El gobierno de Santa Fe compra armas para el Servicio Penitenciario

El gobernador Maximiliano Pullaro firmó el decreto adjudicando a la firma Bersa SA la licitación para la compra de 300 pistolas semiautomáticas calibre 9 mm y 150 escopetas de repetición calibre 12/70 que fueron requeridas y serán destinadas al Servicio Penitenciario.

El importe de la operación es de $328.500.000, IVA incluido de acuerdo al decreto 2104 que además del gobernador lleva las firmas de los ministros de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, y de Economía, Pablo Olivares.

La de la firma Bersa, radicada en provincia de Buenos Aires, fue la única que quedó en la compulsa de precios ya que fue desestimada la presentación de la firma Punto de Impacto SA por no cumplir "con los requisitos fijados en la normativa y en el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y en las especificaciones técnicas", señala el decreto.

Renovación de armamento

"Es una inversión importante para renovar armamentos en el Servicio Penitenciario" le dijo Cococcioni a El Litoral, fuerza que utiliza armas especialmente escopetas en los principales penales de la provincia.

"La pistola es una muy buena arma y la escopeta es muy apta para la guardia de infantería antitumultos" explicó, a este diario, un experto en armas que además ponderó la calidad de la firma proveedora que, entre sus clientes, tiene fuerzas de seguridad de Estados Unidos.

En los considerandos de la adjudicación, se destaca que el Servicio Penitenciario solicitó la adquisición de 150 escopetas de repetición y 300 pistolas semiautomáticas, "fundándose en la necesidad de contar y disponer de dichos bienes para lograr un óptimo desempeño en las funciones asignadas al personal".

La operación se realizó en el marco de la vigente Ley N° 14.237 que dispuso el estado de emergencia en seguridad pública.

La subdirección General de Compras y Gestión de Bienes del Ministerio de Justicia y Seguridad instrumentó la convocatoria a la contratación directa habilitada por la emergencia. A la invitación a proveedores a realizar presupuestos se presentaron Bersa y Punto de Impacto. Una comisión técnica evaluadora se encargó de analizar las ofertas, certificó las pruebas de calidad realizadas a los elementos de seguridad solicitados así como a condiciones técnicas y razonabilidad de precios brindados por los oferentes.

Esa comisión es la que recomendó adjudicar a Bersa la licitación por el importe total de $328.500.000, IVA incluido, "por única oferta que continúa en la compulsa y resultar conveniente, ajustarse técnicamente a lo requerido en la solicitud de presupuesto y anexos, resultando su precio o su precio razonable según lo informado en el acta".

También en los considerandos se desestima la alternativa de Punto de Impacto SA por no cumplir "con los requisitos fijados en la normativa y en el pliego".

Prueba piloto

Por otra parte, Seguridad compró también a Bersa cien armas de baja letalidad como parte de una prueba piloto. Además de las Taser ya entregadas, adquirió lanzadoras Byrna, como parte de una prueba piloto. El objetivo es proporcionar a los agentes una opción intermedia entre el arma de fuego y la contención física.

Son 100 lanzadoras Byrna, (50 pistolas, 30 rifles y 20 rifles con tolva) que en días más le serán entregadas a la fuerza por el ministerio de Justicia y Seguridad.