Autopista: duras críticas de la Asociación Anticorrupción

La Asociación Civil Anticorrupción “observa con preocupación crítica el concesionamiento directo a una UTE del corredor vial Santa Fe-Rosario, uno de los de mayor rendimiento económico del país, sin licitación ni concurso de precios”.

Por lo demás, “ésta es otra lamentable oportunidad en que se produce una adjudicación semejante, fuera de todo control de licitud”.

“La acción del gobierno merece el reparo por la inobservancia de la legalidad, por ineptitud de gestión o corrupción de las autoridades del área, que no previeron, o prefirieron ignorar, el vencimiento del convenio de concesión con Aufe”, la anterior concesionaria.

Agrega que el gobierno provincial “asumió con claras declaraciones -no sólo promesas, sino propuestas- sobre ‘acciones transparentes’ de gestión: la cuestión del Puerto de la Música, la falta de informes sobre el uso particular de autos oficiales, la contratación de aviones privados para viajes de la gobernación (existiendo un avión oficial de la provincia), la compra de mobiliario y aun automotores para usos privados de jerarcas de la API, entre otras, de lo que hemos alertado ya, con diversas acciones legales y nos originan dudas acerca de esa ‘transparencia’ ”.

Dice además la Asociación que convierte al organismo “inútil”, a la Oficina Estatal Anticorrupción que creara este gobierno, la cual carece de funcionamiento por falta de personal y no tiene posibilidades de realizar denuncias públicas sobre irregularidades.

Afirma que “suena a sorna que se alegue que el gobierno de la provincia no podía contratar a personal para hacerse cargo de la autopista, cuando han nombrado sin concurso previo a gran cantidad de funcionarios, con importantes sueldos y viáticos, creando estructuras paralelas a las ya existentes”.

Se impone -subraya la Asociación- un informe público sobre estas cuestiones, y un proceso de políticas públicas coherentes entre lo que se declama y se aplica.

El texto firmado por Hugo Miretti y Mario Pilo, director general y vicepresidente de la entidad, concluye: “Sea que se produzca la ‘corrección institucional’ del radicalismo o que ‘suene el escarmiento’ del peronismo, el gobierno provincial debe dar públicas satisfacciones y analizar si conviene la continuidad del ministro y demás funcionarios involucrados, dada la sospechosa falta de transparencia apuntada”.