Aunque las autoridades aseguran que el objetivo de los controles es “cambiar hábitos que ponen en riesgo la vida”, la proyección estimativa de la recaudación por este concepto arroja una cifra más que interesante: a $ 500 cada multa -el valor mínimo-, el municipio estaría en condiciones de percibir $ 5.400.000, teniendo en cuenta sólo las infracciones registradas en los primeros 15 días de puesta en funcionamiento del sistema. O sea que, de mantenerse este nivel de contravención, en un mes tendría por cobrar más de 10 millones pesos. Esto si todos pagan; lo cual en la práctica no ocurre.
Diez millones de pesos es, prácticamente, lo que municipio estimó que costará restaurar el edificio del correo, por ejemplo.
De todos modos, del total, sólo a 5.060 conductores les cabría la mínima infracción porque superaron en menos de 20 km/h la velocidad máxima permitida, que en el caso de la costanera es de 50 km/h y en Aristóbulo del Valle es de 60 km/h. El resto deberá pagar como mínimo $ 800, pero los topes máximos llegan hasta $ 10 mil. Por lo que el cálculo de la posible recaudación es una mera estimación.


































