Cecilia Pando generó indignación por su pedido a Milei de liberar militares para reprimir protestas sociales

Cecilia Pando, presidenta de la Asociación de Familiares y Amigos de Presos Políticos de Argentina (AFyAPPA) y antigua colaboradora de la candidata a vicepresidenta de La Libertad Avanza (LLA), Victoria Villarruel, recibió el repudio de organismos de Derechos Humanos tras pedir "una solución" para las fuerzas de seguridad y militares detenidos por haber cometido delitos de lesa humanidad al asegurar que las instituciones castrenses van a ser necesarias para "reestablecer el orden" durante el próximo gobierno.

"Urge solucionar este tema porque probablemente la Argentina que se viene va a tener que tomar medidas no gratas que traigan aparejadas un incremento de conflictividad social que tal vez requiera la participación de las fuerzas de seguridad y fuerzas armadas para restablecer el orden", aseveró Pando en un mensaje publicado en sus redes sociales.

Pando comenzó su mensaje dirigiéndose al "futuro candidato de la Nación" -aludiendo a Javier Milei, sin mencionarlo explícitamente- y le encomendó una "tarea ardua" que es "devolvernos el estado de derecho que perdimos años atrás con la llegada de Néstor Kirchner al poder".

Pando, que considera presos políticos a los militares que cometieron delitos de lesa humanidad durante la última dictadura, había contado en una entrevista su cercanía con Villarruel y había asegurado que fue la libertaria quién la "estimuló" a crear la agrupación AFyAPPA y fue quién la "llevó a la cárcel a conocer a presos políticos".

Para Pando, la participación de las fuerzas de seguridad y fuerzas armadas no va a ser posible "si no se resuelve el tema de las detenciones ilegales a aquellas personas que lucharon contra el terrorismo y que hoy se encuentran ilegalmente detenidas".

Los dichos de Pando se suman al repudio generalizado que provocaron ayer las declaraciones de la candidata a vicepresidenta de LLA, que había expresado el año pasado que los derechos humanos "son el arma principal para poner de rodillas a los Estados" y que el expresidente Raúl Alfonsín era "abogado de organizaciones terroristas".

Repudios

"Éramos pocos y apareció Pando. Me parece que eso yo lo empecé a decir en el primer debate, de que no hay un intento de reivindicación a las víctimas de las organizaciones armadas de la década del 70, sino que escondían una verdadera reivindicación de la dictadura militar, que pretendían que los militares condenados por delitos de lesa estuviesen libres. Eso ha quedado de manifiesto en declaraciones de Milei y de Villarruel", señaló al respecto el candidato a vicepresidente de Unión por la Patria (UxP), Agustín Rossi.

Por su parte, el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti, dijo a Télam: "Las declaraciones de Cecilia Pando están en sintonía con lo que viene diciendo desde hace tiempo Victoria Villarruel. Nos hace pensar en un país que por suerte ya no existe. Las políticas de derechos humanos se consolidaron y no son de un partido político, sino que son del Estado argentino", dijo a Télam

El funcionario recalcó que el Poder Judicial se expresó en materia de Derechos Humanos a través de sus condenas ratificadas a genocidas, el Poder legislativo a través de sus leyes contra la impunidad, y el Poder Ejecutivo con sus políticas de Estado consolidadas y todo ello muestra que "hay que seguir fortaleciendo y elevando los estándares en materia de Derechos Humanos".

En el mismo sentido se pronunció la senadora del Frente de Todos (FdT) Juliana Di Tullio, que reposteó en sus redes sociales el video de Pando y advirtió: "Dice que si Milei y Macri no liberan genocidas (si son gobierno, claro), cuando necesiten reprimir para aniquilar al pueblo argentino las fuerzas de seguridad no se van a animar porque van a tener miedo de ir presos".

También se expresó el director de Litigios del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Diego Morales, explicó: "Pando supone que la regla frente a reclamos sociales es la represión y a partir de esa suposición falsa define que las autoridades de la fuerza de seguridad 'no intervendrían' por temor a ser investigadas y sancionadas".