"No nos dejan ingresar al geriátrico, las auditorías se hacen en la vereda"

"Tal como lo afirma la Fiscalía, merece una investigación profunda la posible responsabilidad de la Municipalidad en torno al control del geriátrico", destacó la jueza Rosana Carrara, que este lunes por la tarde dictó la prisión preventiva para la dueña de un asilo de la ciudad de Gálvez, en el que se hallaron al menos cuatro ancianos en pésimo estado de atención.

A menos de una semana de descubierto el abandono por el que atravesaban quienes se encontraban alojados en el hogar "María del Carmen" de calle Dorrego al 600, se conoció un informe que emitió el propio municipio, en el que cual reconoce que "desde el momento del inicio de la pandemia, no nos dejan ingresar al geriátrico, las auditorías se hacen en la vereda".

El documento, que consta en la carpeta judicial que llevan adelante los fiscales Marcelo Nessier y Francisco Cecchini, fue referido durante la audiencia de medidas cautelares en la cual María del Carmen Fernández (49) quedó privada de la libertad como presunta autora del delito de "abandono de persona agravado por el daño a la salud ocasionado a las víctimas".

Informe y marco legal

Aunque no lleva la firma del funcionario a cargo de la subsecretaría de Salud y Desarrollo Social, Leandro Primón -quien la semana pasada criticó a los medios por tergiversar la información ("los titulares, titulan mal", dijo)-, el informe municipal sincera una serie de falencias que se fueron advirtiendo desde el municipio, tanto durante la pandemia, como en los meses previos.

El escrito reseña que las inspecciones se encuadran en la ordenanza Nº 4174/15, la misma a la que hizo referencia el juez de Faltas municipal, Sergio Ledesma, en la citada conferencia. Allí se advierte que desde fines de 2019 a la fecha hubo varias intervenciones, entre las que cuentan dos "clausuras pasivas" por falta de personal idóneo.

Primero fue la falta de mejoras edilicias, así como de contratos profesionales, carnet de manipulación de alimentos, plan de evacuación y contingencia, por lo que se labró un acta el 26 de diciembre d 2019. Sin embargo, estas desatenciones fueron subsanadas en los primeros días de enero de 2020.

Con la pandemia

Luego, con la llegada de la pandemia, se informó que a partir de marzo de 2020 y hasta junio aproximadamente, la Subsecretaría de Desarrollo Social no realizó los controles habituales, aunque se mantuvieron comunicaciones por Whatsapp con los representantes de la institución.

No obstante, ante la noticia de que la médica que estaba a cargo de la atención de los internos había renunciado el 30 de julio, la autoridad intimó al geriátrico para que la reemplace inmediatamente, cosa que no sucedió hasta el 17 de septiembre, cuando la dueña contrató a otro profesional, con una clausura mediante impuesta el 14 de septiembre. Es decir que solamente allí, los ancianos estuvieron sin médico durante más de un mes y medio.

La tranquilidad y armonía que debe reinar en un hogar de ancianos no se extendió más allá del 3 de noviembre, cuando el municipio debió labrar una nueva acta, por irregularidades detectadas en una auditoría. En esta ocasión, ante la imposibilidad de verificar que la institución tuviera en práctica un protocolo serio para prevenir la enfermedad de Covid-19.

Sin médico

Entretanto, el 28 de diciembre de 2020, que es la fecha que toma la fiscalía para atribuir el delito de "abandono de persona" a la dueña, el asilo se vuelve a quedar sin médico de cabecera. Ésta vez, el profesional contratado comunicó su decisión a la municipalidad por Whatsapp, atribuida a la falta de pagos. La respuesta de la señora Fernández fue que haría cumplir el contrato hasta fines de enero de 2021, dado que el médico no renunció formalmente.

Un mes antes de que se presentara la denuncia penal que derivó en escándalo, hubo otro episodio que mereció una "clausura pasiva" del 13 de abril, que fue subsanado con la presentación de un nuevo médico, el tercero en menos de un año.

Y el último se produjo el 30 de abril, cuando el municipio le solicitó nuevo contrato con nutricionista que estaba vencido, el cual no fue regularizado hasta ahora.

Control a medias

El informe da la pauta de actuaciones sistemáticas, que si bien dan cuenta de la labor de control municipal, también se deduce que esta se realizó a medias o no fueron suficientes, dado que los puntos de clausura no subsanados con la premura del caso, pusieron en riesgo la vida de los adultos que allí habitaban.

Es por ello que tanto los fiscales Nessier y Cecchini, como la jueza Carrara, consideraron atinado investigar no sólo la responsabilidad de las autoridades de control; sino también el rol y las obligaciones atinentes a los médicos que en los distintos momentos firmaron contratos para asistir a los ancianos.

"Cabe aclarar que desde el momento del inicio de la pandemia, no nos dejan ingresar al geriátrico, las auditorías se hacen en la vereda", dijeron desde la Municipalidad de Gálvez.

Visitas

Fue la propia imputada, María del Carmen Fernández, quien como dueña del asilo echó culpas para afuera al decir que "los nonos se vinieron abajo por culpa de la Municipalidad, porque prohibieron las visitas de los familiares por el Covid". En la misma línea, su abogado defensor, el Dr. Juan Bautista Fossa responsabilizó a la Municipalidad, "porque si mi clienta no los dejó ingresar a inspeccionar, deberían haber arbitrado los medios para ingresar a controlar a los abuelos".

Denuncia y allanamiento

La denuncia radicada el jueves 13 de mayo en la comisaría 2da de Gálvez dio lugar a la apertura de una investigación penal, a cargo de la Fiscalía de Coronda, por el supuesto delito de "abandono de personas agravado" en perjuicio de al menos cuatro ancianos.

Esa misma jornada se realizó un allanamiento y se trasladó a los once adultos mayores que allí vivían, a otros centros de atención e incluso a casas de familiares. También fue detenida su titular, la cual quedó en prisión preventiva este lunes por la tarde.

Al término de la audiencia, el fiscal Nessier explicó que "la mujer investigada estaba a cargo de la residencia y tenía la obligación de cuidar a once ancianos que estaban allí". En tal sentido, manifestó que "con su accionar delictivo, causó graves daños en la salud de al menos cuatro octogenarias".

El funcionario del MPA hizo hincapié en que "las víctimas son incapaces de satisfacer sus necesidades básicas sin la asistencia de otra persona y pasaron meses en una situación de total desamparo".

El fiscal aseguró que "la imputada no les brindó a los ancianos la asistencia médica correspondiente, omitió higienizarlos de forma adecuada y les negó una alimentación acorde a sus requerimientos físicos". En tal sentido, "se constataron úlceras, escoriaciones y alteraciones por falta de movilización en diferentes partes del cuerpo de las víctimas, así como signos evidentes de desnutrición", sostuvo.