Condenaron a la dueña del geriátrico de Gálvez por "abandono de persona agravado"

La titular del geriátrico "María del Carmen", de Gálvez, fue condenada este miércoles por el abandono de persona agravado de cuatro ancianas residentes de la institución. Desde la fiscalía señalaron que se continúa investigando la posible responsabilidad de un médico y que, desde lo legal, la Municipalidad "cumplió" con las auditorías.

La denuncia de una ex empleada del lugar en mayo de este año dio inicio a la investigación del fiscal Marcelo Nessier, quien ordenó inmediatamente el allanamiento del geriátrico ubicado sobre calle Dorrego al 661, donde se encontraron con 11 ancianos en pésimas condiciones. Desnutrición, falta de higiene, escasa atención médica -y rehabilitación- se evidenciaba en los residentes, que presentaban úlceras, gangrena, y hasta deformidad fija en los pies por falta de movilización.

Este miércoles, a seis meses de la detención de María del Carmen Férnandez (49) y la posterior clausura de su geriátrico, la mujer firmó un acuerdo de juicio abreviado ante el juez Octavio Silva. El escrito, que cuenta también con las firmas del fiscal Nessier y el defensor Juan Bautista Fossa, contempla la pena de 3 años de prisión de cumplimiento efectivo por el delito de "abandono de persona agravado por el daño a la salud de las víctimas", así como la realización de tareas comunitarias en el Samco de Gálvez a modo de "reparación" a la sociedad.

"Estado deplorable"

Puntualmente, Fernández aceptó su responsabilidad tras "haber puesto en peligro la vida y la salud" de las cuatro ancianas (de entre 83 y 89 años) que tenía a su cuidado, al no brindarles la asistencia médica y nutricional adecuada. Esto, en el período comprendido entre el 28 de diciembre de 2020 y el 13 de mayo de 2021.

Era tal la situación de abandono en la que estaban las víctimas, así como el resto de los residentes, que una empleada del geriátrico decidió renunciar y luego acudir a la policía. Ante los uniformados, señaló que era "deplorable el estado de los ancianos en general", que "el inmueble cuenta solo con agua fría, los elementos de limpieza escasean -y- la alimentación es mala".

De hecho, el desayuno de los abuelos consistía en "una rodaja de pan y mate cocido, nada más", y en todas las comidas "las porciones eran pequeñas y los ancianos no podían repetir. Muchas veces los nonos me decían que se quedaban con hambre". La mujer manifestó que en varias ocasiones habló con la dueña, pero que "la situación no mejoró".

Tras la detención de María del Carmen Fernández, se entrevistó a empleadas y ex empleadas del geriátrico. Una de ellas mencionó que la titular "no dejaba que los higienicemos todos los días" y que los abuelos "no recibían las atenciones médicas" correspondientes. Otra agregó que sólo se los bañaba los martes y los viernes.

Falencias

Este miércoles, la dueña del asilo fue condenada a la pena de 3 años de prisión en firme, por lo que seguirá tras las rejas. Si bien no tiene antecedentes, y el delito imputado tiene un mínimo de pena de 2 años (lo que significaría un cumplimiento condicional) la fiscalía consideró "justo y razonable" el monto establecido. Además, según el juicio abreviado, cuando recupere su libertad Fernández deberá realizar tareas comunitarias en el Samco de Gálvez durante 6 meses.

La investigación continúa en torno a un médico contratado por Fernández, y la responsabilidad legal que podría caberle.

En cuanto a la Municipalidad, encargada de controlar que el geriátrico funcionara como corresponde, el fiscal Nessier señaló que "desde lo legal no habría responsabilidad". Es decir que formalmente se "cumplió" con las auditorías, a pesar de que las realizaron desde la vereda porque -según lo señalado oportunamente por el municipio- "desde el momento del inicio de la pandemia, no nos dejan ingresar al geriátrico".

Luego de que 'explotó' la noticia del mal estado de los ancianos, la Municipalidad emitió un informe en el que detalló una serie de falencias que se fueron advirtiendo en el establecimiento, tanto durante la pandemia como en los meses previos. En el mismo también indicó que desde fines de 2019 a mayo de 2021 hubo varias intervenciones, entre ellas, dos "clausuras pasivas" por falta de personal idóneo.

El Código Procesal Penal de Santa Fe estipula en su artículo 169 que "cuando para el cumplimiento de sus funciones o por razones de higiene (...) alguna autoridad nacional, provincial, municipal o comunal competente necesite practicar registros domiciliarios, solicitará directamente al tribunal autorización de allanamiento". Es decir, que desde la Municipalidad podrían haber solicitado el ingreso al geriátrico sin la necesidad de que interviniera primero el fuero penal.