Daniel Sabsay: "Buscan garantizar la impunidad"

El prestigioso abogado constitucionalista Daniel Sabsay planteó críticas técnicas y políticas al proyecto de reforma judicial presentado por el presidente Alberto Fernández. Para sintetizar su idea, explicó: “Acá lo que se busca es garantizar la impunidad” de los ex funcionarios que enfrentan diversos procesos judiciales.

De acuerdo a su mirada, la iniciativa que será debatida en primera instancia en el Senado fue pensada para ampliar la Corte Suprema de Justicia. “El resto es bla, bla, bla”, graficó. Y esa intención -señaló- tiene un escollo imposible de sortear: es inconstitucional.

“El Poder Ejecutivo no puede interferir en la actividad judicial. El artículo 109 es categórico. El proyecto contempla la creación de una comisión que está integrada por dos grandes penalistas que defienden a la ex presidente Cristina Kirchner y al ex titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, que van a recomendar cómo debe ser la Corte y cuyas causas van a terminar seguramente en la Corte”, detalló, en una entrevista con Infobae.

Y se preguntó: “¿Si eso no es una presión, qué es? Imaginen si la Corte crea una comisión para reformar el Poder Ejecutivo. Sería un escándalo”.

Sabsay recordó que la vicepresidente Cristina Kirchner fue la autora de una “excelente ley” que promovió la reducción de 9 a 5 miembros de los integrantes de la Corte. Los argumentos de ese proyecto son una pieza jurídica que se estudia en las universidades. El presidente Alberto Fernández también se había expresado en público a favor de no alterar la actual composición del máximo tribunal. “Entonces ahora necesitan un consejo de sabios que digan: ‘No, miren, necesitan ampliarla’”, evaluó Sabsay.

Una cierta mirada

El especialista cuestionó que la comisión que elevará propuestas de reforma está integrada por juristas que tienen miradas ideológicas similares y el único fin de esa maniobra es beneficiar a la ex presidente Cristina Kirchner y a otros ex funcionarios cuando las causas en las que están imputados lleguen al máximo tribunal.

De avanzar esta idea, la Corte Suprema podría transformarse en una suerte de cuarta instancia en materia penal, una circunstancia que es “abundante y peligrosa”. “La Corte debería ser exclusivamente una instancia extraordinaria para revisar si se respetó el debido proceso, las garantías constitucionales y las libertades”, analizó.

Someter y controlar

El diputado Nacional Luis Petri aseguró que la reforma “es inconstitucional, nada tiene de transparente y confirma que busca someter y controlar a la Justicia”.

“El intento de control a la Justicia, a través del nombramiento de jueces amigos, es evidente cuando se desplaza a la Cámara Federal de Casación en la elaboración de la lista de jueces federales para subrogar en los Juzgados a crearse, y se designa a la Cámara Nacional que pertenece a otro fuero. La razón es que la Cámara Nacional es Justicia Legítima y es afín al Gobierno”, agregó.

“Van a colonizar la Justicia con jueces amigos elegidos mediante un procedimiento irregular de subrogancia, que van a decidir en procesos judiciales hasta sean nombrados los definitivos, que van a tardar más o menos 3 años”, completó.

No es la forma, ni la oportunidad

Francisco Funes*

El Poder Ejecutivo Nacional ha decidido convocar a un comité de expertos (más allá de la idoneidad de los nombres escogidos, de los once integrantes, ocho piensan parecido) para formar una comisión y elevar un dictamen indicativo de como habría de reformularse la Justicia federal y la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

La mujer del César debe serlo y parecerlo. Lo decimos porque en el momento cumbre de la pandemia y con funcionarios del gobierno federal y personas cercanas a él procesadas por temas de corrupción, parecería que toda la energía jurídica y política está puesta en aras de la impunidad.

Es verdad que, más allá de los nombres propuestos, se nos podrá decir que los “elegidos” son idóneos, prestigiosos y solventes y que el dictamen que elaborarán no es vinculante. Pero, para no ser tildados de ingenuos, no hay que olvidarse que, en lo que interesa, para la reforma de la Justicia federal no se necesita en las Cámaras del Congreso una mayoría agravada, sino simple.

Cambia el tema cuando se trata de modificar la cantidad de miembros de la Corte. Aquí sí se necesita una mayoría agravada. ¿Quién puede pensar bien de esta iniciativa planteada en estos momentos de flagelo Covid-19 en el que las prioridades son otras? ¿Es prudente intentar socavar el poder de la Corte y dejarla a “tiro de comisión”?

¿Por qué el gobierno no arma un foro de discusión pública en torno a esta idea o propuesta, en vez de una comisión de elegidos que, para peor, sería presidida por el abogado de la actual vicepresidenta... ¿No hay una flagrante incompatibilidad de intereses entre su actuación profesional y su rol de presidente de la mentada comisión proreforma?

Para aumentar el número de miembros de la Corte es necesario un procedimiento democrático amplio y un debate robusto, un acuerdo político extraordinario con todas las fuerzas políticas que genere un consenso unificado (o al menos de cierta homogeneidad) en torno a tan trascendentes temas.

Cuando se modificó la denominada Ley de Medios, se hicieron (con acierto) durante un largo período audiencias públicas y debates a lo largo y a lo ancho del país. Estos dos temas planteados, ¿no ameritan que, al menos y de manera inicial, se repita el proceso, que el debate y la discusión hagan decantar las ideas y propuestas, sobre todo en un país plagado de abogados? El proceso democrático, la democracia del diálogo se debe imponer de una vez, por ello y siendo coherentes es que, en los albores del kirchnerismo celebramos dos decretos como lo fueron los números 222/03 y 1172/03, que van en pos de la transparencia republicana.

A lo dicho se suma cierta actitud no procedente y que dinamita el sentido de independencia del poder judicial, por llamarla de alguna manera, en relación a remover a los actuales titulares de las jefaturas de los fiscales, para dejar paso a un tercero idóneo, pero afín al gobierno.

La reforma de la justicia federal, en particular y la ampliación del número de integrantes de la Corte Suprema y su forma de funcionamiento son temas importantes (sobre todo el primero) y se deberán afrontar en algún momento. Hoy, como lo acreditan las evidencias que son públicas y notorias, no es la oportunidad, ni la forma y actuar de esta manera solo genera suspicacias, en detrimento de todo el sistema judicial.

(*) Abogado