Las administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones advirtieron hoy que podrían demandar al Estado por la decisión de transferir compulsivamente los recursos del régimen de capitalización al sistema de reparto, en tanto que el Gobierno ya denunció a las AFJP por presunta administración fraudulenta.
El presidente de Profesión+Auge, Horacio López Santiso, recomendó a los afiliados al sistema de capitalización que se "dediquen a hacerle juicio" al Estado por determinar la trasferencia de los fondos de las AFJP a la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSeS), y no descartó que también las empresas y los inversores realicen sus propias demandas.
De esta manera, el ejecutivo rompió el silencio que hasta ahora mantenían las AFJP tras conocerse la intención del Gobierno de transferir la totalidad de los fondos del régimen de capitalización hacia el Estado.
"Los damnificados deberían dedicarse a hacer juicios", indicó López Santiso a radio América, al tiempo que aseguró que "no hay que soslayar la posibilidad de que las propias AFJP lo hagan también, así como quienes pusieron capitales en las administradoras".
Por su lado, el fiscal federal Guillermo Marijuan denunció hoy a las diez AFJP -incluida la estatal Nación- por presunta administración fraudulenta a raíz de la supuesta liquidación de bonos del Estado que habrían realizado en la víspera, se informó en los tribunales.
La denuncia de Marijuan -que también se desempeña como titular de la unidad fiscal del ANSeS- se basó en las informaciones periodísticas publicadas esta mañana por los diarios "Ambito Financiero" y "Página 12" sobre las consecuencias del plan oficial de reestatizar las AFJP. La presentación recayó en el juzgado federal de Claudio Bonadio.
Así, antes que se conozca el proyecto oficial que anunció la presidenta Cristina Fernández, y que girará al Congreso, ya comenzó la batalla judicial entre el Gobierno y las AFJP, lo cual pronostica que también habrá una dura pulseada en el Parlamento.
En este marco, el defensor del Pueblo de la Nación, Eduardo Mondino, se mostró de acuerdo con ir hacia un sistema de jubilaciones público, pero advirtió que "transferir esos fondos a la ANSeS, es como poner un zorro adentro de un gallinero". "La transferencia tiene que ser por consenso, con la participación de todos los ciudadanos que aportaron durante años. El Congreso debería establecer un mecanismo de control para fiscalizar y limitar el uso y el destino de esos fondos", indicó Mondino a DyN.
El ombudsman remarcó que "las AFJP demostraron ser ineficaces", pero subrayó: "No quiero que mis fondos los cuide (el titular de la ANSeS, Amado) Boudou, que con su discrecionalidad hará lo que le dé la gana".
En la misma línea, el defensor de la Tercera Edad, Eugenio Semino, sostuvo que es preciso ir a "un sistema de seguridad social público pero con un fuerte control social", y afirmó que el régimen de capitalización privada "fue un fracaso". "Los que están en el sistema privado aportaron 37 mil millones de dólares, y hoy hay 33 mil millones", remarcó Semino a radio América.
De todos modos, subrayó que un sistema jubilatorio público "requiere un código de la seguridad social, un pacto político institucional de todas las fuerzas políticas, y un fuerte conocimiento y consenso social".
Por su parte, el ex secretario de Finanzas Miguel Kiguel evaluó que la estatización del sistema jubilatorio "tiene su efecto positivo porque habrá mas fondos para pagar deuda", pero advirtió que "lo más preocupante es que se cambien las reglas de juego entre gallos y medianoche".
Kiguel consideró que el traspaso de los fondos del régimen de capitalización privado al sistema estatal de reparto "tiene un efecto positivo que es evitar el default", porque destacó que con esta decisión "el Gobierno tendrá mayores fondos para aplicar al pago de la deuda".
Sin embargo, el economista remarcó al canal Todo Noticias que "lo más preocupante de esta medida es que las reglas de juego se cambian de la noche a la mañana, sin un proceso de consulta importante", y subrayó: "Hoy son las AFJP y mañana ¿quién?".
En tanto, la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, insistió en denunciar que el propósito del Gobierno al anular las jubilaciones privadas es el de "saquear los fondos a jubilados" a fin de "pagar deuda o hacer caja para las elecciones del año que viene".
"Van por los fondos del sistema previsional y esto ha sido trágico en la historia argentina", dramatizó Carrió. Señaló a radio Mitre que "sacada de contexto, se puede evaluar como una iniciativa a tratar, pero en el actual contexto internacional y nacional que vivimos, es sólo para saquear fondos".
A modo de anticipo de lo que será la pulseada parlamentaria, el senador salteño Juan Carlos Romero acusó al Gobierno de pretender "quitarle el ahorro a los argentinos" con la eliminación la jubilación privada, decisión que consideró "peor que lo que hizo (Alvaro) Alsogaray "en la década del ’60" con la emisión de los "bonos patrióticos". Sostuvo el legislador del PJ que la administración nacional "está tratando de conseguir recursos ante la baja de los precios internacionales" y señaló que "el Gobierno va a vestir esto como si fuera una recuperación del patrimonio que no es otra cosa que quitarle el ahorro a los argentinos".
En tanto, la vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Patricia Vaca Narvaja, refutó hoy las críticas opositoras a la decisión de ponerle fin al sistema de jubilación privada y destacó que el Gobierno "cumple el rol que tiene el Estado de garantizar la seguridad social de los argentinos".
Sobre los cuestionamientos de dirigentes como Elisa Carrió, replicó que "están buscando excusas o argumentos en función de no querer reconocer que este sistema, producto de un paradigma que tenía que ver con que el mercado era el que resolvía todos los intereses y derechos de los ciudadanos, no es realmente la respuesta ni ha sido la respuesta adecuada para resolver esos intereses".
Por su lado, el diputado radical Alejandro Nieva sentenció que el Gobierno pretende "echar mano a los recursos" con la iniciativa, y aclaró que "siempre criticamos la reforma de los ’90 que impuso el sistema de capitalización". Pero consideró que "entonces, sería bueno discutir la transformación del régimen jubilatorio recuperando la vigencia plena del sistema solidario de reparto".
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