respondió que el edificio tenía espacios destinados al Ministerio Público desde su concepción y cuestionó que primero se hubiera tomado una decisión y luego se convocara al diálogo. “Primero tomaron una decisión y luego llaman al diálogo”, planteó.
La fiscal general llegó a advertir que, si no se alcanzaba una solución institucional, el conflicto podía escalar judicialmente. “Eventualmente iremos a la Corte de la Nación”, señaló entonces, al tiempo que sostuvo que debía defenderse la institucionalidad surgida de la nueva Constitución.
La controversia excedió rápidamente a las partes directamente involucradas. La Legislatura intervino con iniciativas destinadas a promover mecanismos de coordinación entre la Corte, el MPA y el MPD para resolver la utilización del edificio.
El pedido de diálogo
Durante la presentación de su informe anual ante la Legislatura, Vranicich volvió a reconstruir el conflicto y recordó que en febrero había pedido información a la Corte sobre la decisión adoptada. También señaló que existía una cláusula constitucional que obligaba a consultar a los organismos involucrados sobre el uso de los inmuebles afectados al Ministerio Público.
El 1° de abril, Vranicich y Moreno Robinson formalizaron un pedido conjunto de reunión con la Corte. El objetivo era establecer una instancia de diálogo para definir la asignación de espacios y preservar el destino previsto para el sistema de justicia penal.
Durante ese período, el conflicto se mantuvo abierto y las posiciones institucionales continuaron alejadas.
La primera propuesta de la Corte
El primer cambio significativo llegó en junio.
En su reunión de Acuerdo del 23 de junio, la Corte decidió poner a disposición del Ministerio Público el sexto piso del nuevo Anexo y también las dependencias que por entonces ocupaba el fuero Laboral en la peatonal San Martín. Al mismo tiempo, convocó formalmente a los ministerios públicos a una instancia de diálogo.
La oferta implicaba un giro respecto de la decisión inicial de febrero: la Corte ya no planteaba solamente la posibilidad eventual de ceder espacios una vez satisfechas sus propias necesidades, sino que formulaba una propuesta concreta de inmuebles para MPA y MPD.
Sin embargo, la solución no fue aceptada en esos términos.
El 30 de junio, día de la inauguración del nuevo edificio, Vranicich y Moreno Robinson no participaron del acto oficial. La disputa seguía abierta mientras el Anexo comenzaba su nueva etapa de funcionamiento.
Cambio de escenario
Después de varios meses de intercambio de notas y declaraciones públicas, el 28 de julio se produjo una reunión de trabajo entre los siete ministros de la Corte, Vranicich y Moreno Robinson.
Fue el primer encuentro conjunto en mucho tiempo y marcó el inicio de una etapa diferente: el conflicto dejó de desarrollarse principalmente a través de presentaciones formales y declaraciones públicas y comenzó a discutirse sobre alternativas concretas de ocupación.
En agosto, además, comenzó la mudanza de distintas dependencias judiciales al Anexo. El fuero penal de primera instancia inició su traslado el 24 de agosto, con la Oficina de Gestión Judicial N° 1 y el Colegio de Jueces Penales. La nueva estructura permitió poner en funcionamiento nueve salas de audiencias y mejorar las condiciones edilicias para el desarrollo de los debates orales.
Pero la mudanza también aumentó la necesidad de resolver definitivamente qué espacios quedarían para los ministerios públicos.
El 18 de agosto, Gutiérrez presentó una nueva propuesta a Vranicich y Moreno Robinson. Incluía el sexto piso completo del Anexo, sectores de los pisos primero y quinto y oficinas del inmueble de San Jerónimo y Amenábar, donde funcionaban juzgados de Circuito.
Aceptación parcial
La definición que terminó de destrabar la negociación llegó el 29 de septiembre.
Ese día, MPA y MPD presentaron una nota conjunta en la que aceptaron parcialmente la distribución propuesta por la Corte, pero rechazaron la alternativa de ocupar el inmueble de San Jerónimo y Amenábar.
La presentación permitió concentrar el acuerdo dentro del nuevo Anexo y dejó planteada una posibilidad adicional: que en el futuro se revisara la distribución si aparecían nuevos espacios disponibles.
Ese día, el ministro de la Corte Jorge Baclini confirmó públicamente el avance. “Los ministerios públicos aceptan parcialmente los espacios consignados”, señaló, y agregó que existía “un principio de la posibilidad de llegar a un acuerdo”. También consideró que el entendimiento permitiría dejar “zanjado el conflicto”, aunque sujeto a eventuales reajustes.
La propuesta incluía entonces el sexto piso, sectores del primero y quinto y áreas del subsuelo.
Qué se firma este martes
El acuerdo que será tratado este martes precisa esa distribución.
Según fuentes del MPA y de los ministerios públicos, la Defensa ocupará una parte del primer piso, el MPA una parte del quinto y ambos organismos compartirán el sexto piso.
Ese último nivel presenta una particularidad: aunque ya cuenta con vidrios y techo y, exteriormente, aparece terminado, su interior no tiene las instalaciones necesarias para funcionar. De acuerdo con las mismas fuentes, será necesario ejecutar allí la obra completa para convertirlo en un espacio operativo para ambos ministerios.
La distribución que se formalizará este martes constituye, por lo tanto, el resultado de una negociación que atravesó distintas propuestas y que implicó resignar algunas alternativas. Los ministerios públicos aceptaron concentrarse en el Anexo y declinaron el edificio externo ofrecido por la Corte.
Pero dejaron expresamente abierta una segunda instancia.
Las fuentes consultadas remarcaron que el entendimiento constituye una “aceptación parcial” y que se pidió al máximo tribunal una nueva revisión de los espacios disponibles dentro del edificio de Justicia. El planteo parte de la consideración de que todavía quedarían sectores que podrían ser reasignados en el futuro.
De esta manera, el convenio que firmarán Vranicich y Moreno Robinson con los ministros de la Corte permite cerrar la discusión sobre la distribución inicial del inmueble, pero no necesariamente clausura cualquier debate posterior sobre ampliaciones o modificaciones.
Convivencia institucional
La disputa por el Anexo terminó convirtiéndose en uno de los primeros conflictos concretos derivados de la nueva arquitectura institucional establecida por la Constitución reformada.
Hasta 2025, MPA y MPD formaban parte del esquema del Poder Judicial. Con la reforma pasaron a constituirse como órganos extrapoder, con autonomía propia. La discusión por las oficinas puso esa nueva realidad institucional frente a una cuestión material: quién tiene derecho a ocupar un edificio construido para albergar al sistema de justicia penal.
La respuesta no llegó de manera inmediata. Hubo una decisión inicial de la Corte, rechazo del MPA y del MPD, cruces públicos, intervención legislativa, pedidos de información y de diálogo, propuestas sucesivas y finalmente reuniones entre las máximas autoridades de las instituciones involucradas.
Este martes, con la firma del convenio, se dará un paso decisivo para cerrar esa etapa.
El edificio que durante años estuvo en construcción ya comenzó a funcionar como nueva sede de buena parte de la Justicia penal santafesina. Ahora también tendrá definidos los espacios para quienes representan las dos partes esenciales del proceso acusatorio: quienes acusan y quienes ejercen la defensa.
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