Comenzó el "histórico" juicio a los policías del Comando de la Costa

Comenzó el "histórico" juicio a dos policías del Comando Radioeléctrico de la Costa. Se trata del "primer juicio oral por hechos de tortura en la Provincia de Santa Fe", tal como lo señaló la fiscalía al momento de comenzar sus alegatos.

Desde sus inicios en 2017 la investigación está en manos de los fiscales de la Unidad Especial de Delitos Complejos, Mariela Jiménez y Ezequiel Hernández. Con cinco condenados y un acuerdo de juicio abreviado admitido, sólo dos de los ocho policías imputados en la causa están sentados en el banquillo de los acusados. Se trata de Ariel Alejandro Sanabria (44) y Exequiel Maximiliano Mendicino (34), quienes se enfrentan a posibles penas de 18 y 12 años respectivamente.

El tribunal designado está compuesto por los jueces Susana Luna -presidenta-, Rodolfo Mingarini y Pablo Ruiz Staiger, quienes darán a conocer su veredicto el lunes 22 de febrero. Los abogados particulares Sebastián Oroño -por Sanabria- y Jorge Questa -por Mendicino- sostienen la inocencia de sus defendidos y esperan una absolución.

Por su parte, una de las víctimas se constituyó como querellante y es representada por las Dras. Laura Gerard y Vivian Galeano, del Centro de Asistencia Judicial (CAJ), que apoyan el pedido de pena de la fiscalía.

Violencia institucional

A lo largo del debate "van a conocer las historias y padecimientos de gran cantidad de vecinos de La Guardia, Colastiné, Rincón y Arroyo Leyes", indicó el fiscal Hernández, "cuyas vidas se vieron afectadas por los hechos de los que fueron víctimas". También, "conocerán la forma en la que actuaba este verdadero grupo de tareas que era el Comando de la Costa durante 2017".

"Los acusados conjuntamente entraban a las casas que querían, golpeaban a cuanta persona encontraban en su camino y se llevaban lo que se les antojaba" y "la faena concluía fraguando el procedimiento policial", el acta. Las víctimas seleccionadas eran personas en "múltiples condiciones de vulnerabilidad", entre ellas niñas, adolescentes y con discapacidades.

Durante sus alegatos la fiscalía resaltó que el Estado argentino ya ha sido condenado internacionalmente por castigar este tipo de delitos con penas y calificaciones menores a las que realmente corresponden, y aseguró que "en cambio, esta vez el Estado santafesino actuará conforme a los estándares internacionales y punirá apropiadamente estos hechos de violencia institucional".

Para "mantener la paz"

A su turno el defensor Sebastián Oroño planteó que su pupilo, Ariel Sanabria, está siendo juzgado "por haber actuado en cumplimiento de sus deberes, por haber ejercido correctamente sus funciones".

"Junto a otros compañeros se dedicaba a mantener la paz en la zona costera de Santa Fe", y gran parte de ello consistía en "prevenir y perseguir el delito", y fue en esas circunstancias que intervino en los procedimientos llevados a juicio. En el debate se acreditará que estos "fueron realizados de manera legítima", puntualizó.

También señaló que la pena pretendida por la acusación es "desproporcionada y arbitraria", ya que han acordado diversos juicios abreviados con quienes eran coimputados de su defendido "por penas 10 años menores", y solicitó la absolución de Sanabria.

En la misma línea estuvieron los alegatos del abogado de Mendicino, Jorge Questa, que además planteó que durante el debate pretende "analizar el proceso en sí mismo", aquejando que hubo un "incumplimiento de las diversas normas procesales".

Derechos humanos

El tribunal "tendrá la responsabilidad de juzgar el accionar de dos funcionarios policiales que, en plena vigencia de un estado democrático y de derecho, atentaron contra la libertad y dignidad de personas empleando prácticas y métodos que probablemente les recuerden a una historia pasada de nuestro país", manifestó la querella.

Representan a una mujer que en octubre de 2017 fue maltratada hasta tal punto por los funcionarios que perdió un embarazo, y que hasta el día de hoy padece las consecuencias de la violencia física y psicológica.

Para las abogadas del CAJ "en este debate se presenta la oportunidad de visibilizar una problemática que excede a los aquí acusados", que se encuentra enraizada en algunos sectores de las fuerzas de seguridad.

Además, expusieron que las víctimas tienen la necesidad de que se sancionen estos comportamientos "por lo que realmente son: graves violaciones a los derechos humanos".

Los "compañeros" del Comando

En el marco de la causa judicial se investigaron más de 60 delitos cometidos por ocho miembros del Comando Radioeléctrico de la Costa. Por esto, cinco policías fueron condenados a través de juicios abreviados: la subcomisaria Nadia Lucrecia Soperez recibió una pena de 8 años y 6 meses, mientras que Claudio Javier Núñez y Juan Emilio Torres fueron sentenciados a 8 y 5 años de prisión respectivamente. Claudio Cerf y Gabriela Cerf fueron penados a 3 años de cumplimiento condicional. Luis Exequiel Gómez, quien iba a ser juzgado en el debate, firmó un acuerdo de juicio abreviado que contempla una pena de 8 años de prisión, y que fue admitido los días previos al comienzo del juicio.