Acusaciones cruzadas y destino dispar para decenas de productores del Centro Experimental de Tacuarendí

Mediante un resolución fechada el 1 de octubre el Ministerio de Desarrollo Productivo de la provincia rescindió el convenio que databa diciembre de 1996 a través del cual la Asociación Cooperadora del Centro Operativo Experimental Tacuarendí -creada en 1983 en esta localidad de General Obligado- tenía la cesión de los campos denominados Los Paraísos, Grande, El Yacaré, Isla y el semillero experimental, y ordenó la “restitución inmediata” de esas extensiones rurales.

En los considerandos de la decisión, la cartera productiva argumentó que “el objeto por el cual se le cedió la tenencia de los predios rurales a la Asociación Cooperadora se ha desvirtuado", implicando un “desvío” en el cumplimiento de las funciones originarias, tales como la realización de trabajos de investigación, experimentación, transferencia de tecnología, multiplicación de materiales genéticos animales y vegetales, apoyo logístico y favorecer el desarrollo de la comunidad.

El Ministerio hizo constar que desde la Secretaría de Agricultura y Ganadería, mediante notificación fehaciente, se le solicitó a la entidad la cumplimentación de diversos requerimientos, tanto formales como productivos, en relación a ejercicios correspondientes a años anteriores, “de lo cual no se recepcionó (sic) respuesta alguna”.

En consecuencia, dispuso la entrega inmediata de los inmuebles mencionados al secretario de Agricultura y Ganadería, Ignacio Mántaras y al director provincial de Ganadería, Facundo Méndez, medida que cobró fuerza el mediodía del 9 de octubre.

En razón de la resolución gubernamental, la Cooperadora procedió al retiro de gran parte de los bienes muebles de su propiedad y cargó contra dos representantes del Ministerio de Desarrollo Productivo en el norte de Santa Fe.

“Innumerables agravios"

Puntualmente, la comisión directiva denunció haber recibido de parte del citado Méndez y de Facundo Ferraris -coordinador del Área Apícola- “innumerables agravios, actitudes autoritarias, acusaciones verbales, poniendo trabas en las gestiones, persuadiendo a los pastajeros a no firmar los contratos y no pagar el pastoreo; todo esto en el marco de reuniones convocadas y organizadas dentro de estas oficinas, entre el Ministerio y Comuna de Tacuarendí”.

Luego de dejar en claro la permanente predisposición "al diálogo, al consenso y al trabajo conjunto con el Ministerio”, en pos de buscar la mejor solución a los temas controversiales, los cooperativistas rechazaron los señalamientos por “incumplimientos y desvío del accionar" por parte de la Cooperadora, y los tacharon por “falsos”, ya que "se ha puesto a disposición y al servicio de controles de distintos organismos en nuestras oficinas toda la documentación probatoria correspondiente y actualizada”.

En cuanto al patrimonio, del orden de 500 millones de pesos entre maquinarias y hacienda en pie, Cremona indicó que “retiramos todo, no nos llevamos nada ajeno, no nos llevamos nada que no era nuestro".

Tras insistir con que "en ésta Asociación nunca tuvo conocimiento ni fuimos informados de alguna problemática, siempre se cumplieron con las funciones encomendadas, nunca se ha desviado el objeto de la cesión, ni se ha desvirtuado dicho objetivo, toda esa documentación está al día”, la dirigencia citó que en el acto de restitución y toma de posesión de los campos, “se le hizo saber al Dr. Mántaras que fueron mal asesorados por los representantes del Ministerio del norte provincial y/o que la información que llegó al Ministerio fue errónea".

Paralelamente, repudiaron “en todo sentido la exagerada, numerosa e innecesaria participación de un fuerte operativo policial, durante el acto de traspaso, el que contó con varios móviles oficiales y particulares", como así también la presencia de más de una decena de efectivos uniformados y civiles en las oficinas del COET, "la cual fue un insulto a nuestra historia pacífica y de diálogo”.

Auditoría

Ante la polémica suscitada, El Litoral consultó a Claudio Cremona, presidente de la Cooperadora que estaba a cargo del COET. “A nosotros nunca nos auditaron, nunca nosotros brindamos una información que ellos digan ‘sí, por este o tal motivo’; o sea, sin fundamentos ellos salen con la resolución, por eso decimos nosotros que es falso eso”, esgrimió.

