Pullaro y Rondina expondrán la postura santafesina sobre Anses ante la Corte Suprema

Este miércoles, en dependencias de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la provincia de Santa Fe y la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) expondrán sus puntos de vista ante los alcances de un artículo del DNU 280 del año 2024 que cesó los giros mensuales automáticos del organismo previsional a Santa Fe para saldar en parte el déficit de la Caja de Jubilaciones y Pensiones.

La provincia de Santa Fe, en agosto del año pasado, presentó una medida cautelar ante la Corte para que el Gobierno Nacional restablezca los anticipos mensuales automáticos que hacía la Anses con la Caja de Jubilaciones de los estatales de Santa Fe. La Corte convocó a una audiencia de conciliación para este miércoles y si las partes no acuerdan, será el tribunal máximo el encargado de pronunciarse en las próximas semanas.

El gobernador Maximiliano Pullaro y el fiscal de estado, Domingo Rondina, serán las voces de la provincia en la audiencia, según pudo saber El Litoral. El gobernador llevando la postura política del planteo y Rondina la postura técnica. La delegación santafesina estará integrada además por el ministro de Economía, Pablo Olivares; el secretario de Seguridad Social, Jorge Boasso y por los ex gobernadores y actuales diputados provinciales Omar Perotti y Antonio Bonfatti.

Se señaló a El Litoral que este tipo de audiencia convoca por la Corte tiene mucho de informalidad y el propósito central es que las partes puedan conciliar posturas, expongan sus puntos de vista para, en caso de que no haya acuerdo, luego será la propia Corte la que deba pronunciarse en un lapso de semanas.

Santa Fe, a través de la vía judicial, cuestionó la constitucionalidad del artículo 18 del decreto 280/2024, que dispuso de manera "inconsulta e intempestiva" el cese de pagos a cuenta; y exige que se establezca una medida cautelar que reponga esas transferencias con las que Nación debe cumplir, por acuerdos que datan desde hace más de tres décadas entre el estado federal y las provincias que no transfirieron sus cajas previsionales.

En la década de 1990, Nación redujo el envío de recursos coparticipables a las provincias y a cambio se hizo cargo de cajas de jubilaciones provinciales. Hubo provincias, entre ellas Santa Fe, que no cedieron sus cajas, aunque de todos modos se vieron afectadas por la reducción presupuestaria. Los acuerdos firmados para equilibrar cuentas y compensar lo que las provincias perdían, establecieron que Nación cubriera los déficits de las cajas no transferidas.

Los recurrentes incumplimientos de Nación con Santa Fe terminaron judicializándose, y hay una deuda global con la Caja de Jubilaciones de Santa Fe que se estima en $ 1,3 billones de acuerdo a lo señalado por el propio Pullaro en su discurso de apertura del año legislativo el pasado 1 de mayo. En esa cifra se incluye lo que la Provincia dejó de percibir por pagos que desde 2020 Nación realizaba, pero bajo estimaciones de ejercicios anteriores, que por lo tanto iban desacoplados de valores actualizados.

A todo ese cuadro perjudicial para los intereses de Santa Fe, se sumó el decreto 280/2024 de la actual gestión nacional, que en su artículo 18 dejó sin efecto los artículos 92 y 93 de la ley de presupuesto 2023. Allí se establecía que Anses "transferirá antes del día 20 de cada mes a aquellas provincias que no transfirieron sus regímenes previsionales al Estado nacional, en concepto de anticipo a cuenta del resultado definitivo del déficit correspondiente a cada sistema previsional, un importe equivalente a una doceava parte del monto total del último déficit anual, provisorio o definitivo, conformado para cada una de ellas" y que cada anticipo mensual debe realizarse de acuerdo a "las variaciones en el índice de movilidad jubilatoria del Sistema Integrado Previsional Argentino (Sipa)".

"A los fines de cubrir el importe que el Gobierno Nacional debería realizar como anticipos por $ 69.884 millones de pesos, el Tesoro Provincial ha debido menguar las partidas disponibles para atender áreas críticas como Salud, Seguridad, Educación, entre otras", indicó en el recurso interpuesto ante la Corte en agosto de 2024.

A la hora de esa presentación, la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Santa Fe tenía 100.356 beneficiarios, de los cuales 76.425 son jubilaciones y 23.931 pensiones. Se incluyen allí todos los empleados estatales, desde policías, docentes, administrativos, a ex magistrados provinciales o ex ministros de la Corte provincial.

Al mes siguiente de la presentación, la Legislatura dictó la Ley N° 14283 que declaró la emergencia previsional por dos años y con la posibilidad de prorrogarlo por otro más "a instancia del Poder Ejecutivo Provincial si subsisten las condiciones de falta de sustentabilidad contempladas" para dictar la norma.