Agenda abierta y puertas cerradas para el ministro de Seguridad con los legisladores santafesinos

Los diputados Juan Cruz Cándido (UCR-Evolución), Ximena Sola (Pro-Juntos por el Cambio) y Lionella Cattallini (Socialista), así como los senadores Armando Traferri (PJ-Nes-San Lorenzo) y Miguel Rabbia (PJ-Lealtad-Rosario) recibieron en la mañana de este 5 de octubre al ministro de Seguridad de la Provincia de Santa Fe Rubén Rimoldi, junto a su equipo de funcionarios.

Por primera vez desde que comenzó la actual integración de las Cámaras la comisión bicameral de Seguridad recibió al titular del área, en una reunión que los legisladores y los funcionarios adelantaron que sería de agenda abierta, pero a puertas cerradas.

El comisario retirado que es la tercera apuesta del gobernador Omar Perotti en esa cartera, tras las gestiones de Marcelo Sain y Jorge Lagna. Rimoldi asumió el 10 de agosto pasado y lleva apenas un par de meses en el cargo, lo que fue destacado por los legisladores del oficialismo que participaron del encuentro. Los opositores, en cambio, sostienen que no se ha logrado torcer el rumbo de sus antecesores.

El propio ministro, tras las deliberaciones, dijo a los cronistas que su gestión es hasta ahora "muy buena" y que -como sus colaboradores- se esfuerza para que sea "buenísima". Admitió que la magnitud de los problemas a superar es enorme y que hoy las herramientas con que cuenta la Policía no son "las óptimas", sólo las suficientes. Sus colaboradores dijeron que hay mejores resultados en la ciudad de Santa Fe que en Rosario, respecto de la prevención frente a los delitos más comunes.

Buena parte del debate en la Legislatura sobre la Seguridad refiere a la Ley de Emergencia que le habilita al Ejecutivo procedimientos más veloces para proveerse de insumos necesarios para ese ministerio. En ese sentido, dijo que para que la ciudad de Rosario tenga el número ideal de patrulleros es necesario que se agreguen 50 a los 150 que recorren la ciudad del sur.

En la reunión con lo legisladores el funcionario explicó que hay en talleres unos 700 móviles policiales, entre automóviles y camionetas, que sencillamente están sin uso por la falta de repuestos que sufre el parque automotor argentino. Y que también las restricciones del gobierno nacional a las importaciones ha demorado la compra de equipos para controlar el ingreso a los penales. Les expresó que para contar con tecnología capaz de inhibir el funcionamiento de los teléfonos celulares que los presos tienen en las cárceles de Santa Fe se han firmado convenios con universidades locales para su desarrollo.

A la hora de ponerle un porcentaje a la ejecución de los fondos previstos por la Ley de Emergencia, Rimoldi sostuvo que se han ya "comprometido" en un 97%. Y ante una consulta ratificó que para su gestión se trata de una norma "muy útil" para la que pidió su renovación.

Aunque los periodistas no pudieron presenciar el debate, se sabe que el uso de los fondos producto de la Ley de Emergencia en Seguridad, las cifras de muertes violentas en los principales centros urbanos, la lucha contra el narcotráfico, la superpoblación carcelaria en penales y en comisarías (en especial en la ciudad de Santa Fe) y sobre todo las políticas para la prevención del delito y sus resultados fueron parte del temario.

Para los diputados de la oposición (ver aparte) lo central fue la falta de documentación sobre el uso de los recursos que ha previsto la norma de excepción, en conferencia de prensa dijeron que resta tener menos explicaciones verbales y más expedientes respecto de cómo se han gastado los fondos.

Junto a Rimolidi estuvieron el secretario de Gestión Institucional y Social de la Seguridad, José Córdoba Ríos; el secretario de Asuntos Penales y Penitenciarios, Walter Gálvez; el subsecretario de Políticas de Seguridad Pública, Edgardo Glavinich, el subsecretario de coordinación de Gabinete y Articulación Institucional Catalino Portillo, el director del Servicio Penitenciario Gabriel Leegstra, y el jefe de la Policía santafesina, comisario Miguel Oliva.

Puntual

Sin formular declaraciones a la prensa, Rimoldi ingresó antes de las 10 al Palacio Legislativo. Dos de sus funcionarios destacaron a los periodistas que no hay límites en el temario y adelantaron la predisposición a colaborar con información para los diputados y senadores.

Los secretarios Córdoba Ríos y Gálvez atendieron las consultas periodísticas antes de la reunión y anticiparon la total predisposición a mantener una agenda abierta con los legisladores por parte del equipo encabezado por el ex jefe policial.

Tras el encuentro, Rimoldi respondió las preguntas de la prensa y rechazó las acusaciones de los diputados provinciales Lionella Cattalini y Juan Cruz Cándido respecto de la subejecución de partidas.

La Ley de Emergencia en Seguridad estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2022 y en su articulado creó una comisión integrada por tres senadores y tres diputados, para seguir el proceso de ejecución en materia de políticas en seguridad y presupuestaria de las atribuciones otorgadas al Ministerio de Seguridad. El Poder Legislativo puede prorrogarla, pero para eso es necesario el acuerdo político de la oposición que tiene la mayoría en la Cámara de Diputados. Entre los 12 senadores del PJ, en cambio, hay disposición a extender ese plazo.

Cándido no ve por qué renovar la emergencia

El diputado provincial Juan Cruz Cándido opinó que hoy "no hay razones" para que la Provincia de Santa Fe extienda el plazo de vigencia de la Ley de Emergencia en Seguridad, al salir por unos minutos de una reunión con el ministro del área, Rubén Rimoldi, en la que se le preguntó al funcionario y su equipo sobre lo ya ejecutado en el marco de esa norma de excepción.

Ese marco legal le da al Poder Ejecutivo provincial mayores facultades que las ordinarias para contratar, licitar o requerir del ámbito privado bienes y servicios que favorezcan la lucha contra la inseguridad y el narcotráfico. Sin embargo, de acuerdo con las expresiones del legislador que integra la Comisión Bicameral de Seguridad lo realmente gastado de esos fondos es muy poco con respecto a lo autorizado.

Cándido subrayó que el ministro Rubén Rimolidi y su equipo no pudieron mostrar con la documentación respaldatoria necesaria que se haya avanzado en la adquisición del material necesario para proveer a la policía de herramientas. Dijo que los legisladores opositores pidieron al funcionario que en los próximos días informe con precisión sobre cómo se ha usado la ley de emergencia. Opinó que hubo una "subejecución inexplicable". Y agregó: "Es una constante de este gobierno, que tiene dificultades para gestionar para que la plata que está en los papeles esté en las realizaciones".

"Rimoldi argumenta dificultades en las compras, en la entrega de materiales, por el contexto del país. Pero convengamos que estas dificultades de Santa Fe no arrancaron con la crisis cambiaria producto de la renuncia de Martín Guzmán", sostuvo el legislador radical.