En esa línea, contó que la cesión de los campos era a préstamo precario y título gratuito, o sea que “la Cooperadora históricamente nunca recibió fondos del Estado, nunca. ¿De qué subsistía cooperadora? Del préstamo este gratuito que nosotros cobrábamos un pastaje, digamos, a los pastajeros que estaban en el campo Ministerio, y también de la actividad como productor agropecuario que ejercíamos”.

En cuanto al patrimonio, del orden de 500 millones de pesos entre maquinarias y hacienda en pie, Cremona indicó que “retiramos todo, no nos llevamos nada ajeno, no nos llevamos nada que no era nuestro, simplemente juntamos todas las herramientas, hicimos un acta ante escribano público”.

Para Cremona, "a estos les pegó mal que nosotros les dijimos que no cuando ellos vinieron con una actitud patoteril y autoritaria a querer meter gente dentro de la comisión. Después, nosotros tuvimos una serie de manifestaciones verbales agraviantes hacia los cooperadores, porque al mismo Ferraris en una reunión de comisión directiva en marzo me dijo ‘ustedes son todos unos sinvergüenzas’; imaginate cómo reaccionó la comisión directiva cuando escuchó eso”.

Suman más de 7.000 las hectáreas de los campos que estaban cedidos a la Asociación Cooperadora del Centro Operativo Experimental Tacuarendí, con cerca de 90 asociados de pequeña escala que las arrendaban. Los contratos que habitualmente se confeccionaban por el término de tres años, en la nueva gestión redujeron el lapso de tiempo a un año, con lo cual a principios de 2025 estarían venciendo, de acuerdo al dato suministrado. Esa realidad incierta mantiene en alerta a los productores, que adelantaron que en caso de no llegar a un nuevo acuerdo sacarían el ganado vacuno a las banquinas de la Ruta 11. En la Cooperadora, que administró el COET hasta este mes, mantienen cierto moderado optimismo en que la auditoría pedida sobre sus acciones corrobore la ausencia de irregularidades y que pueda restablecerse el convenio marco.

“Palos en la rueda”

“Estoy contento de que hayamos corrido y borrado del mapa a toda esta comisión que tenía prácticas casi mafiosas", disparó Facundo Ferraris, representante del gobierno provincial para los centros operativos de Las Gamas y Tacuarendí. El funcionario dijo tener “una mezcla de sentimientos”, porque por otro lado “estoy muy enojado porque nos hicieron perder un año entero de gestión política. Nos pusieron todos los palos en la rueda hasta el último día y es increíble que tengamos que discutir esto”, que tengamos que “hablar de esta gente que tiene prácticas institucionales que rozan lo mafioso".

“De ahora en más, en vez de la Cooperadora, vamos a trabajar con la Fundación Las Gamas. Estamos intentando ver de qué manera continuamos con las actividades productivas porque han desmantelado el campo, se llevaron los maquinarias, todo”. Ing. Facundo Ferraris, representante del gobierno provincial las los centros operativos de Las Gamas y Tacuarendí.

Entrevistado por este medio para que diera el parecer oficial sobre la cuestión, el integrante del Ministerio de Desarrollo Productivo situó que “esto comienza cuando asumimos la gestión, que la orden del Ministerio o la idea de esta gestión era poder conducir directamente los destinos de los centros operativos experimentales, tanto en Las Gamas como en Tacuarendí, sin intermediarios ad honorem”.

En el caso de Las Gamas se resolvió por decreto. Para el caso de Tacuarendí, existe un estatuto del año '83 que estipula que los únicos que pueden ser comisión directiva de la Cooperadora son los socios. En enero, “cuando tuvimos una de las primeras reuniones con la Cooperadora, yo llevé seis avales”, recordó Ferraris, que “eran justamente de personas de las instituciones que tienen que ver con la producción agropecuaria como el INTA, la Universidad Nacional del Litoral, la Sociedad Rural de Reconquista, etcétera”.

Pero, recordó que en la reunión los cooperativistas le manifestaron que “no nos iban a firmar los avales porque ellos no iban a permitir que nosotros manejemos como quisiéramos la Cooperadora. Les pregunté el porqué y me dijeron en ese momento que ellos estuvieron desde hace 40 años, están ahora y van a seguir estando en el futuro mientras que esta gestión se va a terminar en cuatro años. A continuación me dijeron que había que pagar derecho de piso. Lo repitieron tres veces en esa reunión. ‘La provincia tiene que pagar derecho de piso’, me dijeron".

