La Libertad Avanza intentará cerrar este miércoles el dictamen del Presupuesto 2027 en la Cámara de Diputados, aunque antes deberá resolver con los bloques aliados las diferencias sobre financiamiento universitario, discapacidad, asignaciones sociales y recursos para las provincias.
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La Libertad Avanza busca dictaminar esta semana, pero todavía negocia qué Presupuesto firmar
El oficialismo pretende conseguir las firmas el miércoles 28. Negocia modificaciones sobre discapacidad y asignaciones sociales, mientras persisten las diferencias por el financiamiento universitario y los recursos para las provincias. Una reciente votación en Diputados agregó presión sobre las cuentas oficiales.
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La Comisión de Presupuesto y Hacienda, presidida por Alberto “Bertie” Benegas Lynch, tiene convocada una última reunión informativa para el martes 27, a las 11, con funcionarios todavía no identificados oficialmente. El miércoles 28, a las 14, está citada para considerar el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo.
El siguiente paso que pretende La Libertad Avanza es llevar el Presupuesto al recinto el 18 de noviembre, tras la visita de León XV a la Argentina. El calendario obliga a acelerar las negociaciones, ya que durante la primera quincena del mes próximo habrá una actividad parlamentaria reducida.
Las cuentas y los votos
Las conversaciones son encabezadas en Diputados por su presidente, Martín Menem; el titular del bloque oficialista, Gabriel Bornoroni, y Benegas Lynch. En paralelo, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, mantiene contactos con gobernadores cuyos legisladores pueden resultar decisivos.
La premisa del Gobierno, como sostiene desde el comienzo de su gestión, es que las modificaciones no alteren el equilibrio fiscal. El proyecto prevé para 2027 un superávit financiero del Sector Público Nacional de $3,3 billones, equivalente al 0,2% del PBI, y uno primario del 1,3%.
Pero las conversaciones ya no giran solamente alrededor de conseguir las firmas para dictaminar. También deben establecer cuáles serán las partidas y disposiciones que el oficialismo estará dispuesto a modificar para reunir una mayoría en el recinto.
La Libertad Avanza cuenta con 95 diputados y necesita al menos 129 presentes para abrir una sesión. Sus aliados más cercanos, entre ellos PRO, UCR y MID, no alcanzan por sí solos para completar ese número. Por eso el Gobierno también busca entendimientos con Argentina Federal, bloques provinciales y sectores de Provincias Unidas, donde participan legisladores de Santa Fe y Córdoba.
Discapacidad, una nueva dificultad
La principal novedad de los últimos días surgió en la sesión de Diputados que comenzó el miércoles pasado y concluyó el jueves. Con 237 votos afirmativos, la Cámara aprobó un nuevo régimen permanente de protección para personas con discapacidad, luego de que el oficialismo aceptara modificaciones reclamadas por otros bloques.
El texto, que ahora deberá tratar el Senado, mantiene la compatibilidad de pensiones con empleo formal hasta determinados ingresos, establece actualizaciones mensuales de aranceles y conserva mecanismos de cobertura sanitaria.
Esa media sanción no coincide con los artículos 36 a 41 del Presupuesto enviados originalmente por el Ejecutivo, que modifican aspectos de la legislación vigente sobre discapacidad. Los aliados reclaman retirar esas disposiciones o adecuarlas al nuevo acuerdo parlamentario.
Carlos Guberman, secretario de Hacienda, había asegurado durante su exposición que las partidas contemplaban los recursos necesarios para cubrir la demanda. La discusión pasa ahora sobre cómo quedará redactada la obligación de financiamiento.
Universidades, el desacuerdo que persiste
El martes pasado, en la última reunión, el secretario de Educación, Carlos Torrendell, y el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, defendieron ante la comisión las asignaciones previstas para 2027.
Torrendell sostuvo que el Gobierno pretende pasar de un gasto centralizado a una inversión educativa concentrada en los aprendizajes y afirmó que, dentro del Presupuesto, las universidades aumentaron su participación relativa. “La autonomía no está en discusión, lo que exigimos es gestión responsable y transparencia”, señaló.
El funcionario también cuestionó a los rectores: “Una dirigencia aislada solo acuerda para pedir más recursos”, afirmó, antes de calificar esa posición como un “acuerdo corporativo”.
Álvarez defendió la postura del Ejecutivo respecto de la Ley de Financiamiento Universitario. “El Ejecutivo está a derecho, como ha estado siempre”, sostuvo, al argumentar que existen recursos judiciales pendientes y que el Gobierno considera que la norma presenta objeciones presupuestarias.
La diferencia de recursos sigue abierta. El artículo 12 del proyecto fija unos $7,3 billones, mientras el Consejo Interuniversitario Nacional reclama alrededor de $11 billones para atender los compromisos que considera derivados de la legislación vigente.
Desde Unión por la Patria, Provincias Unidas y otros espacios cuestionaron las cifras oficiales y pidieron que las autoridades universitarias y los gremios docentes y no docentes también pudieran exponer ante la comisión.
Según trascendió de las negociaciones, el oficialismo mantiene resistencia a incrementar las partidas universitarias, aun cuando el reclamo también alcanza a sectores que podrían acompañar el Presupuesto.
Asignaciones y el frente provincial
Otro punto sensible es el artículo 17, que propone derogar disposiciones de la Ley 27.160 y eliminar la actualización automática por inflación de la Asignación Universal por Hijo, la Asignación por Embarazo y asignaciones familiares.
Durante su exposición, Guberman defendió el objetivo de garantizar que la combinación de transferencias sociales permita mantener una determinada cobertura de la canasta básica alimentaria. Los cuestionamientos apuntan a que esa promesa no equivale a una fórmula legal de movilidad.
Las provincias agregan otra dimensión al debate. Las cajas previsionales no transferidas reclaman el cumplimiento de las obligaciones nacionales, mientras distintos distritos piden recursos para mantener rutas y continuar obras públicas. El proyecto contempla para 2027 aproximadamente $503.000 millones destinados al conjunto, sin detalle de su composición.
La política vial también quedó bajo discusión desde la primera audiencia. Guberman defendió un esquema que prioriza concesiones privadas y mantenimiento de la red estatal. En contrapartida, legisladores de distintas provincias cuestionaron la ejecución de los recursos provenientes del impuesto a los combustibles y el financiamiento de obras pendientes.
El Gobierno apuesta a que el incremento proyectado de la recaudación coparticipable mejore los recursos provinciales. Los gobernadores, por su parte, reclaman que esa expectativa no sustituya los compromisos específicos en previsión social e infraestructura.
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