Yo entonces les expresé qué “'me parece que ustedes le quieren jugar una pulseada a la provincia y fíjense porque me parece que no la van a ganar'. Y lo segundo que les dije antes de irme fue que se hagan responsables de sus acciones, porque no medir las consecuencias de sus acciones es creerse impune. Desde ese momento, ya por enero, prácticamente cortamos relaciones de comunicación”.

- ¿Y de ahí en más que pasó?

- De ahí en más se negaron a darme los resúmenes del banco y a comunicarme de qué manera iban a resolver la deuda que había con los pastajeros, que hasta enero de este año era de 25 millones de pesos. Tampoco me supieron argumentar porqué había un estudio jurídico que cobraba el 8 % de cada peso que llegaba en concepto de alquiler de los campos de isla. Supuestamente había un abogado que estaba para cobrar a los que no querían pagar. Pero ellos le daban el 8 % de todo lo que ingresaba, sea voluntario o sea a través de una gestión judicial. Si sos pastajero y pagás en tiempo y forma, bueno, el 8 % va para el abogado, sin hacer nada.

- ¿Qué va a pasar con los productores (pastajeros) que están en los campos?

- Ahí hay dos cosas para recalcar. Primero, es que de las 7.800 hectáreas que tiene el Centro Operativo Experimental Tacuarendí, son 700 hectáreas de campos de altura, digamos campos de continente, y hay unas 7.000 que son de campos de isla. En los campos de isla, la idea es que los pastajeros sigan ocupando esa isla y nosotros lo que queremos es regularizar la situación. Porque les mandé a pedir el acta de vacunación y nunca fue entregado. Entonces, como provincia, yo no sé qué cantidad de animales hay y si se cumplen con los estándares mínimos de la Autoridad Sanitaria Nacional. Eso se va a regularizar, pero lo más probable es que los pasajeros que están ahí sigan ahí.

Ferraris sostuvo que había acordado con la comisión directiva la construcción de un corral para toros, pero que “eso no se cumplió”.

Eso por un lado. Después, en otro campo de altura, que son de 400 hectáreas, yo me reuní con los 15 pastajeros que están ocupando ese campo, que tampoco presentaron ninguna documentación, que ese campo presenta un escaso nivel de apotreramiento y de infraestructura instalada, que ese campo está sobrepastoreado y estamos degradando un recurso, y que no hay mayores controles. La última vez que se hizo un conteo, en ese campo había 600 animales. O sea, 600 animales en un campo de 400 hectáreas. Yo con esos pastajeros me reuní allá por el mes de junio, finales de junio, y les comuniqué que la idea de la provincia era darle otro destino a ese campo, y que, por lo tanto, ellos iban a tener que irse de ese lugar. En 400 hectáreas nosotros vamos a pedir que desalojen ese campo porque tenemos otra proyección de lo que tenemos que hacer.

- Los cooperadores denunciaron un comunicado que fueron maltratados por usted y por el funcionario Méndez, con agravios, con acusaciones. ¿Qué tiene para decir sobre eso?

- Primero es que yo no estoy en política desde ayer y sé muy bien que las palabras que digo como funcionario tienen, digamos, su eco. Y yo sí pienso en las consecuencias de mis actos. Entonces, yo me dirigí a ellos de manera firme, pero siempre en el marco del respeto. Yo jamás le falté el respeto a nadie ahí adentro. Ahora, sí le escribí un mensaje, que lo deben tener guardado, que te lo pueden mostrar en un grupo de WhatsApp, donde yo muy enojado y de buena forma les pedía que me manden el acta de la reunión en la que tuvimos el desencuentro. Después de ese mensaje me eliminaron del grupo de WhatsApp de la Cooperadora. O sea, eliminaron al representante del gobierno de la provincia. Ahí estás demostrando que no querés tener un veedor de la provincia como lo estipula el decreto por el cual se les cede las tierras. En una de las reuniones a las que fui, la echaron a la Secretaria de Producción de la Comuna de Tacuarendí, porque ella, al no ser de la cooperadora, no podía presenciar la reunión, así que la echaron delante mío.